Jensen, Kelly. (18 de septiembre de 2026). “We Need To Tell The Story”: Literary Advocates Nationwide Reflect On Five Years of Relentless Attacks on the Freedom to Read. Book Riot. https://bookriot.com/book-censorship-5-year-report
Se presenta un balance de cinco años de censura de libros en Estados Unidos, desde el inicio de una nueva oleada de prohibiciones en 2021 hasta mediados de 2026. El informe, elaborado de manera colaborativa por Book Riot, la Oficina para la Libertad Intelectual de la American Library Association (ALA) y el Florida Freedom to Read Project, recoge experiencias de organizaciones, bibliotecarios, autores, educadores y activistas comprometidos con la defensa del derecho a leer. Su objetivo es analizar la evolución de la censura, identificar sus principales tendencias y mostrar tanto los obstáculos como los logros de quienes trabajan para garantizar el acceso libre a la información y a la cultura.
La oleada actual comenzó a adquirir fuerza en la primavera de 2021 y se consolidó durante el otoño de ese año. Uno de los episodios que el artículo identifica como punto de inflexión tuvo lugar en septiembre de 2021, durante una reunión del consejo escolar del condado de Fairfax, en Virginia. Allí se leyó públicamente contenido de las novelas gráficas Gender Queer, de Maia Kobabe, y Lawn Boy, de Jonathan Evison. Las intervenciones se grabaron y difundieron ampliamente en las redes sociales, convirtiéndose en un modelo para posteriores campañas. A partir de entonces, las reclamaciones dejaron de aparecer como incidentes aislados y comenzaron a reproducirse de manera coordinada en distintos distritos escolares. El informe menciona organizaciones como Moms for Liberty y No Left Turn in Education, que promovieron campañas contra determinados títulos y defendieron cambios legislativos sobre los contenidos disponibles en las escuelas.
Las cifras nacionales muestran la dimensión alcanzada por el fenómeno. Según la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA, en 2025 se registraron 5.668 libros prohibidos y otros 920 sometidos a restricciones de acceso por medidas como su traslado a secciones especiales o la exigencia de autorización parental. El artículo señala que se trata de máximos históricos tanto en el número de títulos censurados en un solo año como en la proporción de impugnaciones que terminaron en censura desde que comenzó el seguimiento de la ALA, en 1990. Por su parte, PEN America registró 4.235 títulos cuestionados durante 2025: el 44 % incluía personajes o personas racializadas y el 39 % representaba experiencias de personas o personajes LGBTQ+. Estas cifras corresponden a indicadores distintos —prohibiciones y restricciones en un caso, títulos cuestionados en el otro—, por lo que no deben sumarse ni interpretarse como si midieran exactamente lo mismo.
Uno de los cambios más importantes es quién impulsa las reclamaciones. Según los datos de la ALA recogidos en el informe, el 92 % de las impugnaciones de 2025 procedieron de grupos de presión, cargos electos, administradores, juntas directivas u otros responsables institucionales, mientras que menos del 3 % se originaron en familias individuales. La autora interpreta este desplazamiento como una transformación de la censura: de las quejas particulares se ha pasado a campañas organizadas con capacidad para influir en las políticas públicas. Además, las restricciones ya no afectan únicamente a novelas juveniles o libros ilustrados. También se dirigen contra obras de historia, biografías, libros de consulta y publicaciones científicas, con el consiguiente riesgo de limitar el acceso de los estudiantes a información contrastada sobre la sociedad, la diversidad y el pasado.
El informe también identifica la llamada censura preventiva o silenciosa. En ocasiones, las obras desaparecen de las estanterías sin una reclamación formal, porque las instituciones temen litigios, sanciones, pérdidas de financiación o conflictos con las autoridades educativas. Algunas administraciones han introducido sistemas de clasificación de libros y procedimientos de revisión que obligan a los centros a evaluar grandes cantidades de títulos. El artículo menciona, además, sistemas privados como BookLooks, promovido por personas vinculadas a Moms for Liberty, y advierte de que el temor a las consecuencias legales puede convertirse en una oportunidad comercial para quienes venden herramientas de clasificación y evaluación de contenidos. El resultado es que la selección profesional de las colecciones puede quedar subordinada a criterios ideológicos o a interpretaciones excesivamente restrictivas de la legislación.
