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Derechos de autor y gigantes tecnológicos. ¿Cuáles son las expectativas en Europa?

 

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“Copyrights & Tech giants. What are the expectations in Europe?”  Harris Interactive, 2019

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Todo sobre  en UA

 

 La encuesta indica que una gran mayoría de europeos desearía que la UE creara salvaguardias para que las empresas tecnológicas dominantes no tengan que decidir cómo se distribuye la riqueza cultural de Europa. Demuestra que a los europeos les importa que los creadores reciban una remuneración justa y les preocupa que las instituciones de la UE no estén haciendo lo suficiente para frenar el poder de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

 

Una encuesta de Harris Interactive, dos meses antes de las elecciones Europeas, muestra que los ciudadanos europeos quieren una mayor regulación de las prácticas de los gigantes tecnológicos como Google y Facebook. Aunque los europeos desconfían de los gigantes de la tecnología estadounidense, su influencia se está dejando sentir claramente mientras el Parlamento se prepara para votar la versión final de la Directiva sobre derechos de autor.

La encuesta se llevó a cabo en febrero de 2019, entre una muestra de 6.600 personas representativas de la población de 18 años y más en Francia, Alemania, Polonia, España, Italia, República Checa, Grecia y Rumanía.

Las cuestiones más destacadas de esta encuesta son:

 

1. Los europeos quieren que las instituciones de la UE se refuercen frente a las grandes empresas de Internet.

El 64% de los europeos encuestados cree que en los últimos 5 años la Unión Europea no ha hecho lo suficiente para regular el poder de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. El debate sobre los gigantes de la tecnología se está intensificando en torno a cuestiones como el impuesto sobre la renta previsto en Francia, las “noticias falsas” y el dominio del mercado, y la directiva sobre derechos de autor que regula la distribución de contenidos en las grandes plataformas forma parte de ello.

2. A los europeos les gustaría que los artistas y creadores obtuvieran mejores condiciones para la distribución por Internet.

El 80% de los europeos están a favor de que la Unión Europea aplique normas para garantizar la remuneración de los artistas y creadores de contenidos por la distribución de sus contenidos en las plataformas de Internet. Esto subraya el sentimiento de que las grandes plataformas han capturado demasiado valor. Es justo que este valor se comparta entre las partes interesadas, especialmente cuando se trata de los millones de creadores europeos cuyo trabajo se distribuye en línea, generando beneficios para las grandes plataformas de Internet.

3. Los europeos están convencidos de que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos no están jugando limpio.

El 74 % de los europeos piensa que cuando los gigantes de la tecnología se pronuncian sobre un tema, lo hacen para proteger sus propios intereses económicos y no el interés público. A pesar de su masiva infraestructura de comunicaciones y de los millones que gastan defendiendo su reputación, la opinión pública europea no considera que los gigantes de la tecnología sean neutrales y altruistas.

Durante la sesión plenaria del 25 al 28 de marzo del Parlamento Europeo se celebrará una votación sobre el texto final de la Directiva Europea de Derechos de Autor. La mayoría de las partes interesadas informadas afirman que la Directiva sobre derechos de autor ha mejorado a lo largo de los casi tres años del proceso legislativo; incluso Google lo ha admitido. Este texto trata de reequilibrar las relaciones económicas entre plataformas poderosas como YouTube, Facebook o Google News y los artistas, editores de prensa y otros creadores cuyo contenido hace que esas plataformas tengan éxito.

Pero el debate público en torno a la Directiva sobre derechos de autor se ha vuelto intimidante a medida que el usuario medio de Internet le preocupa cada vez más cuando se utilizan términos engañosos como “filtros de carga”, “impuestos sobre los enlaces” y “máquinas de censura”, términos que los opositores a la Directiva han hecho populares y que han sido amplificados por los gigantes de la tecnología de Estados Unidos, que quieren preservar su statu quo.

 

Nueva Ley de propiedad Intelectual (Ley 2/2019, de 1 de marzo)

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Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

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NOVEDADES

El título IV del libro tercero, sobre «gestión colectiva de los derechos reconocidos en la ley», pasa a estar dividido en siete capítulos.

