La pormenorizada reconstrucción de la represión ha sido uno de los aspectos más notables de la reciente explosión historiográfica española. Esta tarea esencial se ha visto dificultada por la destrucción unilateral de material archivístico.
Si los franquistas no se sentían incómodos con sus acciones en el exterior y el interior, ¿por qué eliminaban las pruebas? Después de todo, los archivos que documentaban los crímenes, reales o imaginados, de la República fueron cuidadosamente reunidos y perviven al día de hoy.
En el año 1965 los franquistas empezaron a pensar lo impensable: que el Caudillo no era inmortal y que había que hacer preparativos para el futuro. En el año 1985 el gobierno español empezó a tomar algunas medidas, con retraso y vacilaciones, para proteger los recursos archivísticos de la nación.
Entre las pérdidas de aquellos decisivos veinte años figuran los archivos de la Falange, con los expedientes personales de cientos de miles de sus afiliados. Los archivos de las jefaturas de policía provinciales, de las cárceles y de la principal autoridad local del franquismo, los gobernadores civiles, también desaparecieron.
Convoyes enteros de camiones se llevaron los documentos «judiciales» de la represión. Además de la deliberada destrucción de archivos, se produjeron también pérdidas «involuntarias» cuando algunos ayuntamientos vendieron al peso sus archivos como papel para su reciclado. La consecuencia es que resulta imposible la reconstrucción completa a escala nacional del coste humano del golpe militar de 1936.
Paul Preston «Franco’