En el ámbito federal, la controversia ha llegado al Congreso y a los tribunales. En 2023, el Senado celebró una audiencia sobre la prohibición de libros. El informe también señala que, durante 2025, el sistema educativo del Departamento de Defensa estadounidense retiró cerca de 600 títulos de sus escuelas. Asimismo, menciona el proyecto de ley federal H.R. 7661, orientado a restringir el acceso de menores a determinados materiales considerados de carácter sexual y que, según el artículo, había superado la fase de comisión y podía ser debatido por el pleno de la Cámara de Representantes. La preocupación de las organizaciones defensoras de la libertad de lectura es que la financiación educativa federal se utilice para imponer restricciones de contenido a las escuelas de todo el país.
Casos concretos en distintos estados
Arkansas: retirada de libros y presión sobre los profesionales. El informe reconstruye cómo una controversia local sobre materiales LGBTQ+ se convirtió en un conflicto estatal. En octubre de 2022 se presentó una petición para retirar la financiación a la biblioteca de Jonesboro por una exposición del Orgullo que se había realizado en 2021. Posteriormente, la junta de la biblioteca del condado de Crawford exigió trasladar libros LGBTQ+ a una sección separada, y su directora, Deidre Grzymala, dimitió en febrero de 2023 tras las presiones recibidas. En el condado de Saline, la directora Patty Hector fue despedida en octubre de 2023 después de negarse a retirar determinados libros. En marzo de ese año, Arkansas había aprobado la Ley 372 (Act 372), que generó litigios y fue bloqueada judicialmente en diciembre de 2024. En 2026, el consejo estatal de bibliotecas continuaba revisando las condiciones para conceder ayudas, con propuestas que podían enviar a la sección para adultos materiales que contuvieran descripciones o imágenes de genitales humanos, incluso cuando tuvieran valor educativo o artístico.
Florida: censura escolar y financiación pública. El Florida Freedom to Read Project documentó cómo las reclamaciones contra libros se relacionaron con campañas legislativas y con iniciativas para debilitar la confianza en la enseñanza pública. Según el testimonio de Stephana Ferrell recogido en el informe, la estrategia no se limitaba a retirar títulos: también contribuía a crear un entorno favorable a la expansión de los programas de elección educativa y los vales escolares para financiar centros privados, implantados en el estado en 2023. Las consecuencias señaladas incluyen una presión permanente sobre los distritos para retirar materiales, recortes presupuestarios en bibliotecas escolares y la reconversión de algunas bibliotecas de secundaria. El caso ilustra cómo las controversias sobre libros pueden tener efectos sobre la financiación y la propia organización de los servicios educativos.
Iowa: listas de retirada de cientos de títulos. Annie’s Foundation surgió después de una disputa en 2021 sobre dos novelas incluidas en el currículo de décimo curso: The Hate U Give, de Angie Thomas, y The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, de Sherman Alexie. Aunque el comité encargado de revisar las reclamaciones recomendó conservar ambas obras, la cuestión llegó al consejo escolar en una reunión marcada por insultos racistas y homófobos. Más adelante, en Urbandale, activistas consiguieron obtener una lista de más de 300 títulos que se pretendían retirar. Al facilitar la lista a un periodista, lograron que el caso adquiriera repercusión nacional. La experiencia demuestra la importancia del acceso a los documentos públicos y del trabajo conjunto entre familias, periodistas y organizaciones civiles para hacer visibles las decisiones de censura.
