Archivo de la etiqueta: Legislación

Estudio sobre la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales y su posible impacto en la investigación

Lundqvist, B., Study on the Digital Services Act and Digital Markets Act and their possible impact on research, Publications Office of the European Union, 2022, 

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El estudio ofrece un análisis del posible impacto de la propuesta de la ley Digital Services Act y de la propuesta de ley Digital Markets Act  en las operaciones de los investigadores y de las partes interesadas en la investigación y ofrece recomendaciones sobre cómo hacer que los instrumentos legislativos y su aplicación se adapten mejor a los investigadores.

Library Futures publica una declaración política y un proyecto de ley sobre el libro electrónico: mitigar el problema de los libros electrónicos en las bibliotecas mediante la acción legislativa en los Estados

Library Futures Ebooks Policy Paper

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Las prácticas actuales de concesión de licencias de libros electrónicos están erradicando la misión central de las bibliotecas, con graves repercusiones para la equidad y el acceso al conocimiento mundial. La raíz del problema es que mientras las bibliotecas compran libros impresos para prestarlos a los usuarios, no pueden comprar libros electrónicos. En su lugar, obtienen la licencia de acceso al contenido de las editoriales. Esto significa que los editores pueden establecer las condiciones que deseen en las licencias de libros electrónicos para las bibliotecas, o negarse a concederlas.

Los bibliotecarios de muchos estados están tratando de desarrollar leyes de libros electrónicos que aborden estas preocupaciones de costo y términos de licencia restrictivos. En junio de 2022, seis estados tenían proyectos de ley activos en esta sesión para abordar estas cuestiones. Maryland fue el primer estado en aprobar un proyecto de ley sobre libros electrónicos; sin embargo, una decisión de un tribunal federal de distrito emitió una orden judicial contra la ley en febrero de 2022, sobre la base de que la ley era inconstitucional porque estaba adelantada por la ley federal de derechos de autor. En junio de 2022, el tribunal determinó que la ley de libros electrónicos de Maryland era inconstitucional. La legislatura de Nueva York había aprobado un «clon» de la ley de Maryland, pero el gobernador acabó por vetarla, lo que llevó a los estados a dejar de lado el lenguaje legislativo que el tribunal consideró problemático y a centrarse en la ley estatal.

Como resultado, los actuales proyectos de ley estatales contienen disposiciones diferentes: algunos son facsímiles del proyecto de ley de Maryland, con el problemático lenguaje de las licencias obligatorias, y otros son proyectos de ley «híbridos»; en otras palabras, contienen el lenguaje problemático de Maryland, pero también están redactados en la ley de protección del consumidor de ese estado. En nuestra declaración política se puede encontrar un gráfico que resume las diferencias en las disposiciones de la legislación actual sobre el libro electrónico.

Library Futures apoya la legislación que pretende equiparar el mercado de los libros electrónicos. Para ello, hemos desarrollado un modelo de legislación que evita el problemático lenguaje de la ley de Maryland y que, por lo tanto, creemos que resistirá los desafíos legales. En resumen, proponemos un modelo de legislación basado en la protección del consumidor estatal, la legislación contractual estatal, la legislación de contratación pública estatal y la preeminencia de los contratos. Nuestro documento de declaración política explica los fundamentos jurídicos de nuestra propuesta de ley modelo. También puede ver un mapa interactivo de la legislación actual y suscribirse a las actualizaciones de las actividades políticas de Library Futures. Gracias a nuestra comunidad de expertos por sus ediciones, comentarios y aportaciones a esta declaración y proyecto de ley, y gracias a Readers First y a la comunidad de defensores de las bibliotecas que han trabajado por una legislación equitativa del libro electrónico en sus estados.

Esperamos trabajar con ustedes para garantizar que las bibliotecas puedan cumplir su misión de preservar y proporcionar un acceso amplio, abierto, no discriminatorio y equitativo a la información y a los materiales de lectura para el público. Si está interesado en saber más o en participar, esté atento a un seminario web a principios de agosto. Hasta entonces, inscríbase para recibir información actualizada.

