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Los bibliotecarios universitarios estadounidenses ganan una media de 84.499 dólares anuales, según el informe ARL 2025.

La Association of Research Libraries (ARL) ha publicado su informe ARL Annual Salary Survey 2025, un estudio que ofrece una panorámica de las retribuciones y características profesionales del personal que trabaja en las principales bibliotecas de investigación de Estados Unidos y Canadá. Según el informe ARL Annual Salary Survey 2025, el sueldo medio anual de los profesionales de las bibliotecas universitarias de investigación es de 84.499 dólares brutos anuales.

La investigación analiza los datos salariales de 119 de las 125 bibliotecas integrantes de la asociación durante 2025. En total, recoge información de 11.200 profesionales pertenecientes a 114 bibliotecas universitarias y de otros 1.617 trabajadores de cinco bibliotecas estadounidenses de carácter federal, público y sin ánimo de lucro. Se trata de una de las fuentes de referencia para conocer la evolución del empleo y las condiciones laborales en las grandes instituciones bibliotecarias de investigación.

El estudio distingue tres grandes ámbitos dentro de las bibliotecas universitarias: los sistemas bibliotecarios generales, las bibliotecas de ciencias de la salud y las bibliotecas jurídicas. Además de las retribuciones, recoge información sobre la estructura profesional, los años de experiencia, los nombramientos académicos y la posibilidad de pertenecer a unidades de negociación colectiva. Estos indicadores permiten observar las diferencias existentes entre los modelos organizativos y laborales de las instituciones universitarias de ambos países.

Uno de los aspectos más interesantes del informe es la comparación del reconocimiento académico y las condiciones de representación laboral. Entre las universidades públicas estadounidenses, el 76 % ofrece nombramientos académicos a sus profesionales bibliotecarios y el 40 % contempla su elegibilidad para formar parte de unidades de negociación colectiva. En las universidades privadas estadounidenses, estos porcentajes descienden al 31 % y al 21 %, respectivamente. Por su parte, las universidades canadienses, todas ellas públicas, registran un 64 % de nombramientos académicos y un 86 % de elegibilidad para la negociación colectiva. Estas diferencias reflejan distintas tradiciones institucionales en cuanto al reconocimiento del bibliotecario como profesional académico y su participación en las estructuras de representación laboral.

En cuanto a las retribuciones, el estudio analiza 9.602 profesionales de las bibliotecas universitarias de la ARL y establece cuatro grandes categorías laborales. Los puestos de dirección ejecutiva presentan una media salarial de 180.652 dólares anuales, con una experiencia profesional media de 22 años. Los responsables de alta dirección o gerencia sénior perciben 114.247 dólares, con 18 años de experiencia; los puestos de gestión intermedia alcanzan los 92.664 dólares, con 16 años de experiencia; y el resto de profesionales registra una media de 84.499 dólares anuales y 14 años de trayectoria profesional. Los datos muestran una relación directa entre responsabilidad organizativa, experiencia acumulada y nivel de remuneración.

El informe incluye también información sobre las bibliotecas de investigación no universitarias, ampliando el análisis a otras instituciones que forman parte del ecosistema de investigación. La publicación dispone de una edición digital que incorpora tablas de datos descargables en formato Excel, lo que facilita realizar comparaciones entre instituciones, categorías profesionales y niveles de responsabilidad.

Cinco años de censura de libros en Estados Unidos

Jensen, Kelly. (18 de septiembre de 2026). “We Need To Tell The Story”: Literary Advocates Nationwide Reflect On Five Years of Relentless Attacks on the Freedom to Read. Book Riot. https://bookriot.com/book-censorship-5-year-report

Se presenta un balance de cinco años de censura de libros en Estados Unidos, desde el inicio de una nueva oleada de prohibiciones en 2021 hasta mediados de 2026. El informe, elaborado de manera colaborativa por Book Riot, la Oficina para la Libertad Intelectual de la American Library Association (ALA) y el Florida Freedom to Read Project, recoge experiencias de organizaciones, bibliotecarios, autores, educadores y activistas comprometidos con la defensa del derecho a leer. Su objetivo es analizar la evolución de la censura, identificar sus principales tendencias y mostrar tanto los obstáculos como los logros de quienes trabajan para garantizar el acceso libre a la información y a la cultura.

La oleada actual comenzó a adquirir fuerza en la primavera de 2021 y se consolidó durante el otoño de ese año. Uno de los episodios que el artículo identifica como punto de inflexión tuvo lugar en septiembre de 2021, durante una reunión del consejo escolar del condado de Fairfax, en Virginia. Allí se leyó públicamente contenido de las novelas gráficas Gender Queer, de Maia Kobabe, y Lawn Boy, de Jonathan Evison. Las intervenciones se grabaron y difundieron ampliamente en las redes sociales, convirtiéndose en un modelo para posteriores campañas. A partir de entonces, las reclamaciones dejaron de aparecer como incidentes aislados y comenzaron a reproducirse de manera coordinada en distintos distritos escolares. El informe menciona organizaciones como Moms for Liberty y No Left Turn in Education, que promovieron campañas contra determinados títulos y defendieron cambios legislativos sobre los contenidos disponibles en las escuelas.

Las cifras nacionales muestran la dimensión alcanzada por el fenómeno. Según la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA, en 2025 se registraron 5.668 libros prohibidos y otros 920 sometidos a restricciones de acceso por medidas como su traslado a secciones especiales o la exigencia de autorización parental. El artículo señala que se trata de máximos históricos tanto en el número de títulos censurados en un solo año como en la proporción de impugnaciones que terminaron en censura desde que comenzó el seguimiento de la ALA, en 1990. Por su parte, PEN America registró 4.235 títulos cuestionados durante 2025: el 44 % incluía personajes o personas racializadas y el 39 % representaba experiencias de personas o personajes LGBTQ+. Estas cifras corresponden a indicadores distintos —prohibiciones y restricciones en un caso, títulos cuestionados en el otro—, por lo que no deben sumarse ni interpretarse como si midieran exactamente lo mismo.

Uno de los cambios más importantes es quién impulsa las reclamaciones. Según los datos de la ALA recogidos en el informe, el 92 % de las impugnaciones de 2025 procedieron de grupos de presión, cargos electos, administradores, juntas directivas u otros responsables institucionales, mientras que menos del 3 % se originaron en familias individuales. La autora interpreta este desplazamiento como una transformación de la censura: de las quejas particulares se ha pasado a campañas organizadas con capacidad para influir en las políticas públicas. Además, las restricciones ya no afectan únicamente a novelas juveniles o libros ilustrados. También se dirigen contra obras de historia, biografías, libros de consulta y publicaciones científicas, con el consiguiente riesgo de limitar el acceso de los estudiantes a información contrastada sobre la sociedad, la diversidad y el pasado.

El informe también identifica la llamada censura preventiva o silenciosa. En ocasiones, las obras desaparecen de las estanterías sin una reclamación formal, porque las instituciones temen litigios, sanciones, pérdidas de financiación o conflictos con las autoridades educativas. Algunas administraciones han introducido sistemas de clasificación de libros y procedimientos de revisión que obligan a los centros a evaluar grandes cantidades de títulos. El artículo menciona, además, sistemas privados como BookLooks, promovido por personas vinculadas a Moms for Liberty, y advierte de que el temor a las consecuencias legales puede convertirse en una oportunidad comercial para quienes venden herramientas de clasificación y evaluación de contenidos. El resultado es que la selección profesional de las colecciones puede quedar subordinada a criterios ideológicos o a interpretaciones excesivamente restrictivas de la legislación.