Luisiana: una campaña ciudadana que frenó proyectos legislativos. Este es uno de los ejemplos más claros de resistencia eficaz descritos en el artículo. En 2024, varias iniciativas legislativas amenazaban con criminalizar determinadas actuaciones de los bibliotecarios. Louisiana Citizens Against Censorship y la asociación estatal de bibliotecarios escolares coordinaron a profesionales de bibliotecas públicas, escolares y universitarias, familias y organizaciones colaboradoras. La campaña generó más de 40.000 correos electrónicos y llamadas a los legisladores en oposición a los proyectos. De nueve iniciativas contrarias a las bibliotecas que la coalición decidió combatir, siete fueron derrotadas y otra se modificó favorablemente para las bibliotecas; el balance de la organización fue que ocho de las nueve quedaron bloqueadas o sustancialmente corregidas. En 2025 y 2026 no aparecieron nuevas iniciativas de este tipo en el estado, según el testimonio incluido en el informe. La organización también creó pequeñas ayudas de hasta 500 dólares para apoyar proyectos comunitarios a favor de la libertad de lectura.
Nuevo México: amenazas a una autora y censura informal. La escritora Kit Rosewater, autora de The Derby Daredevils: Kenzie Kickstarts a Team, descubrió que su libro había sido arrojado a un contenedor junto a otras obras que incluían personajes LGBTQ+ y racializados. Una nota adhesiva explicaba el motivo de la retirada: el libro hablaba de un padre transgénero y de una adolescente que sentía atracción por otra chica. Más adelante, una visita escolar de la autora en su localidad tuvo que cancelarse tras las amenazas de algunos padres y el hostigamiento a la bibliotecaria del centro. En respuesta, Rosewater contribuyó a crear la coalición Freedom to Read New Mexico, cuya primera reunión se celebró el 18 de noviembre de 2025. El caso muestra que la censura puede afectar no solo a los libros, sino también a los autores, los actos culturales y la seguridad de los profesionales.
Tennessee: intimidación y organización comunitaria. En agosto de 2023, dos madres comenzaron a movilizarse frente a las restricciones impulsadas en las bibliotecas públicas del condado de Rutherford. De esa iniciativa surgió la Rutherford County Library Alliance, que llegó a contar con cientos de simpatizantes, unos 40 miembros que aportaban apoyo económico de forma periódica y más de 1.500 suscriptores de correo electrónico. En 2024, su actividad contribuyó a frenar dos proyectos legislativos contrarios a las bibliotecas en el comité de Educación del Senado estatal. La organización también apoyó la oposición a las retiradas de libros en las escuelas, objeto de una demanda judicial. Sus miembros denunciaron amenazas, acoso e intentos de presión sobre negocios locales que apoyaban la libertad de lectura. A pesar de ello, las reuniones de los consejos bibliotecarios llegaron a congregar a cientos de personas favorables al acceso a las colecciones.
Texas: leyes, listas de clasificación y uso de inteligencia artificial. Texas ocupa un lugar central en el informe por la combinación de campañas locales y legislación estatal. El artículo identifica grupos que acuden coordinadamente a reuniones de consejos escolares y municipales para reclamar la retirada de obras, con especial atención a las historias LGBTQ+, las experiencias de personas racializadas, los relatos sobre abusos sexuales y los libros sobre violencia política o religiosa. Entre las normas mencionadas figuran la Ley HB 900, conocida como READER Act, que exige a los proveedores clasificar determinados libros vendidos a los distritos escolares, y las leyes SB 12 y SB 13, relacionadas con restricciones sobre diversidad y con la creación de mecanismos de revisión de las colecciones escolares. El texto señala, además, un uso preocupante de herramientas de inteligencia artificial: algunos responsables escolares estarían introduciendo listas de libros solicitados para compra en ChatGPT y otras plataformas para identificar títulos que pudieran considerarse incompatibles con las políticas locales o las leyes estatales. Esto plantea interrogantes sobre la fiabilidad de los sistemas automatizados, sus criterios de clasificación y el riesgo de convertir filtros algorítmicos en mecanismos de censura.