ALA defiende la ley de libros digitales de Maryland y la defensa del estado cuando el tribunal federal de distrito emite una orden judicial preliminar

  • El Estado de Maryland promulgó una legislación, Md. Code, Educ. §§ 23-701, 23-702 (la «Ley de Maryland»), que obligaba a los editores a distribuir libros electrónicos, audiolibros y otras obras literarias digitales a las bibliotecas públicas de Maryland, y controlar los plazos y las condiciones para hacerlo.

Estudio sobre las condiciones contractuales modelo y el control de la equidad en los contratos de intercambio de datos

 

Graux, H., Somers, G., Van Camp, S., et al., Study on model contract terms and fairness control in data sharing and in cloud contracts and on data access rights : executive summary, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2022

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Los datos son un elemento fundamental y omnipresente de la economía actual. En los últimos años, las mejoras en la recopilación, el intercambio y el uso de datos han dado lugar a la creación de industrias y modelos de negocio totalmente nuevos. Esto ha generado nuevos valores y beneficios para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Por ello, el impacto neto de la economía de los datos ha sido rotundamente positivo. Sin embargo, la llegada de la economía de los datos no está exenta de desafíos. La capacidad de acceder y utilizar los datos es cada vez más una condición previa para hacer negocios. Esto implica también que la economía de los datos se resiente cuando una empresa concreta decide restringir el acceso a sus datos o a sus servicios. Esto puede ocurrir cuando decide no compartir los datos o cuando insiste en utilizar cláusulas contractuales injustas. El resultado es una pérdida para la sociedad, no sólo en términos de beneficios económicos, sino también en términos de innovación y ganancias sociales.

Este Estudio se centra en dos contextos en los que puede darse este problema. En primer lugar, el Estudio examina si los datos ya se comparten de forma justa, y en qué medida, especialmente en un contexto B2B. En segundo lugar, examina las prácticas contractuales actuales en el mercado de la nube, y si son justas para los clientes de la nube. Los problemas de equidad pueden ser especialmente difíciles de gestionar para las partes interesadas con un poder de negociación más limitado, como las PYME, y en última instancia perjudican a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, los problemas de equidad no son idénticos para el mercado de intercambio de datos y para el mercado de la nube. En el mercado de intercambio de datos, la cuestión principal es si hoy los titulares de los datos los ponen a disposición de terceros y, en caso afirmativo, si lo hacen en condiciones justas. Este tipo de intercambio de datos podría ser necesario, por ejemplo, para permitir el mantenimiento y la reparación de un dispositivo, para que un cliente pueda comprender el funcionamiento de su dispositivo o para que otra empresa pueda crear servicios de valor añadido a partir de los datos. En el mercado de la nube, en cambio, la cuestión no es sólo si el cliente puede acceder a sus propios datos, sino, de forma más general, si sus intereses comerciales se tienen suficientemente en cuenta en los contratos. La cuestión de la equidad está relacionada más directamente con el desequilibrio en el poder de negociación. Dado que hay un pequeño número de proveedores de nube dominantes, ¿pueden los clientes negociar de forma realista unas condiciones contractuales justas? Y si no es así, ¿cuáles son las implicaciones?

Nueva ley de Depósito Legal

Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. Publicado en: «BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 2022, páginas 62483 a 62492 (10 págs.)

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Con la presente disposición se pretende adaptar la Ley 23/2011, de 29 de julio, a los continuos y rápidos cambios producidos en el sector editorial, así como adecuar la norma a la regulación del depósito legal de las publicaciones en línea.

Se persigue además corregir los defectos advertidos por la experiencia en la ley vigente, en el intento de conseguir un depósito más completo y pertinente del conjunto de la edición española.

La modificación de la Ley 23/2011, de 29 de julio, es pues necesaria para adecuar la norma al panorama editorial actual, permitiendo cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional, y contribuyendo a optimizar la gestión de los centros de conservación.

IFLA publica el resumen ejecutivo del informe sobre COVID-19, derechos de autor y bibliotecas

COVID 19, Copyright, and Libraries Report. Te Hague: IFLA,2022

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El informe involucró una encuesta de 114 bibliotecas en todo el mundo y 28 entrevistas durante febrero y marzo de 2022. Los encuestados procedían de 29 países. El informe se realizó con Electronic Information for Libraries (EIFL).