En el ámbito federal, la controversia ha llegado al Congreso y a los tribunales. En 2023, el Senado celebró una audiencia sobre la prohibición de libros. El informe también señala que, durante 2025, el sistema educativo del Departamento de Defensa estadounidense retiró cerca de 600 títulos de sus escuelas. Asimismo, menciona el proyecto de ley federal H.R. 7661, orientado a restringir el acceso de menores a determinados materiales considerados de carácter sexual y que, según el artículo, había superado la fase de comisión y podía ser debatido por el pleno de la Cámara de Representantes. La preocupación de las organizaciones defensoras de la libertad de lectura es que la financiación educativa federal se utilice para imponer restricciones de contenido a las escuelas de todo el país.

Casos concretos en distintos estados

Arkansas: retirada de libros y presión sobre los profesionales. El informe reconstruye cómo una controversia local sobre materiales LGBTQ+ se convirtió en un conflicto estatal. En octubre de 2022 se presentó una petición para retirar la financiación a la biblioteca de Jonesboro por una exposición del Orgullo que se había realizado en 2021. Posteriormente, la junta de la biblioteca del condado de Crawford exigió trasladar libros LGBTQ+ a una sección separada, y su directora, Deidre Grzymala, dimitió en febrero de 2023 tras las presiones recibidas. En el condado de Saline, la directora Patty Hector fue despedida en octubre de 2023 después de negarse a retirar determinados libros. En marzo de ese año, Arkansas había aprobado la Ley 372 (Act 372), que generó litigios y fue bloqueada judicialmente en diciembre de 2024. En 2026, el consejo estatal de bibliotecas continuaba revisando las condiciones para conceder ayudas, con propuestas que podían enviar a la sección para adultos materiales que contuvieran descripciones o imágenes de genitales humanos, incluso cuando tuvieran valor educativo o artístico.

Florida: censura escolar y financiación pública. El Florida Freedom to Read Project documentó cómo las reclamaciones contra libros se relacionaron con campañas legislativas y con iniciativas para debilitar la confianza en la enseñanza pública. Según el testimonio de Stephana Ferrell recogido en el informe, la estrategia no se limitaba a retirar títulos: también contribuía a crear un entorno favorable a la expansión de los programas de elección educativa y los vales escolares para financiar centros privados, implantados en el estado en 2023. Las consecuencias señaladas incluyen una presión permanente sobre los distritos para retirar materiales, recortes presupuestarios en bibliotecas escolares y la reconversión de algunas bibliotecas de secundaria. El caso ilustra cómo las controversias sobre libros pueden tener efectos sobre la financiación y la propia organización de los servicios educativos.

Iowa: listas de retirada de cientos de títulos. Annie’s Foundation surgió después de una disputa en 2021 sobre dos novelas incluidas en el currículo de décimo curso: The Hate U Give, de Angie Thomas, y The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, de Sherman Alexie. Aunque el comité encargado de revisar las reclamaciones recomendó conservar ambas obras, la cuestión llegó al consejo escolar en una reunión marcada por insultos racistas y homófobos. Más adelante, en Urbandale, activistas consiguieron obtener una lista de más de 300 títulos que se pretendían retirar. Al facilitar la lista a un periodista, lograron que el caso adquiriera repercusión nacional. La experiencia demuestra la importancia del acceso a los documentos públicos y del trabajo conjunto entre familias, periodistas y organizaciones civiles para hacer visibles las decisiones de censura.

Luisiana: una campaña ciudadana que frenó proyectos legislativos. Este es uno de los ejemplos más claros de resistencia eficaz descritos en el artículo. En 2024, varias iniciativas legislativas amenazaban con criminalizar determinadas actuaciones de los bibliotecarios. Louisiana Citizens Against Censorship y la asociación estatal de bibliotecarios escolares coordinaron a profesionales de bibliotecas públicas, escolares y universitarias, familias y organizaciones colaboradoras. La campaña generó más de 40.000 correos electrónicos y llamadas a los legisladores en oposición a los proyectos. De nueve iniciativas contrarias a las bibliotecas que la coalición decidió combatir, siete fueron derrotadas y otra se modificó favorablemente para las bibliotecas; el balance de la organización fue que ocho de las nueve quedaron bloqueadas o sustancialmente corregidas. En 2025 y 2026 no aparecieron nuevas iniciativas de este tipo en el estado, según el testimonio incluido en el informe. La organización también creó pequeñas ayudas de hasta 500 dólares para apoyar proyectos comunitarios a favor de la libertad de lectura.

Nuevo México: amenazas a una autora y censura informal. La escritora Kit Rosewater, autora de The Derby Daredevils: Kenzie Kickstarts a Team, descubrió que su libro había sido arrojado a un contenedor junto a otras obras que incluían personajes LGBTQ+ y racializados. Una nota adhesiva explicaba el motivo de la retirada: el libro hablaba de un padre transgénero y de una adolescente que sentía atracción por otra chica. Más adelante, una visita escolar de la autora en su localidad tuvo que cancelarse tras las amenazas de algunos padres y el hostigamiento a la bibliotecaria del centro. En respuesta, Rosewater contribuyó a crear la coalición Freedom to Read New Mexico, cuya primera reunión se celebró el 18 de noviembre de 2025. El caso muestra que la censura puede afectar no solo a los libros, sino también a los autores, los actos culturales y la seguridad de los profesionales.

Tennessee: intimidación y organización comunitaria. En agosto de 2023, dos madres comenzaron a movilizarse frente a las restricciones impulsadas en las bibliotecas públicas del condado de Rutherford. De esa iniciativa surgió la Rutherford County Library Alliance, que llegó a contar con cientos de simpatizantes, unos 40 miembros que aportaban apoyo económico de forma periódica y más de 1.500 suscriptores de correo electrónico. En 2024, su actividad contribuyó a frenar dos proyectos legislativos contrarios a las bibliotecas en el comité de Educación del Senado estatal. La organización también apoyó la oposición a las retiradas de libros en las escuelas, objeto de una demanda judicial. Sus miembros denunciaron amenazas, acoso e intentos de presión sobre negocios locales que apoyaban la libertad de lectura. A pesar de ello, las reuniones de los consejos bibliotecarios llegaron a congregar a cientos de personas favorables al acceso a las colecciones.