  • El capítulo I regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Se produce la inclusión de normas específicas aplicables a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes.
  • El capítulo II regula la situación jurídica del titular de derechos de propiedad intelectual en su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el instrumento jurídico que la articula: el contrato de gestión. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder la propiedad de los mismos, encomienda su gestión a una entidad de gestión. Como novedad, se incluye en el texto refundido el derecho del titular a revocar su contrato total o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.
  • El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. En este capítulo destaca la introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano de control interno estará compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos previstos legalmente, por personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su independencia funcional, ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar relación alguna con las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad.
  • El capítulo IV regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión (conocidas en la práctica comercial como licencias) y sus tarifas generales. Las novedades introducidas por la presente ley en este capítulo son escasas, sin perjuicio de las licencias multiterritoriales que se regulan por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Estas licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.
  • El capítulo V regula la gestión de los derechos recaudados que abarca la recaudación, reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. En el régimen jurídico general la principal novedad es la inclusión de un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.
  • El capítulo VI agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. Casi todas las obligaciones previstas en la directiva en esta materia ya están incluidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La principal novedad es la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, y que proveerá, con un elevado nivel de detalle, información financiera y sobre gestión económica.
  • El capítulo VII recoge el régimen sancionador regulado hasta ahora en el título VI del libro tercero. Las únicas modificaciones que se introducen tienen como objeto aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro Estado miembro de la Unión Europea pero presten servicios en España.

Asimismo, se introduce un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestación de servicios de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte cuando esta sea necesaria; así como varios tipos infractores graves por el incumplimiento de las nuevas obligaciones que introduce esta ley respecto de las entidades de gestión y los operadores de gestión independientes.

Se modifica el contenido del título V que regula la Comisión de Propiedad Intelectual sobre la base de los artículos del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que regulaban este órgano.

Las modificaciones introducidas alteran la numeración del título sobre protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos, que ahora será el título VI del libro tercero, y de los artículos que conforman el libro cuarto. También, se han actualizado a la nueva numeración de los artículos que conforman el título IV del libro tercero las distintas referencias que se hacen a los mismos a lo largo de todo el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La presente ley también modifica el plazo previsto en el artículo 20.4 en materia de reclamación de derechos por retransmisión por cable para igualarlo con el plazo de cinco años previsto en el artículo 177 para la reclamación de derechos de propiedad intelectual en general; e introduce el plazo para ejercer la acción de reembolso de la compensación equitativa por copia privada regulada en el artículo 25.8.

Tomado de IBERLEY.ES

El Gremio de Autores de Estados Unidos declara la guerra a los préstamos de libros digitales en las bibliotecas

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The Authors Guild Declares War on Digital Library Lending, Libraries
By Joel Hruska on February 1, 2019 at 1:01 pm

Controlled Digital Lending Is Neither Controlled nor Legal
JANUARY 08, 2019

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El Authors Guild es la organización profesional de autores más antigua y más grande de Estados Unidos, que hace unos años libró una batalla de 14 años para restringir la digitalización de libros. Ahora está extendiendo esa lucha al nivel de las bibliotecas bajo el lema “Controlled Digital Lending Is Neither Controlled nor Legal” (El préstamo digital controlado no es ni controlado ni legal)”, argumentando esencialmente que es ilegal permitir que las bibliotecas se modernicen o se adapten a la forma en que los usuarios acceden a los libros digitales o digitalizados.

El auge de los libros electrónicos ofrece a las bibliotecas una manera potencial de expandir sus colecciones y ofrecer a los usuarios un método innovador de lectura de libros en los teléfonos inteligentes, tabletas y Kindle. Tal como vemos en el cuadro ofrecido por Statista, el año 2017 se prestaron 266 millones de libros electrónicos en las bibliotecas de Estados Unidos. Rakuten OverDrive, la plataforma de lectura digital líder que proporciona servicio a más de 43,000 bibliotecas y escuelas de todo el mundo, informó que el préstamo y el uso de libros electrónicos, audiolibros y revistas en bibliotecas públicas en 2018 alcanzó niveles récord. Las bibliotecas prestaron más de 274 millones de libros digitales a los titulares de tarjetas en 2018, un aumento del 22% respecto al año anterior, con la tasa de crecimiento más alta desde 2015.

 

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Número de millones de libros electrónicos préstados por bibliotecas de Estados Unidos entre 2010 y 2017

 

Pero, ¿cómo se controla la distribución de un archivo digital? El bibliotecario David Hansen desarrolló un sistema conocido como Préstamo Digital Controlado, o CDL. El sistema CDL permite a una biblioteca distribuir copias digitales de un libro exactamente de la misma manera que distribuiría medios físicos. Si la biblioteca tiene una copia digital de un libro, puede prestar esa copia a un único usuario a la vez. Si una biblioteca posee tres copias de un libro físico y digitaliza una de ellas, puede distribuir dos copias físicas y una digital.