El 83 % de los profesionales bibliotecarios que respondieron dijeron que tenían problemas relacionados con los derechos de autor al proporcionar materiales durante el cierre de instalaciones relacionado con la pandemia. Estos se cruzaron con los desafíos en curso anteriores a la pandemia, incluidas las presiones presupuestarias, las crisis financieras externas, las negociaciones difíciles con los editores y la demanda de libros electrónicos que supera las ofertas de los editores.

Si bien muchas editoriales ofrecieron acceso ampliado a servicios y contenido durante los primeros meses de la pandemia, estas ofertas generalmente no duraron el tiempo suficiente para que las bibliotecas las integraran de manera significativa en las actividades de enseñanza e investigación. El 69% de los encuestados que tuvieron problemas dijeron que estos incluían problemas para brindar acceso a libros de texto, y el 52% de las bibliotecas que tuvieron problemas de derechos de autor indicaron desafíos para brindar acceso a nivel internacional, ya que los estudiantes y profesores regresaron a suis países de origen. Para acceder al contenido digitalmente, algunas bibliotecas utilizaron programas como el proyecto de acceso temporal de emergencia de HathiTrust y ‘Resource-Sharing during COVID’ (RSCVD).

Las bibliotecas que respaldaban las aulas en línea enfrentaron problemas legales relacionados con la comunicación de contenido a distancia. Estos incluían si estaba permitido reproducir música o películas en entornos de clase en línea, como se habría hecho durante las clases en persona, o grabar conferencias que involucraran material protegido por derechos de autor. Las leyes a menudo dejan zonas grises que crean incertidumbre sobre cómo se puede compartir el contenido. Esto apunta a la necesidad de protecciones legales claras para las bibliotecas y los servicios que ofrecen.

Está previsto que el informe completo se publique antes de WIPO SCCR/42, la 42ª reunión del Comité Permanente sobre Relaciones de Copyright de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La IFLA espera hablar sobre las experiencias de las bibliotecas y abogar por fuertes limitaciones y excepciones para respaldar su trabajo de prestación de servicios y acceso al contenido.

ABR
29
29 DE ABRIL DE 2022 • POR GARY PRICE
Las asociaciones de bibliotecas de la Federación Internacional (IFLA) publican el resumen ejecutivo del informe sobre COVID-19, derechos de autor y bibliotecas

Más allá del derecho de autor. Otros términos para debatir la propiedad intelectual

Más allá del derecho de autor. Otros términos para debatir la propiedad intelectual. Alberto López Cuenca Renato Bermúdez Dini, compiladores. Open Humanities Press, 2022

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El 1 de julio de 2020 entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en México que respondía a las exigencias prioritariamente económicas del renovado tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Frente a estas reformas, un conjunto de colectivos, asociaciones e individuos mexicanos e internacionales levantaron la voz por las numerosas implicaciones que suponían para la libertad de expresión, el debido proceso judicial, el acceso a la cultura y a la educación, la soberanía tecnológica y el impacto medioambiental, entre otras. Para rastrear el profundo alcance que en nuestros días tiene la LFDA en detrimento de otros derechos y prácticas ya afianzadas, desde el Centro Cultural de España en Ciudad de México nos propusimos inscribir estas preocupaciones y debatirlas en un plano sociocultural más amplio, a partir de cuatro nodos conceptuales: 1) saberes originarios; 2) conocimiento abierto; 3) autoedición y reescrituras digitales; 4) hacktivismos. Este libro reúne contribuciones de Alberto López Cuenca, Anamhoo, David Cuartielles, Diana Macho Morales, Domingo M. Lechón, Eduardo Aguado-López, Gabriela Méndez Cota, Irene Soria, Leandro Rodríguez Medina, Marla Gutiérrez Gutiérrez, Mónica Nepote, Nika Zhenya, Renato Bermúdez Dini y Víctor Leonel Juan-Martínez.