Texas: leyes, listas de clasificación y uso de inteligencia artificial. Texas ocupa un lugar central en el informe por la combinación de campañas locales y legislación estatal. El artículo identifica grupos que acuden coordinadamente a reuniones de consejos escolares y municipales para reclamar la retirada de obras, con especial atención a las historias LGBTQ+, las experiencias de personas racializadas, los relatos sobre abusos sexuales y los libros sobre violencia política o religiosa. Entre las normas mencionadas figuran la Ley HB 900, conocida como READER Act, que exige a los proveedores clasificar determinados libros vendidos a los distritos escolares, y las leyes SB 12 y SB 13, relacionadas con restricciones sobre diversidad y con la creación de mecanismos de revisión de las colecciones escolares. El texto señala, además, un uso preocupante de herramientas de inteligencia artificial: algunos responsables escolares estarían introduciendo listas de libros solicitados para compra en ChatGPT y otras plataformas para identificar títulos que pudieran considerarse incompatibles con las políticas locales o las leyes estatales. Esto plantea interrogantes sobre la fiabilidad de los sistemas automatizados, sus criterios de clasificación y el riesgo de convertir filtros algorítmicos en mecanismos de censura.

Utah: una prohibición que se extiende a todo el estado. Según el informe, la aplicación de leyes estatales como la HB 29 ha permitido que las decisiones de algunos distritos escolares tengan consecuencias para las colecciones de todo Utah. En el momento recogido por el artículo, cerca de 40 títulos distintos habían sido prohibidos en las bibliotecas de las escuelas públicas de todo el estado. La organización Let Davis Read surgió para cuestionar estas medidas, informar a la comunidad y ofrecer una vía de participación a bibliotecarios y ciudadanos que temían hablar públicamente. El informe describe cómo una campaña contra el proyecto de ley HB 197 logró que una representante recibiera 400 correos electrónicos sobre la iniciativa y que el texto fuera revisado varias veces hasta quedar sustancialmente debilitado. La experiencia muestra la utilidad de las solicitudes de información pública, la vigilancia de los procedimientos administrativos y la presión ciudadana organizada.

Virginia: el caso de Gender Queer. La bibliotecaria escolar Kim Dare relata la controversia que comenzó en el condado de Fairfax en 2021, cuando un padre cuestionó públicamente la presencia de Gender Queer en la biblioteca de un instituto. La dirección del distrito retiró temporalmente la obra mientras se revisaba la reclamación, lo que impidió que los estudiantes accedieran a ella antes de que concluyera el procedimiento. Sin embargo, el comité de revisión, integrado por personal educativo, docentes, bibliotecarios y estudiantes, decidió por unanimidad mantener el libro en las estanterías de los institutos. Después de aquel episodio, la normativa del distrito se modificó para especificar que los libros impugnados debían permanecer disponibles mientras se examinaban las reclamaciones. Este caso demuestra la importancia de disponer de procedimientos transparentes y equilibrados, en los que las decisiones se tomen tras una evaluación profesional y no mediante retiradas preventivas.

Qué propone el informe para defender la libertad de lectura

La principal conclusión es que la respuesta a la censura requiere organización a largo plazo. El artículo subraya que las iniciativas locales pueden lograr cambios significativos cuando coordinan a bibliotecarios, docentes, familias, escritores, editoriales, asociaciones profesionales y organizaciones de derechos civiles. Las campañas de Luisiana y Utah muestran que las llamadas a los representantes, la participación en reuniones públicas, el acceso a documentos administrativos y la colaboración con periodistas pueden frenar proyectos restrictivos. También resulta fundamental que las bibliotecas mantengan políticas claras de selección y revisión de colecciones, que las reclamaciones sigan procedimientos documentados y que los materiales no sean retirados automáticamente antes de completar una evaluación.

Para las bibliotecas públicas y escolares, el informe plantea un desafío profesional y democrático. La libertad de lectura no significa que todas las obras deban estar necesariamente en todas las secciones o dirigidas a todas las edades, sino que las decisiones sobre las colecciones deben basarse en criterios profesionales, necesidades de los usuarios y procedimientos transparentes, no en la imposición ideológica de un grupo. La retirada de libros puede afectar de manera desproporcionada a jóvenes LGBTQ+, estudiantes racializados y otras personas cuyas experiencias están menos representadas en los recursos educativos. Cuando estas voces desaparecen de las colecciones, se reduce la diversidad de perspectivas a las que puede acceder la comunidad.

El informe de Book Riot documenta una transformación de la censura de libros en Estados Unidos: de reclamaciones individuales se ha pasado a campañas coordinadas que utilizan la presión política, la legislación, los procedimientos administrativos e incluso herramientas tecnológicas para restringir el acceso a determinadas obras. Pero también aporta ejemplos concretos de resistencia, desde las más de 40.000 comunicaciones ciudadanas en Luisiana hasta la movilización de familias y bibliotecarios en Iowa, Tennessee y Utah. Su mensaje final es que la defensa del derecho a leer depende de comunidades informadas, bibliotecas profesionales y alianzas capaces de sostener la libertad intelectual en el tiempo. El artículo invita a los lectores a identificar organizaciones locales de defensa de la lectura y participar en ellas, porque la protección de las bibliotecas y de sus colecciones no depende exclusivamente de las instituciones nacionales, sino también de la acción ciudadana en cada comunidad.

Políticas de acceso abierto en los Estados miembros de la UE y más allá

European Commission: Directorate-General for Research and Innovation and Spichtinger, D., Open access policies in EU Member States and beyond – Final report, Publications Office of the European Union, 2026, https://data.europa.eu/doi/10.2777/8921907

El objetivo de la publicación es ofrecer una visión actualizada de las políticas de acceso abierto en todos los Estados miembros de la UE y en determinados terceros países (por ejemplo, el Reino Unido, EE. UU., China y Japón). Su valor añadido reside en que esta información actualizada proporcionará a la Comisión y a los lectores externos un conocimiento actual y preciso sobre un componente importante de la ciencia abierta: el acceso abierto a las publicaciones científicas. Además, la información recopilada en el informe sirve de base para los trabajos relacionados con la propuesta de Ley del Espacio Europeo de Investigación. La publicación aborda un aspecto de la investigación en Europa.

Análisis comparativo de las políticas de acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de investigación en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, complementado con un estudio comparativo de ocho países no pertenecientes a la UE. Su objetivo es proporcionar una visión actualizada de los marcos nacionales de acceso abierto y, a partir de ellos, formular recomendaciones para mejorar la coordinación europea. El estudio destaca desde el principio que se han producido avances importantes durante más de una década, pero que estos avances son desiguales y fragmentados: los países difieren en la fuerza jurídica de sus políticas, los ámbitos cubiertos, los períodos de embargo, los derechos de autor, los sistemas de repositorios, los mecanismos de financiación y los procedimientos de seguimiento. Esta diversidad genera una considerable complejidad para investigadores, instituciones y financiadores, especialmente en los proyectos de colaboración internacional.

Uno de los principales hallazgos es que no existe todavía un modelo europeo homogéneo de acceso abierto. Los Estados miembros utilizan fundamentalmente tres tipos de instrumentos: estrategias nacionales, mandatos de los organismos financiadores y legislación. Las estrategias tienen la ventaja de facilitar el consenso y permitir una implantación progresiva, pero pueden quedarse en declaraciones de intenciones cuando no existen mecanismos de aplicación. Los mandatos de los financiadores permiten establecer obligaciones más concretas y adaptarse con mayor rapidez a los cambios del mercado editorial, aunque solamente afectan a la investigación financiada por esos organismos. La legislación proporciona mayor estabilidad jurídica y cobertura sistémica, pero puede resultar difícil de modificar cuando cambian las prácticas de publicación científica. El informe señala que los marcos que combinan varios instrumentos —legislación, financiación, estrategias nacionales e infraestructuras institucionales— ofrecen un entorno más completo, aunque también pueden generar complejidad si sus requisitos no son coherentes entre sí.