Utah: una prohibición que se extiende a todo el estado. Según el informe, la aplicación de leyes estatales como la HB 29 ha permitido que las decisiones de algunos distritos escolares tengan consecuencias para las colecciones de todo Utah. En el momento recogido por el artículo, cerca de 40 títulos distintos habían sido prohibidos en las bibliotecas de las escuelas públicas de todo el estado. La organización Let Davis Read surgió para cuestionar estas medidas, informar a la comunidad y ofrecer una vía de participación a bibliotecarios y ciudadanos que temían hablar públicamente. El informe describe cómo una campaña contra el proyecto de ley HB 197 logró que una representante recibiera 400 correos electrónicos sobre la iniciativa y que el texto fuera revisado varias veces hasta quedar sustancialmente debilitado. La experiencia muestra la utilidad de las solicitudes de información pública, la vigilancia de los procedimientos administrativos y la presión ciudadana organizada.
Virginia: el caso de Gender Queer. La bibliotecaria escolar Kim Dare relata la controversia que comenzó en el condado de Fairfax en 2021, cuando un padre cuestionó públicamente la presencia de Gender Queer en la biblioteca de un instituto. La dirección del distrito retiró temporalmente la obra mientras se revisaba la reclamación, lo que impidió que los estudiantes accedieran a ella antes de que concluyera el procedimiento. Sin embargo, el comité de revisión, integrado por personal educativo, docentes, bibliotecarios y estudiantes, decidió por unanimidad mantener el libro en las estanterías de los institutos. Después de aquel episodio, la normativa del distrito se modificó para especificar que los libros impugnados debían permanecer disponibles mientras se examinaban las reclamaciones. Este caso demuestra la importancia de disponer de procedimientos transparentes y equilibrados, en los que las decisiones se tomen tras una evaluación profesional y no mediante retiradas preventivas.
Qué propone el informe para defender la libertad de lectura
La principal conclusión es que la respuesta a la censura requiere organización a largo plazo. El artículo subraya que las iniciativas locales pueden lograr cambios significativos cuando coordinan a bibliotecarios, docentes, familias, escritores, editoriales, asociaciones profesionales y organizaciones de derechos civiles. Las campañas de Luisiana y Utah muestran que las llamadas a los representantes, la participación en reuniones públicas, el acceso a documentos administrativos y la colaboración con periodistas pueden frenar proyectos restrictivos. También resulta fundamental que las bibliotecas mantengan políticas claras de selección y revisión de colecciones, que las reclamaciones sigan procedimientos documentados y que los materiales no sean retirados automáticamente antes de completar una evaluación.
Para las bibliotecas públicas y escolares, el informe plantea un desafío profesional y democrático. La libertad de lectura no significa que todas las obras deban estar necesariamente en todas las secciones o dirigidas a todas las edades, sino que las decisiones sobre las colecciones deben basarse en criterios profesionales, necesidades de los usuarios y procedimientos transparentes, no en la imposición ideológica de un grupo. La retirada de libros puede afectar de manera desproporcionada a jóvenes LGBTQ+, estudiantes racializados y otras personas cuyas experiencias están menos representadas en los recursos educativos. Cuando estas voces desaparecen de las colecciones, se reduce la diversidad de perspectivas a las que puede acceder la comunidad.
El informe de Book Riot documenta una transformación de la censura de libros en Estados Unidos: de reclamaciones individuales se ha pasado a campañas coordinadas que utilizan la presión política, la legislación, los procedimientos administrativos e incluso herramientas tecnológicas para restringir el acceso a determinadas obras. Pero también aporta ejemplos concretos de resistencia, desde las más de 40.000 comunicaciones ciudadanas en Luisiana hasta la movilización de familias y bibliotecarios en Iowa, Tennessee y Utah. Su mensaje final es que la defensa del derecho a leer depende de comunidades informadas, bibliotecas profesionales y alianzas capaces de sostener la libertad intelectual en el tiempo. El artículo invita a los lectores a identificar organizaciones locales de defensa de la lectura y participar en ellas, porque la protección de las bibliotecas y de sus colecciones no depende exclusivamente de las instituciones nacionales, sino también de la acción ciudadana en cada comunidad.