Los editores ganan una medida cautelar en la lucha por los libros electrónicos en las bibliotecas

Publishers Win Preliminary Injunction in Library E-Book Fight
Bloomberg Law. Feb. 17, 2022, 4:59 PM

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La Association of American Publishers Inc. ha convencido a un tribunal federal de que tiene argumentos sólidos para demostrar que una ley de Maryland que exige la distribución de obras electrónicas a las bibliotecas está regulada por la Ley de Derechos de Autor, obteniendo una orden que bloquea temporalmente la ley.

Según la ley de Maryland, todas las obras que los editores licencien al público deben ser también licenciadas a las bibliotecas en «condiciones razonables». La medida entra en conflicto con la Ley de Derechos de Autor federal al interferir con el derecho de los editores a distribuir obras, escribió la jueza Deborah L. Boardman en una opinión para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

La única manera en que los editores pueden evitar el alcance de la ley es no vendiendo licencias al público, según el dictamen. Los editores que no ofrecen las licencias a las bibliotecas se enfrentan a fuertes sanciones civiles y algunas penales, lo que obliga a los editores a ofrecer licencias a las bibliotecas, según el tribunal.

Las asociaciones de bibliotecas han apoyado la ley de Maryland y otras similares, alegando que ofrecen a las bibliotecas un trato más justo en las licencias de obras digitales. Aunque las bibliotecas ofrecen un servicio público vital, es necesaria una legislación federal que establezca excepciones para las bibliotecas en la Ley de Derechos de Autor, dictaminó el tribunal.

Las bibliotecas se enfrentan a desafíos únicos, ya que se encuentran en la intersección del servicio público y el mercado privado en una sociedad en evolución que depende cada vez más de los medios digitales. Según el juez «Lograr el equilibrio entre las funciones críticas de las bibliotecas y la importancia de preservar los derechos exclusivos de los titulares de los derechos de autor, sin embargo, es directamente competencia del Congreso y no de este Tribunal o de una legislatura estatal».

Las bibliotecas y las editoriales se enfrentan por las condiciones de uso de los libros electrónicos

Libraries, Publishers Battle Over Terms for E-Books’ Use
DEEP DIVE
Jan. 18, 2022, 11:05 AM; Updated: Jan. 18, 2022, 3:27 PM

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Los estados que quieren ofrecer a las bibliotecas un mejor trato en materia de libros electrónicos están atentos a la demanda de los editores contra Maryland, el primer estado que establece las condiciones de distribución de libros digitales para su préstamo público.

Las asociaciones de bibliotecas, entre ellas la American Library Association y varios grupos estatales, han estado presionando para que las leyes estatales exijan a los editores que distribuyan las obras digitales a las bibliotecas en condiciones «razonables» que los estados establecerían. Los grupos afirman que las bibliotecas pagan demasiado por los libros electrónicos y deberían poder obtenerlos a precios más bajos.

Los proyectos de ley y la ley promulgada en Maryland han hecho saltar las alarmas de autores y editores que temen que la legislación invada los derechos de autor.

Abogados especializados en derechos de autor, grupos de presión de la industria editorial y otras personas afirman que, si los proyectos de ley de otros estados siguen adelante, podrían presentarse demandas similares a la de Maryland por parte de la Association of American Publishers. Dicen que los proyectos de ley proponen una reescritura radical del sistema de derechos de autor que sólo el Congreso puede cambiar.

A principios de febrero se celebrará una audiencia sobre una orden judicial preliminar para la aplicación de la ley. Maryland presentó el viernes una respuesta en la que afirma que la demanda debe ser desestimada por no presentar una reclamación que permita al tribunal conceder una reparación.

«El caso de Maryland es muy, muy significativo porque esperamos y creemos que el tribunal dirá: ‘No podéis hacer esto. Esto es inconstitucional'», dijo Keith Kupferschmid, presidente de Copyright Alliance, una organización sin ánimo de lucro que representa a un amplio grupo de creadores. «Y, presumiblemente, otros estados serían al menos un poco más cautelosos. Con suerte, no presentarían los proyectos de ley».

Las asociaciones de bibliotecas están pendientes de lo que ocurra en Maryland para decidir cómo proceder en otros estados. Hay proyectos de ley pendientes en Massachusetts y Rhode Island, y es probable que se reintroduzca la legislación con algunos cambios en Nueva York después de que la gobernadora Kathy Hochul (demócrata) vetara una versión anterior, alegando la preeminencia de la Ley de Derechos de Autor.