El informe concede especial importancia a la obligatoriedad de las políticas. La evidencia comparativa muestra que los planteamientos exclusivamente voluntarios tienden a producir resultados más desiguales, mientras que la combinación de obligaciones con infraestructuras, apoyo institucional y sistemas de seguimiento facilita una adopción más consistente. Sin embargo, el documento advierte de que una obligación legal, por sí sola, tampoco garantiza el cumplimiento: cuando no existen procedimientos de depósito sencillos, apoyo de las bibliotecas, recursos, sistemas de monitorización y mecanismos de cumplimiento, las disposiciones formales pueden tener en la práctica efectos similares a una política voluntaria. Por ello, el problema no es únicamente qué dice la legislación, sino también si las instituciones disponen de los medios necesarios para convertir esas obligaciones en prácticas habituales de los investigadores.

Otro aspecto fundamental es la transición desde los modelos basados en embargos hacia el acceso abierto inmediato. El estudio identifica los períodos de embargo como uno de los puntos de mayor divergencia entre los Estados miembros. Algunas políticas y organismos financiadores ya exigen acceso inmediato, mientras que otros permiten períodos determinados o incluso dejan la duración del embargo condicionada por las políticas de las editoriales. El informe propone avanzar hacia el acceso abierto inmediato y sin embargo para los artículos derivados de investigación financiada públicamente. Cuando esto no sea todavía posible, recomienda establecer como máximo seis meses para las ciencias, tecnologías y matemáticas y doce meses para las ciencias sociales y humanidades, con una progresiva eliminación de estos períodos. El estudio considera especialmente problemáticos los embargos indefinidos o aquellos cuya duración queda esencialmente en manos de las editoriales.

La cuestión de los derechos de autor y la retención de derechos ocupa igualmente una posición central. El informe distingue entre el derecho legal de publicación secundaria, que permite a los investigadores hacer disponible su trabajo independientemente de determinadas condiciones contractuales de las editoriales, y las políticas de rights retention, mediante las cuales los autores conservan los derechos necesarios para depositar sus manuscritos. La recomendación general es proporcionar a los investigadores una base jurídica sólida que permita el autoarchivo, preferentemente con embargo cero, y promover licencias abiertas como CC BY para las publicaciones y CC BY/CC0 para los metadatos, admitiendo excepciones justificadas. El objetivo es reducir la dependencia de las condiciones contractuales de los editores y garantizar que la financiación pública produzca resultados que puedan ser consultados y reutilizados públicamente.

El documento también aborda la transformación del acceso abierto hacia una concepción más amplia de la ciencia abierta. Ya no se trata solamente de que los artículos sean gratuitos para su lectura, sino de integrar publicaciones, datos de investigación, software, protocolos, infraestructuras, recursos educativos, ciencia ciudadana y nuevas formas de evaluación científica. Los datos deben gestionarse conforme a los principios FAIR —Findable, Accessible, Interoperable y Reusable—, aunque el informe recuerda que FAIR no significa necesariamente que todos los datos tengan que ser completamente abiertos: deben aplicarse los principios de «tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario». Los planes de gestión de datos deberían evolucionar desde documentos estáticos hacia herramientas legibles tanto por humanos como por máquinas.

Un elemento especialmente relevante es la infraestructura de repositorios. El informe considera que las políticas de acceso abierto necesitan apoyarse en repositorios institucionales, disciplinares o nacionales que permitan depositar, preservar y difundir las publicaciones y los datos. Se propone establecer requisitos técnicos comunes para los repositorios de confianza, incluyendo identificadores persistentes, metadatos abiertos y normalizados, licencias legibles por máquinas y APIs que permitan la agregación de información y el text and data mining. Además, se recomienda mejorar la conexión entre las infraestructuras nacionales y la European Open Science Cloud (EOSC). De esta manera, los repositorios dejan de ser simples depósitos de documentos para convertirse en elementos esenciales de la infraestructura europea de comunicación científica.

La financiación constituye otro de los grandes problemas identificados. El informe observa un crecimiento significativo de los costes asociados a las tasas de publicación —APC— y advierte de que la expansión de modelos basados exclusivamente en el pago por publicar puede generar nuevas desigualdades. Las instituciones y los investigadores con menor capacidad económica pueden quedar en desventaja frente a aquellos que disponen de mayores recursos. Por ello, se propone considerar los costes de acceso abierto, repositorios, gestión de datos, infraestructuras y formación como parte estructural de la financiación del sistema de investigación. Paralelamente, el estudio recomienda diversificar los modelos de publicación y fortalecer especialmente el Diamond Open Access, en el que ni los lectores ni los autores pagan por acceder o publicar, apoyando revistas y plataformas comunitarias, institucionales y sin ánimo de lucro.

Una cuestión particularmente importante es la relación entre acceso abierto y evaluación de la investigación. El informe considera que mientras los sistemas de evaluación sigan recompensando principalmente el prestigio de las revistas y determinados indicadores bibliométricos, los investigadores pueden tener pocos incentivos para priorizar la apertura. Por ello, recomienda integrar formalmente las prácticas de ciencia abierta en la evaluación de investigadores, proyectos e instituciones, en línea con iniciativas como CoARA y los principios de reforma de la evaluación científica. El acceso abierto debería formar parte de los criterios de reconocimiento junto con otras contribuciones científicas, y deberían evitarse incentivos que premien exclusivamente la publicación en revistas consideradas de máxima categoría.

En el caso de España, el informe describe un marco relativamente desarrollado que combina legislación, estrategia nacional y mandatos de organismos financiadores. La Ley 17/2022 exige el depósito simultáneo de las publicaciones con su fecha de publicación, mientras que la ENCA 2023-2027 amplía la perspectiva hacia la ciencia abierta, incorporando publicaciones, datos, software, protocolos y otros objetos digitales. También participan en este sistema organismos como AEI e ISCIII, junto con infraestructuras como RECOLECTA, que agrega metadatos procedentes de repositorios institucionales españoles y favorece su interoperabilidad con infraestructuras europeas.

España presenta además una característica especialmente significativa: la incorporación del acceso abierto a los sistemas de evaluación científica. La LOSU establece que las agencias de calidad deben incluir la accesibilidad en abierto de los resultados científicos entre sus criterios de evaluación y utilizar los repositorios institucionales para acceder a la documentación correspondiente. Asimismo, desde 2023 ANECA ha incorporado el depósito de los resultados de investigación como criterio en las convocatorias de sexenios, manteniéndose posteriormente este requisito. El informe interpreta esta conexión entre políticas de apertura y evaluación como un mecanismo capaz de modificar el comportamiento de los investigadores, al convertir el depósito y la disponibilidad de los resultados en elementos relevantes para la carrera científica.

