Si compras un libro físico, puedes venderlo a otra persona después, esa es la base del mercado de libros de segunda mano, y es algo que la gente ha dado por sentado durante generaciones. Entonces, ¿puedes hacer lo mismo con los libros electrónicos? No, según el más alto tribunal europeo, que emitió un fallo que podría tener implicaciones no sólo para la industria del libro, sino también para los sectores del cine digital, los juegos y la música.
En la sentencia Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers (C-263/18), dictada el 19 de diciembre de 2019, la Gran Sala del Tribunal dictaminó que la puesta a disposición del público mediante la descarga, para su uso permanente, de un libro electrónico está comprendida en el concepto de “comunicación al público” en el sentido de la Directiva 2001/29 sobre el derecho de autor.
Nederlands Uitgeversverbond (“NUV”) y Groep Algemene Uitgevers (“GAU”), dos asociaciones cuya finalidad es defender los intereses de los editores neerlandeses, solicitaron al Tribunal de Distrito de La Haya, Países Bajos un mandamiento judicial por el que se prohibía, entre otras cosas, que Tom Kabinet pusiera libros electrónicos a disposición de los miembros del “club de lectura” creado por esa empresa en su sitio web o que reprodujera esos libros. NUV y GAU afirman que esas actividades infringen los derechos de autor de sus afiliados sobre esos libros electrónicos. Sostienen que, al ofrecer libros electrónicos “de segunda mano” a la venta en el contexto de ese club de lectura, Tom Kabinet está haciendo una comunicación no autorizada de esos libros al público. No obstante, Tom Kabinet sostiene que esas actividades están amparadas por el derecho de distribución que, en virtud de la Directiva 2001/29, está sujeto a una norma de agotamiento si el objeto en cuestión -en este caso, los libros electrónicos- ha sido vendido en la Unión Europea por el titular del derecho o con su consentimiento. Esta norma significaría que, como consecuencia de la venta de los libros electrónicos en cuestión, NUV y GAU ya no tendrían el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución de esos libros electrónicos al público.
El Tribunal consideró que el suministro mediante descarga, para uso permanente, de un libro electrónico no está comprendido en el derecho de “distribución al público” previsto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, pero sí en el derecho de “comunicación al público” previsto en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, en cuyo caso se excluye el agotamiento en virtud del apartado 3 de dicho artículo.
En apoyo de esta constatación, el Tribunal concluyó, en particular, a partir del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Derecho de Autor en el que se basa dicha Directiva, y de los trabajos preparatorios de la Directiva, que el legislador comunitario había previsto que dicha norma de agotamiento se reservara a la distribución de objetos materiales, como los libros en un soporte material. En cambio, la aplicación de esa norma de agotamiento a los libros electrónicos podría afectar a los intereses de los titulares de derechos en obtener una recompensa adecuada mucho más que en el caso de los libros en un soporte material, ya que las copias digitales desmaterializadas de los libros electrónicos no se deterioran con el uso y, por lo tanto, son sustitutos perfectos de las copias nuevas en cualquier mercado de segunda mano.
En lo que respecta más concretamente al concepto de “comunicación al público”, el Tribunal indicó que debe entenderse en un sentido amplio que abarca toda comunicación al público no presente en el lugar donde se origina la comunicación y, por lo tanto, toda transmisión o retransmisión de este tipo de una obra al público por medios alámbricos o inalámbricos. Este concepto implica dos criterios acumulativos, a saber, el acto de comunicación de una obra y la comunicación de esa obra al público.
En cuanto al primer criterio, de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva 2001/29 se desprende que “el acto crítico es la “puesta a disposición del público de la obra”, es decir, el ofrecimiento [de] una obra en un sitio accesible al público, que precede a la etapa de su “transmisión a la carta” efectiva”, y que “no es relevante si una persona la ha recuperado efectivamente o no”. Así pues, según el Tribunal, la puesta a disposición de las obras en cuestión a cualquier persona que esté registrada en el sitio web del club de lectura debe considerarse una “comunicación” de una obra, independientemente de que la persona interesada aproveche esa oportunidad recuperando realmente el libro electrónico de ese sitio web.
En lo que respecta al segundo criterio, hay que tener en cuenta no sólo el número de personas que pueden acceder a la misma obra al mismo tiempo, sino también cuántas de ellas pueden acceder a ella sucesivamente. En el presente caso, según el Tribunal, el número de personas que pueden acceder, al mismo tiempo o sucesivamente, a la misma obra a través de la plataforma del club de lectura es considerable. Por consiguiente, a reserva de la verificación por el tribunal remitente teniendo en cuenta toda la información pertinente, debe considerarse que la obra en cuestión se ha comunicado al público.
El Tribunal también sostuvo que, para que pueda calificarse de comunicación al público, una obra protegida debe comunicarse por medios técnicos específicos, diferentes de los utilizados anteriormente o, en su defecto, a un nuevo público, es decir, a un público que no haya sido tenido ya en cuenta por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial de su obra al público.