Los responsables de las bibliotecas apoyan los proyectos de ley para poder flexibilizar las restricciones sobre el número de obras digitales que pueden circular y no dejar que los editores dicten las condiciones de los precios, dijo John Chrastka, director ejecutivo del EveryLibrary Institute, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la financiación de las bibliotecas.

La ley de Maryland y la legislación similar se ven afectadas por la Ley Federal de Derechos de Autor, que otorga a los propietarios de los derechos de autor un conjunto de derechos exclusivos, entre los que se incluye el poder decidir cuándo y cómo se distribuyen sus obras, dijo Mary Rasenberger, directora general del Gremio de Autores.

La AAP y los defensores de la demanda dijeron que apoyan a las bibliotecas públicas y que éstas son esenciales para ampliar el número de lectores, pero la ley de Maryland tiene el potencial de perjudicar a los creadores y debilitar el sistema de derechos de autor.

«Las bibliotecas públicas son una pieza importante para proporcionar acceso al público, pero no funcionan solas en el vacío», dijo Maria A. Pallante, directora general de la Association of American Publishers.

La Asociación Cinematográfica, la Asociación Nacional de Editores de Música y la Alianza de Medios de Comunicación también se oponen a los proyectos de ley porque dicen que podría haber un efecto dominó en los estados que también crean licencias obligatorias para otras obras creativas además de los libros electrónicos.

La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. permite el acceso a los libros electrónicos a las personas con discapacidad, pero las licencias pueden seguir restringiendo el acceso

US Copyright Office Allows Access to E-books for People with Disabilities, but Licenses May Still Restrict Access
ARL by Katherine Klosek | January 18, 2022

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Las bibliotecas de investigación se han comprometido a hacer que los recursos de información sean lo más ampliamente accesibles posible, independientemente de las capacidades o discapacidades de los usuarios, pero la legislación sobre derechos de autor ha desempeñado un papel en la prohibición del intercambio internacional de libros y otros materiales accesibles.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), menos del 10% de las publicaciones están disponibles en formatos accesibles, a pesar de que más de 250 millones de personas tienen discapacidades visuales. La mayoría de los libros publicados en el extranjero en idiomas distintos del inglés no están disponibles en los Estados Unidos en formatos accesibles. Las restricciones de los derechos de autor han agravado ese problema de acceso mediante la prohibición de crear y distribuir obras accesibles, lo que crea barreras adicionales para que las personas con discapacidades puedan participar plenamente en las clases o en la investigación académica, o simplemente leer por ocio.

A pesar de la promesa global del Tratado de Marrakech y de la legislación de aplicación en EE.UU., las personas ciegas no siempre pueden acceder a las obras literarias electrónicas que desean o necesitan. La mayoría de los editores utilizan medidas tecnológicas de protección (TPM), o bloqueos digitales, para impedir que los usuarios accedan al contenido sin utilizar los lectores electrónicos designados por el editor. En ésta y otras normas anteriores, el registro de derechos de autor de EE.UU. ha señalado el importante papel que desempeñan los libros electrónicos en la mejora de la accesibilidad para las personas ciegas, con discapacidad visual o con problemas de impresión, al tiempo que ha reconocido que las medidas tecnológicas de protección interfieren con el uso de las tecnologías de asistencia. Los firmantes del Tratado de Marrakech están obligados explícitamente a garantizar que la protección legal de las TPM «no impida a las personas beneficiarias disfrutar de las limitaciones y excepciones previstas en el presente Tratado».

Desde 2020, un grupo de trabajo compuesto por miembros de la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) y de la Asociación Canadiense de Bibliotecas de Investigación (CARL) ha trabajado para aplicar el Tratado de Marrakech, creando un proyecto piloto para que los usuarios puedan solicitar y tomar prestados libros dentro de los Estados Unidos y Canadá, y a través de las fronteras. El proyecto piloto también informará sobre la forma en que las bibliotecas miembros de EE.UU. y Canadá -que poseen colectivamente millones de libros impresos y electrónicos- aplicarán el tratado. En Canadá, el grupo de trabajo está trabajando con las entidades autorizadas para entender cómo se aplicará la legislación y qué se requiere para el préstamo internacional. En EE.UU., la ARL tratará de garantizar que las licencias de contenidos electrónicos no renuncien a derechos como el uso justo, y no exijan al usuario que solicite permiso a un titular de derechos para usos que sean justos.