Las bibliotecas públicas de EE. UU. tienen más recursos, pero pierden usuarios y circulación física

EveryLibrary Institute. New Freckle Project Report Examines 15 Years of Public Library Use. 7 de septiembre de 2026. Informe del Freckle Project, “15 Years of IMLS Figures”, elaborado a partir de estadísticas del Institute of Museum and Library Services (IMLS), 2010-2024 https://www.everylibraryinstitute.org/freckle_report_2026_15_years_public_library_use

Informe

El nuevo informe del Freckle Project, dirigido por el investigador Tim Coates y difundido por el EveryLibrary Institute, analiza quince años de estadísticas de las bibliotecas públicas estadounidenses, desde 2010 hasta 2024. Los datos muestran una paradoja especialmente relevante: las bibliotecas disponen actualmente de más instalaciones, más personal y mayores niveles de financiación que al comienzo del periodo, pero algunos de los principales indicadores de utilización física han descendido de manera considerable.

En 2024 Estados Unidos contaba con 17.580 instalaciones bibliotecarias y 147.289 empleados, mientras que las bibliotecas públicas recibieron cerca de 18.000 millones de dólares para gastos operativos y otros 1.600 millones para inversiones de capital.

El contraste resulta especialmente evidente en las visitas y los préstamos. Las visitas anuales a las bibliotecas públicas pasaron de aproximadamente 1.570 millones en 2010 a 869 millones en 2024, lo que supone una reducción cercana al 45 %. La circulación total también descendió, desde unos 2.470 millones de documentos hasta 1.710 millones durante el mismo periodo. El informe identifica además una caída particularmente pronunciada de la circulación física de materiales para adultos: una vez descontadas las circulaciones electrónicas y las correspondientes a la colección infantil, Coates estima que esta categoría se redujo alrededor de un 68 % entre 2010 y 2024.

A partir de estos datos, el informe plantea una cuestión de fondo sobre la estrategia de las bibliotecas públicas: no basta con preguntarse qué materiales se prestan, sino también cuáles no se prestan porque la biblioteca no los tiene. Coates propone revisar las colecciones físicas de manera mucho más detallada para comprobar si contienen los temas, autores, clásicos, obras de fondo y títulos de no ficción práctica que buscan los lectores. También señala la necesidad de identificar colecciones envejecidas o poco relevantes que puedan estar ocupando espacio en detrimento de materiales con mayor potencial de uso.

La propuesta implica recuperar la colección física y la experiencia de descubrimiento como elementos centrales del servicio bibliotecario. El informe recomienda analizar la circulación biblioteca por biblioteca y estantería por estantería, reforzar las colecciones básicas, mejorar la señalización y la presentación de los fondos y crear espacios que favorezcan la exploración y la lectura. En este sentido, el estudio no interpreta necesariamente la caída de la circulación como una pérdida de interés por la lectura, sino que plantea que las propias bibliotecas deben investigar hasta qué punto sus colecciones, su organización y la forma en que presentan los materiales responden a las necesidades actuales de sus comunidades.

En definitiva, el informe plantea una paradoja que resulta muy pertinente para el debate bibliotecario actual: las bibliotecas estadounidenses cuentan con más recursos que nunca, pero sus indicadores tradicionales de uso físico han retrocedido notablemente. El reto que plantea Coates es convertir esa constatación en una oportunidad para revisar las colecciones, los espacios y los mecanismos de descubrimiento, preguntándose no solamente qué servicios ofrecen las bibliotecas, sino también si están ofreciendo aquello que los usuarios realmente quieren encontrar.

Recursos tecnológicos en los espacios de creación (makerspaces) de las bibliotecas universitarias de Estados Unidos.

Students working with 3D printer, laser cutter, and electronics in a library makerspace
Students collaborate on 3D printing, laser cutting, and electronics projects in a library makerspace.

Kotuła, S. D. (2026). An exploratory study of technological resources in makerspaces at academic libraries in the United States. The Journal of Academic Librarianship, 52, 103325. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2026.103325

Este estudio exploratorio analiza la presencia, la infraestructura tecnológica, los modelos de personal y los servicios de apoyo al usuario en los makerspaces ubicados dentro de bibliotecas universitarias en los Estados Unidos.

La investigación tomó como base una muestra representativa de 436 instituciones educativas pertenecientes al Best National University Rankings de 2025, de las cuales se identificaron 138 bibliotecas universitarias con espacios de fabricación digital y creación activa, lo que representa aproximadamente el 32% de adopción. Este porcentaje se mantiene muy estable en comparación con mediciones previas realizadas en 2023, lo que sugiere una etapa de consolidación e institucionalización de estos entornos dentro de la infraestructura bibliotecaria universitaria en lugar de una expansión acelerada.

En cuanto al inventario y categorización de recursos tecnológicos, el estudio agrupa el equipamiento en cinco áreas funcionales clave: medios y producción de contenidos, herramientas vocacionales/artesanales, fabricación digital, tecnologías emergentes/especializadas, y electrónica/sistemas embebidos. Aunque la categoría de producción de medios abarca la mayor variedad tipológica de herramientas (41 tipos distintos), la fabricación digital destaca como la más extendida y presente entre las instituciones analizadas. Las impresoras 3D, máquinas de corte y herramientas textiles (como máquinas de coser y remalladoras) constituyen los recursos nucleares más comunes, estando presentes en un rango de entre 53% y 72% de los makerspaces estudiados. Esta convergencia muestra un modelo que equilibra las tecnologías de prototipado rápido digital con actividades artesanales y de manufactura tradicional.

El análisis cuantitativo revela un patrón de distribución de infraestructura de «cola larga» (long tail), donde un conjunto estándar y muy homogéneo de herramientas compone el núcleo básico de casi todos los espacios. Por el contrario, los recursos de tecnología avanzada o altamente especializados —tales como paredes de video para visualización masiva de datos, laboratorios de inteligencia artificial, simuladores de vuelo, mesas de disección virtual o estaciones de mapeo GIS— están concentrados de manera marginal en menos del 3% de las instalaciones. Esto demuestra que la singularidad, la capacidad de innovación interdisciplinaria y la identidad propia de cada biblioteca dependen de un nicho periférico de equipamiento adaptado a sus prioridades institucionales concretas, mientras que su infraestructura base sigue un patrón común.

Respecto a la gestión operativa, la investigación constata la ausencia de un modelo organizativo o de personal estandarizado. Las estructuras de trabajo abarcan desde la gestión unipersonal a cargo de un bibliotecario o especialista técnico, hasta modelos basados en docentes universitarios o equipos dinámicos apoyados por estudiantes de grado y posgrado. Asimismo, se identifican modelos orientados a la comunidad o al compromiso profesional que integran mentores externos, exalumnos y voluntarios. En el ámbito del servicio, las bibliotecas suelen aplicar una modalidad combinada que abarca el acceso autónomo previa capacitación en seguridad, talleres grupales para el desarrollo de competencias prácticas y, en menor grado, la integración activa de proyectos de makerspace dentro del plan de estudios formal de las universidades.

250 años de historia de Estados Unidos a través de los libros conservados por las bibliotecas

OCLC. America’s 250-Year Bookshelf. Dublin (Ohio): OCLC, 2026. Recurso digital publicado con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, disponible en la plataforma oficial de WorldCat. Consultado en junio de 2026. https://www.oclc.org/en/worldcat/americas-250-year-bookshelf.html

Con motivo de la conmemoración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, OCLC —la principal organización cooperativa internacional dedicada a servicios bibliotecarios y creadora de WorldCat— ha lanzado una iniciativa singular titulada America’s 250-Year Bookshelf. Se trata de una selección de 250 libros de no ficción sobre Estados Unidos, escogiendo un título representativo por cada año transcurrido desde 1776 hasta 2026.