El Préstamo Digital Controlado (CDL) es un método emergente que permite a las bibliotecas prestar libros impresos a los usuarios digitales de forma similar a como se prestan los libros impressos. A través de CDL, las bibliotecas utilizan controles técnicos para asegurar una relación “propiedad/préstamo” consistente, lo que significa que la biblioteca hace circular el número exacto de copias de un título específico que posee, independientemente del formato, estableciendo controles para evitar que los usuarios redistribuyan o copien la versión digitalizada. Cuando la LCC se adapta apropiadamente para reflejar las condiciones del mercado de libros impresos y los controles se implementan apropiadamente, el préstamo puede ser permitido bajo la ley de derechos de autor. CDL no tiene la intención de actuar como un sustituto de los servicios de licencias electrónicas existentes ofrecidos por los editores. De hecho, una ventaja significativa de la LCC es que aborda el “problema del siglo XX” de los libros más antiguos que aún están protegidos por el derecho de autor, pero que probablemente nunca serán ofrecidos digitalmente por los servicios comerciales.

 

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El sistema no permite que una biblioteca distribuya más copias de una obra de las que realmente posee en ningún momento, y las copias físicas de los libros que se prestan en forma digital se retiran de la circulación para garantizar que la biblioteca nunca preste dos libros cuando sólo compró uno. El objetivo principal del sistema CDL, tal y como se indica en el Libro Blanco propuesto, es “garantizar que las obras originales se adquieran legalmente”. El principal beneficio del sistema CDL sería digitalizar libros que actualmente no se ofrecen en formato de libro electrónico para ampliar el alcance de estos trabajos y permitir que sean descubiertos por un grupo más amplio de lectores. Es importante destacar que el sistema CDL requiere que las bibliotecas mantengan una relación de 1:1 entre los libros físicos y los medios prestados. Una biblioteca debe haber comprado una copia física de un libro para prestarlo bajo este sistema.

Según el Gremio de Autores, toda la premisa de CDL es defectuosa porque los tribunales ya han dictaminado que no se puede revender un bien digital usado. Es cierto que el caso judicial Capitol Records v. ReDigi estableció que ReDigi no podía revender música digital, incluso si tomaba medidas para asegurarse de que los archivos de música se habían eliminado permanentemente de la biblioteca de medios del vendedor. Pero hay una diferencia clave entre ReDigi y un sistema CDL: ReDigi estaba intentando revender música como modelo de negocio. Las bibliotecas están tratando de distribuir copias digitales de los medios de comunicación con fines educativos y de aprendizaje. Una cuestión muy diferente de la venta de un libro digital con ánimo de lucro. La cuestión de si una biblioteca puede distribuir una copia digital de un libro que compró físicamente en una proporción de 1:1 no lo ha sido sancionada por los tribunales, pero Authors Guild ignora este punto.

Los autores pierden ingresos adicionales por cada préstamo no autorizado que hacen bajo la teoría de CDL. Las reproducciones y los préstamos digitales simplemente suplantan la venta legítima de libros electrónicos, ya sean ediciones de bibliotecas que la biblioteca licenciaría de otra manera, o libros electrónicos que el autor o editor vendería directamente a los consumidores.

Lo que Authors Guild realmente quiere proteger son los acuerdos de licencia que los editores de libros han generado. Diferentes editores tienen diferentes reglas, pero la mayoría requiere que las bibliotecas compren una licencia de un libro electrónico a 3 veces el precio normal del libro, o que recompren un libro electrónico una vez que ha sido préstado un cierto número de veces. El sistema CDL ni siquiera debería tener un impacto sobre la venta de libros electrónicos del editor, ya que lo que establece es que las bibliotecas creen versiones de libros electrónicos de textos que no han sido digitalizados por los editores, y que probablemente nunca lo serán.

El otro problema de la argumentación de Authors Guild es que asume que cada préstamo de libro electrónico en una biblioteca representa una venta perdida. Esto es falso. El objetivo de ir a una biblioteca es leer un libro que de otra manera no habríamos comprado, o investigar utilizando materiales a los que no se tendría acceso desde el domicilio. La biblioteca es el lugar donde cualquier presona acude a buscar un nuevo autor o una nueva serie cuando no está dispuesto a comprar esa obra. El propósito de las bibliotecas es lograr un equilibrio entre el bien cívico común de poner la información a disposición de los ciudadanos y los intereses comerciales de los editores y autores.

 

 

Ley de Transparencia y grandes empresas en España

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Cruz, César N. Ley de Transparencia y grandes empresas en España.Análisis de la implementación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 43 grandes empresas españolas (2017-2018) Madrid:  Transparencia Internacional España , 2018

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Este informe repite el ejercicio de valoración realizado el año pasado 2017, y forma parte de la investigación iniciada en 2015 en el marco del Proyecto Integridad, de Transparencia Internacional España, cuyo objetivo fue identificar y precisar cuáles eran las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013, o LTAIBG) para las entidades privadas, en particular las derivadas del artículo 3 b) y 4 de dicha norma.