Derechos y principios digitales (Comisión Europea)

Digital Rights and Principles. Special Eurobarometer 518 Report. European Commision, 2022

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Según una encuesta especial del Eurobarómetro realizada en septiembre y octubre de 2021, una abrumadora mayoría de ciudadanos de la UE piensa que Internet y las herramientas digitales desempeñarán un papel importante en el futuro. Además, una gran mayoría considera útil que la Unión Europea defina y promueva los derechos y principios europeos para garantizar el éxito de la transformación digital.

El Eurobarómetro especial (518) investiga la percepción de los ciudadanos de la UE sobre el futuro de las herramientas digitales e internet, y el impacto que se espera que internet, los productos, los servicios y las herramientas digitales tengan en sus vidas de aquí a 2030. Se llevó a cabo entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre de 2021 mediante una combinación de entrevistas en línea y cara a cara, cuando fue posible o factible. Se entrevistó a 26.530 encuestados de los 27 Estados miembros de la UE.

  1. Importancia de lo digital en la vida cotidiana
    Los resultados de la encuesta muestran que más de ocho de cada diez europeos (81%) consideran que en 2030 las herramientas digitales e Internet serán importantes en sus vidas. Más del 80% de los ciudadanos de la UE piensa que su uso aportará al menos tantas ventajas como inconvenientes. Mientras que sólo una pequeña minoría (12%) espera más desventajas que ventajas del uso de las herramientas digitales e Internet para 2030.

2. Preocupación por los daños y riesgos en línea
Más de la mitad (56%) de los ciudadanos de la UE encuestados expresaron su preocupación por los ciberataques y la ciberdelincuencia, como el robo o el abuso de datos personales, el software malicioso o el phishing. Además, más de la mitad (53%) también indicaron estar preocupados por la seguridad y el bienestar de los niños en línea, y cerca de la mitad (46%) de los ciudadanos de la UE se preocupan por el uso de datos e información personal por parte de empresas o administraciones públicas. Alrededor de un tercio (34%) de los ciudadanos de la UE se preocupan por la dificultad de desconectar y encontrar un buen equilibrio entre la vida en línea y fuera de ella, y alrededor de uno de cada cuatro (26%) están preocupados por la dificultad de aprender nuevas habilidades digitales necesarias para participar activamente en la sociedad. Por último, aproximadamente uno de cada cinco (23%) ciudadanos de la UE expresó su preocupación por el impacto medioambiental de los productos y servicios digitales.

3. Necesidad de un mayor conocimiento de los derechos en línea
Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los ciudadanos de la UE piensa que la UE protege bien sus derechos en el entorno en línea. Aún así, un número significativo (casi el 40%) de ciudadanos de la UE no es consciente de que sus derechos, como la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación, también deben respetarse en línea, pero en seis Estados miembros de la UE, más de tres de cada cuatro son conscientes de estos derechos. No obstante, una gran mayoría de los ciudadanos de la UE considera útil saber más sobre estos derechos*.

4. Apoyo a la declaración de principios digitales
Una gran mayoría (82%) de los ciudadanos de la UE considera útil que la Unión Europea defina y promueva una visión europea común sobre los derechos y principios digitales. Estos principios deberían tener implicaciones concretas para los ciudadanos; por ejemplo, nueve de cada diez (90%) están a favor de incluir el principio de que todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, debe beneficiarse de unos servicios públicos digitales de fácil acceso y uso. Los ciudadanos quieren estar claramente informados sobre los términos y condiciones que se aplican a su conexión a internet, poder acceder a internet a través de una conexión asequible y de alta velocidad, y poder utilizar una identidad digital segura y fiable para acceder a una amplia gama de servicios públicos y privados en línea.