La selección no responde a criterios editoriales tradicionales ni a listas elaboradas por críticos literarios, sino a un criterio particularmente revelador: qué libros han sido conservados de forma continuada por miles de bibliotecas a lo largo de generaciones.

El proyecto utiliza los datos acumulados en WorldCat, considerado el catálogo colectivo más grande del mundo, para identificar qué obras sobre la experiencia estadounidense han demostrado una permanencia sostenida en las colecciones bibliotecarias. La premisa es especialmente interesante desde una perspectiva bibliotecaria: en lugar de medir la importancia cultural de un libro a partir de ventas, premios o tendencias algorítmicas, se toma como indicador el hecho de que las bibliotecas hayan decidido conservar esas obras durante décadas o incluso siglos, otorgándoles una forma de validación basada en la memoria institucional y en la preservación del conocimiento.

La cronología comienza en 1776 con Common Sense de Thomas Paine, el célebre panfleto político que defendió la independencia de las colonias americanas frente al Imperio británico. A partir de ahí, la lista recorre obras fundamentales que han ayudado a interpretar la evolución política, social, económica y cultural del país. Entre ellas aparecen títulos tan emblemáticos como Democracy in America de Alexis de Tocqueville (1835), John Brown de W. E. B. Du Bois (1909), o Hidden Figures de Hidden Figures de Margot Lee Shetterly (2016), hasta llegar a publicaciones recientes como American Struggle de Jon Meacham, publicado en 2026.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la reivindicación del papel de las bibliotecas como instituciones capaces de determinar, a largo plazo, qué conocimiento permanece vivo en la memoria colectiva. Según explicó Skip Prichard, presidente ejecutivo de OCLC, existen innumerables listas que recomiendan qué leer sobre Estados Unidos, pero esta es distinta porque cada libro “ganó su lugar” debido a que miles de bibliotecas decidieron conservarlo durante décadas, convirtiendo esa permanencia en un indicador más honesto de relevancia cultural que cualquier algoritmo o valoración crítica circunstancial.

Más allá de ser una simple lista de lectura, America’s 250-Year Bookshelf constituye una reflexión sobre el valor patrimonial de las colecciones bibliotecarias y sobre la función silenciosa pero esencial que desempeñan las bibliotecas en la preservación de la memoria histórica. El proyecto pone de relieve cómo las decisiones acumuladas de selección, catalogación y conservación tomadas por miles de profesionales de la información terminan configurando una narrativa cultural colectiva. En un contexto marcado por la volatilidad digital, la sobreabundancia informativa y la recomendación automatizada mediante inteligencia artificial, esta iniciativa recuerda que las bibliotecas siguen siendo guardianas fundamentales de aquello que una sociedad considera digno de ser recordado y transmitido a futuras generaciones.

Cómo los bibliotecarios se convirtieron en el activo más valioso de Estados Unidos para la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial

Bishop, Carley. 2024. How Librarians Became America’s Greatest Asset in WWII Intelligence. 1000 Libraries Magazine, 11 de noviembre de 2024. https://magazine.1000libraries.com/how-librarians-became-americas-greatest-asset-in-wwii-intelligence/

Durante la Segunda Guerra Mundial, los bibliotecarios estadounidenses desempeñaron un papel decisivo en la construcción del aparato de inteligencia del país. En un momento en el que Estados Unidos carecía de una estructura consolidada para el análisis sistemático de información global, el gobierno recurrió a profesionales con habilidades muy específicas en organización del conocimiento, catalogación y análisis documental. Esta necesidad se intensificó con la creación del Office of Strategic Services (OSS), antecedente de la CIA, que buscaba perfiles capaces de transformar grandes volúmenes de datos dispersos en inteligencia útil y operativa.

Uno de los núcleos más importantes de esta colaboración fue la Research and Analysis Branch del OSS, donde trabajaron numerosos bibliotecarios, archivistas y académicos. Su labor consistía en recopilar información procedente de fuentes abiertas —libros, periódicos, informes técnicos, revistas científicas, mapas y estadísticas económicas— para construir análisis detallados sobre los países implicados en la guerra. Su formación profesional, centrada en la clasificación y recuperación eficiente de información, se convirtió en una ventaja estratégica en un contexto en el que la “guerra de la información” era tan relevante como el conflicto militar directo.

El artículo subraya que estos profesionales no solo trabajaron en bibliotecas o centros de análisis en Estados Unidos, sino que muchos fueron enviados a Europa y otros territorios con misiones de campo. Allí debían localizar, copiar y preservar documentos clave, en muchos casos utilizando microfilm, una tecnología esencial para la época. También recuperaban publicaciones restringidas o censuradas en territorios ocupados, lo que permitía acceder a datos sobre infraestructuras, producción industrial, movimientos logísticos o estructuras políticas de los países enemigos. Esta labor combinaba investigación académica con prácticas propias del espionaje, aunque muchas veces se realizaba bajo la cobertura de actividades culturales o documentales.

El texto destaca asimismo la dimensión humana y de riesgo de estas operaciones. Algunos bibliotecarios trabajaron en condiciones de gran presión, con vigilancia constante y peligro de detención. Figuras como Adele Kibre simbolizan este perfil híbrido entre intelectual y agente de inteligencia, capaz de operar en entornos hostiles utilizando habilidades de análisis documental más que armamento o espionaje tradicional. Esta transformación del rol bibliotecario demuestra cómo la guerra amplió los límites de las profesiones vinculadas a la información.

El artículo destaca las consecuencias a largo plazo de esta colaboración entre bibliotecas e inteligencia militar. Tras la guerra, se reforzó la percepción de que la gestión de la información era un recurso estratégico para los Estados modernos. Esto contribuyó a una mayor inversión en bibliotecas, archivos y sistemas de documentación, y a la consolidación de disciplinas como la ciencia de la información. En este sentido, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial no solo transformó el papel de los bibliotecarios, sino que ayudó a redefinir la importancia política y estratégica del conocimiento organizado en la sociedad contemporánea.

55 momentos que redefinieron la biblioteconomía: una historia de bibliotecas, libertad y transformación social

Price, Sallyann. “55 Moments That Redefined Librarianship.” American Libraries Magazine, 1 de mayo de 2026. American Libraries Magazine

El artículo presenta la historia de las bibliotecas como una historia de transformación social constante. Las bibliotecas aparecen no solo como lugares donde se almacenan libros, sino como instituciones esenciales para la democracia, la igualdad de acceso a la información, la memoria colectiva y la defensa de los derechos civiles.

El artículo publicado por American Libraries con motivo del 150 aniversario de la American Library Association (ALA) recorre algunos de los momentos más decisivos de la historia de las bibliotecas estadounidenses desde 1876 hasta 2026. El texto muestra cómo las bibliotecas han evolucionado junto con la sociedad norteamericana, convirtiéndose en espacios de acceso democrático al conocimiento, defensa de la libertad intelectual, inclusión social y adaptación tecnológica.