Como en 2017, el informe aquí presentado analiza el nivel de cumplimiento de la LTAIBG por parte de 43 grandes empresas españolas durante 2018. Así pues, este informe arroja luz sobre el comportamiento de las empresas españolas cotizadas en relación con la ley de transparencia de ámbito estatal: ¿Cumplen o no con la Ley 19/2013 y en qué medida? ¿Qué información publican de aquella relevante para la Ley de Transparencia? Hay que precisar que el estudio se centra en la publicidad activa y no analiza las obligaciones asociadas al suministro de información por parte de las empresas a las administraciones públicas, en el caso de que éstas la soliciten (la que también llamamos “publicidad pasiva indirecta”).

A diferencia del informe previo de 2017, este informe sí identifica a las empresas no cumplidoras, describiendo en cada caso qué información hacen pública en sus respectivas páginas web. Este informe ofrece herramientas para facilitar esta labor de publicidad activa, y se ofrecen recomendaciones para una adecuada implementación de la Ley de Transparencia 19/2013, así como también sobre los cambios que parecen necesarios en la normativa vigente, asociado a su segunda propuesta de desarrollo reglamentario de dicha norma básica, aún pendiente de iniciar trámite parlamentario.

Los principales hallazgos son que para 2018 del conjunto de 132 empresas españolas cotizadas seleccionadas (aquellas dentro del llamado mercado continuo), se identificaron como sujetos obligados al 32,6 % del total (porcentaje muy semejante al de años anteriores), y que dichas empresas reiteran su incumplimiento asociado a esta norma, pues aun siendo identificadas como sujetos obligados, no han tomado medidas claras para atender estas obligaciones de publicidad activa.

El principio de limitación de la finalidad en las leyes de protección de datos

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Grafenstein, M. v. (2018). [e-Book] The Principle of Purpose Limitation in Data Protection Laws. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018.

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Este libro analiza el principio de limitación de la finalidad en la legislación de protección de datos desde la perspectiva de la regulación de la innovación basada en datos. Según este enfoque, el principio de limitación de la finalidad no sólo protege la privacidad de la persona, sino que, al mismo tiempo, deja un margen suficiente para que los responsables del tratamiento innoven a la hora de encontrar la mejor solución de protección. El primer componente del principio de limitación de la finalidad (es decir, especificar la finalidad del tratamiento de datos) es un instrumento de protección cautelar que obliga al responsable del tratamiento a identificar los riesgos específicos derivados de su tratamiento contra todos los derechos fundamentales del interesado. Por el contrario, el segundo componente (es decir, el requisito de limitar el tratamiento de datos a la finalidad anterior) tiene por objeto controlar el riesgo causado por el tratamiento de datos que se produjo en una fase posterior y se añade a los riesgos que se identificaron previamente. Este enfoque responde a la pregunta de cómo debe interpretarse el reglamento general de protección de datos, que no sólo protege eficazmente la privacidad de las personas, sino que también ayuda a los responsables del tratamiento a convertir su conformidad jurídica en un mecanismo que refuerza la innovación, en relación con todos los derechos fundamentales de la persona a la que se refieren los datos.

 

Conceptos básicos de copyright

 

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 Copyright Basics  [e-Book]. Washington, DC,, Library of Congress, 2000.

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El derecho de autor es una forma de protección proporcionada por las leyes de los Estados Unidos (título 17, Código de los Estados Unidos) a los autores de “obras originales de autoría”, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y algunas otras obras intelectuales. Esta protección está disponible tanto para obras publicadas como no publicadas. La sección 106 de la Ley de Derecho de Autor de 1976 generalmente otorga al propietario de los derechos de autor el derecho exclusivo de hacer y autorizar a otros a hacer lo siguiente: + *Reproducir* la obra en copias o fonogramas; + *Preparar *obras derivadas* basadas en la obra; + *Distribuir copias o fonogramas* de la obra al público mediante venta u otra transferencia de propiedad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo; +Realizar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras obras audiovisuales; En el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas y obras pictóricas, gráficas o escultóricas, incluyendo las imágenes individuales de una película u otra obra audiovisual; y + En el caso de *grabaciones sonoras, ejecutar la obra públicamente por medio de una transmisión digital de audio.

 

Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos de América y Leyes Afines

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Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92. [e-Book]  Washington, DC, Library of Congress, 2012 .

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Este volumen contiene el texto del título 17 del *Código de los Estados Unidos*, incluyendo todas las enmiendas promulgadas hasta el final de la segunda sesión del 106º Congreso en 2000. Incluye la Ley de Derechos de Autor de 1976 y todas las enmiendas subsiguientes a la ley de derechos de autor; la Ley de Protección de Chip de Semiconductores de 1984, con sus enmiendas; y la Ley de Protección de Diseño de Cascos de Buques, con sus enmiendas. La Oficina de Derechos de Autor es responsable de registrar las reclamaciones de los tres.