La historia comienza en 1876 con la fundación de la American Library Association por un grupo de 103 bibliotecarios reunidos en Filadelfia. Entre los protagonistas destacó Melvil Dewey, creador de la Clasificación Decimal Dewey, sistema que revolucionó la organización bibliográfica. Sin embargo, el artículo también revisa críticamente su figura debido a sus actitudes racistas, antisemitas y a las denuncias por conducta inapropiada. En esos años se consolidaron innovaciones fundamentales como el catálogo en fichas y la creación de la primera escuela de biblioteconomía en Columbia College en 1887, lo que contribuyó a profesionalizar el trabajo bibliotecario.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las bibliotecas públicas experimentaron una enorme expansión gracias a Andrew Carnegie, quien financió más de 2.500 bibliotecas gratuitas en todo el mundo. Paralelamente surgieron nuevas formas de servicio bibliotecario, como los bibliobuses impulsados por Mary Titcomb en 1905, destinados a acercar los libros a comunidades rurales. También comenzaron a desarrollarse bibliotecas escolares y servicios especializados para inmigrantes, aunque muchos de ellos estaban influenciados por políticas de americanización y asimilación cultural.

El artículo aborda igualmente las profundas desigualdades raciales de la época. En el sur segregado de Estados Unidos, las personas negras tenían acceso únicamente a bibliotecas separadas. Un ejemplo destacado fue la Western Branch Library de Louisville, inaugurada en 1908 como la primera biblioteca pública destinada exclusivamente a afroamericanos y gestionada por bibliotecarios negros.

Durante la Primera Guerra Mundial, la ALA creó el Library War Service, un programa que distribuyó millones de libros a soldados estadounidenses y estableció bibliotecas en campos militares. Esta experiencia reforzó la idea de las bibliotecas como instrumentos de apoyo moral, educativo y cultural incluso en tiempos de guerra. Posteriormente, durante la Gran Depresión, proyectos como el Pack Horse Library Project llevaron libros a regiones aisladas de los Apalaches mediante bibliotecarias a caballo, convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados de la extensión bibliotecaria rural.

El texto también analiza la evolución de los servicios inclusivos. En 1931 se creó el servicio nacional de lectura para personas ciegas o con discapacidad visual, mientras que los premios Newbery y Caldecott ayudaron a legitimar la literatura infantil como un campo literario y educativo de gran importancia.

Uno de los momentos más críticos relatados fue la conferencia de la ALA en Richmond en 1936, celebrada bajo las leyes segregacionistas Jim Crow. Los asistentes negros fueron discriminados en hoteles, comidas y espacios de reunión. Las protestas posteriores impulsaron cambios en la organización y condujeron a políticas antidiscriminatorias dentro de la asociación.

A partir de la década de 1940, la defensa de la libertad intelectual se convirtió en uno de los ejes centrales de la profesión bibliotecaria. La aprobación de la Library Bill of Rights en 1939 y de la Freedom to Read Statement en 1953 consolidó el compromiso de las bibliotecas con la diversidad de ideas y la oposición a la censura, especialmente durante la Guerra Fría y el macartismo.

Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por la lucha por los derechos civiles. Numerosas protestas y sentadas en bibliotecas segregadas del sur contribuyeron a la desegregación de estos espacios. Bibliotecarios afroamericanos como E. J. Josey impulsaron reformas dentro de la ALA para combatir la discriminación racial. En esos años también surgieron grupos profesionales vinculados a movimientos sociales, como el Black Caucus, la Rainbow Round Table y Reforma, reflejando una profesión cada vez más diversa y comprometida socialmente.

El artículo destaca además la revolución tecnológica que transformó radicalmente las bibliotecas. El desarrollo del formato MARC por Henriette Avram permitió informatizar los registros bibliográficos y facilitó la transición desde los catálogos en fichas hacia los catálogos digitales. Más tarde, proyectos como Project Gutenberg y Google Books ampliaron enormemente el acceso digital a millones de textos.

En las décadas de 1980 y 1990 crecieron las polémicas sobre censura y retirada de libros. La creación de la Banned Books Week en 1982 respondió a los intentos de prohibir obras relacionadas con sexualidad, religión o diversidad cultural. Al mismo tiempo, internet y los ordenadores personales transformaron el acceso a la información y convirtieron a las bibliotecas en centros tecnológicos y de alfabetización digital.

En el siglo XXI, las bibliotecas enfrentaron nuevos desafíos relacionados con la vigilancia gubernamental, los desastres naturales y la desigualdad social. Tras los atentados del 11 de septiembre, la Patriot Act permitió el acceso gubernamental a registros bibliotecarios, lo que provocó una fuerte oposición de la ALA. Durante el huracán Katrina, muchas bibliotecas funcionaron como centros de ayuda comunitaria y acceso a información esencial.

El artículo también analiza medidas recientes como la eliminación de multas por retraso, consideradas una barrera injusta para usuarios con menos recursos, y la respuesta bibliotecaria durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas bibliotecas ofrecieron acceso Wi-Fi, actividades virtuales y apoyo educativo remoto.

Finalmente, el texto se centra en los retos actuales: el impacto de la inteligencia artificial generativa, las campañas de censura dirigidas especialmente contra libros relacionados con comunidades LGBTQ+ y minorías raciales, y las tensiones políticas en torno a la financiación y el papel social de las bibliotecas. La llegada de herramientas como ChatGPT abrió debates sobre derechos de autor, alfabetización informacional y desinformación digital. Al mismo tiempo, la ALA y numerosos profesionales han impulsado campañas de defensa de las bibliotecas y de la libertad de lectura frente a crecientes presiones ideológicas.

Libros para las trincheras: el servicio bibliotecario de la ALA durante la Primera Guerra Mundial

Barcelona, Leanna. “The Books They Read: Library War Service in WWI.” American Library Association Archives, 20 de marzo de 2017. https://www.library.illinois.edu/ala/2017/03/20/the-books-they-carried/

Se analiza uno de los episodios más singulares de la historia de las bibliotecas: el esfuerzo de los bibliotecarios estadounidenses por llevar libros y lectura a soldados y marineros durante la Primera Guerra Mundial. El texto explica cómo la llamada Library War Service transformó a las bibliotecas en instrumentos de apoyo moral, educativo y psicológico en medio del conflicto bélico.

La iniciativa comenzó en 1917, cuando la American Library Association organizó una enorme campaña nacional de recogida de fondos y donación de libros. El objetivo era proporcionar “un libro para cada hombre”, es decir, garantizar que todos los soldados estadounidenses, tanto en los campos de entrenamiento como en Europa, tuvieran acceso a materiales de lectura. La campaña alcanzó dimensiones extraordinarias: se recaudaron alrededor de cinco millones de dólares, se distribuyeron entre siete y diez millones de libros y revistas, y se construyeron treinta y seis bibliotecas militares financiadas por la Carnegie Corporation.

El artículo subraya que las bibliotecas de guerra no eran simples depósitos de libros, sino espacios de refugio emocional y cultural para los combatientes. Los soldados encontraban en la lectura una forma de evasión frente al horror de la guerra, pero también un medio para mantener la conexión con la vida civil y con la idea de un futuro después del conflicto. Según testimonios recogidos en el texto, los libros circulaban constantemente entre marineros y soldados, que tenían acceso libre a ellos sin restricciones ni controles estrictos.

Uno de los aspectos más interesantes del artículo es la reflexión sobre qué leían realmente los soldados. Aunque existía la imagen romántica de militares leyendo novelas de aventuras o relatos patrióticos, gran parte de las obras solicitadas eran libros técnicos y prácticos. Muchos combatientes buscaban prepararse para la reintegración laboral tras la guerra y leían manuales de mecánica, carpintería, ingeniería, negocios o transporte ferroviario. La lectura aparecía así vinculada a la formación profesional y a la movilidad social.

Al mismo tiempo, las novelas de ficción seguían teniendo un enorme éxito. Los relatos de aventuras, detectives y westerns ayudaban a aliviar la ansiedad y el agotamiento emocional. Algunas investigaciones posteriores sobre biblioterapia señalaron incluso que muchos soldados hospitalizados preferían historias sentimentales o novelas románticas, algo que sorprendió a los propios bibliotecarios militares. Estas observaciones contribuyeron al desarrollo temprano de la biblioterapia, entendida como el uso terapéutico de la lectura para mejorar el bienestar psicológico.

El texto también muestra el lado ideológico y censor de la iniciativa. No todos los libros eran aceptados. La ALA retiró determinadas obras consideradas pacifistas o favorables al bolchevismo, especialmente tras el aumento del miedo al comunismo después de la Revolución Rusa. Títulos relacionados con León Trotski o con análisis simpatizantes de Rusia revolucionaria fueron eliminados de las bibliotecas militares por considerarse peligrosos para “jóvenes impresionables”. Esto revela cómo las bibliotecas, incluso en contextos humanitarios, podían convertirse también en instrumentos de control ideológico.

El artículo destaca asimismo la importancia histórica de este programa para la evolución de las bibliotecas estadounidenses. La Library War Service convirtió a la American Library Association en una organización nacional de gran relevancia pública y consolidó la idea de la biblioteca como servicio esencial para la democracia y el bienestar social. La experiencia de guerra fortaleció la percepción de que las bibliotecas no solo debían conservar libros, sino también actuar como agentes activos de educación, integración y apoyo comunitario.

La Biblioteca del Congreso lleva el almacenamiento en ADN sintético a la cápsula del 250 aniversario de EE. UU.

“Library to Add Cutting-Edge Molecular Data Storage Device Carrying Digitized Collections to America’s Time Capsule.” Library of Congress Newsroom, 20 de mayo de 2026. Acceso el 22 de mayo de 2026

Texto original

La Library of Congress ha anunciado uno de los proyectos de preservación documental más innovadores de la actualidad: la inclusión de un dispositivo de almacenamiento molecular basado en ADN sintético dentro de la cápsula del tiempo oficial del proyecto America250, que será enterrada en Filadelfia como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. El diminuto recipiente metálico contiene cadenas de ADN sintético codificadas con copias digitales de algunos de los documentos, sonidos e imágenes más importantes de la historia cultural y política estadounidense. La cápsula será abierta en el año 2276, coincidiendo con el tricentenario del país.

La iniciativa surge a partir de un estudio de viabilidad solicitado por el Congreso estadounidense en 2024 para investigar nuevas tecnologías de preservación digital. La Biblioteca comenzó entonces a explorar el potencial del ADN sintético como soporte de almacenamiento de datos a largo plazo. A diferencia del ADN biológico, el ADN sintético utilizado en este proyecto no pertenece a ningún organismo vivo ni puede emplearse para crear vida; se trata de moléculas artificiales diseñadas específicamente para almacenar información digital mediante secuencias químicas.

Para desarrollar el proyecto, la Biblioteca colaboró con el University of Washington Molecular Information Systems Lab, especializado en almacenamiento molecular de datos. Los investigadores transformaron archivos digitales en secuencias codificadas de ADN y posteriormente sintetizaron físicamente esas cadenas moleculares. Todo el contenido quedó encapsulado en un pequeño vial metálico del tamaño aproximado de una goma de borrar de lápiz. El dispositivo incluye además un microchip con instrucciones para decodificar la información en el futuro y reconstruir los archivos originales cuando la cápsula sea abierta dentro de 250 años.

Entre los materiales almacenados figuran algunos de los tesoros documentales más emblemáticos de la Biblioteca del Congreso. Destaca especialmente el borrador manuscrito de la Declaración de Independencia redactado por Thomas Jefferson, junto con documentos relacionados con el himno nacional estadounidense, grabaciones históricas de finales del siglo XIX, mapas históricos, manuscritos mesoamericanos precolombinos, documentos del Congreso y registros sonoros de comunidades indígenas norteamericanas. También se incluyen modelos tridimensionales, como una representación digital de la mano de Abraham Lincoln.

Uno de los aspectos más revolucionarios del proyecto es la extraordinaria densidad de almacenamiento del ADN. Según la Biblioteca, un solo milímetro cúbico de ADN sintético podría albergar aproximadamente nueve terabytes de datos digitales, una capacidad miles de veces superior a la de los sistemas tradicionales de almacenamiento, como discos duros, cintas magnéticas o servidores en la nube. Además, el ADN posee una ventaja fundamental para la preservación patrimonial: su enorme durabilidad. Diversos estudios científicos han demostrado que el ADN puede mantenerse legible durante miles e incluso millones de años bajo condiciones adecuadas.

El proyecto responde también a un problema creciente en bibliotecas, archivos y centros de memoria: el aumento exponencial de la información digital y las limitaciones de las infraestructuras actuales para conservarla indefinidamente. La Biblioteca del Congreso administra ya más de mil millones de objetos digitales y decenas de petabytes de información preservada. En este contexto, el ADN sintético aparece como una posible solución complementaria para la conservación masiva y sostenible de datos culturales.

La iniciativa tiene además un fuerte componente simbólico. La cápsula del tiempo no solo preservará la memoria histórica estadounidense, sino que servirá como testimonio del momento en que la humanidad comenzó a experimentar seriamente con formas biológicas de almacenamiento informacional. De alguna manera, el proyecto conecta dos momentos históricos separados por siglos: el nacimiento de Estados Unidos y el posible nacimiento de una nueva era en la preservación del conocimiento humano.

Desde el punto de vista bibliotecario y archivístico, este experimento representa una auténtica transformación conceptual. Durante milenios, el conocimiento humano fue almacenado en piedra, arcilla, pergamino, papel y, más recientemente, soportes magnéticos y digitales. El ADN sintético introduce un nuevo paradigma en el que la información deja de depender exclusivamente de dispositivos electrónicos y pasa a integrarse en estructuras moleculares inspiradas en la biología.

La Biblioteca del Congreso subraya que el proyecto todavía es experimental y de alcance limitado, pero considera que sus resultados pueden ayudar a abrir nuevas vías para la preservación digital de gran escala. Además, el estudio permitirá evaluar aspectos técnicos como la fiabilidad de la escritura molecular, la recuperación de datos, la detección de errores y los costes asociados a esta tecnología emergente. La institución espera que la experiencia sirva también de modelo para otros grandes organismos patrimoniales y científicos interesados en métodos de conservación a ultra largo plazo.