European Commission: Directorate-General for Research and Innovation and Spichtinger, D., Open access policies in EU Member States and beyond – Final report, Publications Office of the European Union, 2026, https://data.europa.eu/doi/10.2777/8921907
El objetivo de la publicación es ofrecer una visión actualizada de las políticas de acceso abierto en todos los Estados miembros de la UE y en determinados terceros países (por ejemplo, el Reino Unido, EE. UU., China y Japón). Su valor añadido reside en que esta información actualizada proporcionará a la Comisión y a los lectores externos un conocimiento actual y preciso sobre un componente importante de la ciencia abierta: el acceso abierto a las publicaciones científicas. Además, la información recopilada en el informe sirve de base para los trabajos relacionados con la propuesta de Ley del Espacio Europeo de Investigación. La publicación aborda un aspecto de la investigación en Europa.
Análisis comparativo de las políticas de acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de investigación en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, complementado con un estudio comparativo de ocho países no pertenecientes a la UE. Su objetivo es proporcionar una visión actualizada de los marcos nacionales de acceso abierto y, a partir de ellos, formular recomendaciones para mejorar la coordinación europea. El estudio destaca desde el principio que se han producido avances importantes durante más de una década, pero que estos avances son desiguales y fragmentados: los países difieren en la fuerza jurídica de sus políticas, los ámbitos cubiertos, los períodos de embargo, los derechos de autor, los sistemas de repositorios, los mecanismos de financiación y los procedimientos de seguimiento. Esta diversidad genera una considerable complejidad para investigadores, instituciones y financiadores, especialmente en los proyectos de colaboración internacional.
Uno de los principales hallazgos es que no existe todavía un modelo europeo homogéneo de acceso abierto. Los Estados miembros utilizan fundamentalmente tres tipos de instrumentos: estrategias nacionales, mandatos de los organismos financiadores y legislación. Las estrategias tienen la ventaja de facilitar el consenso y permitir una implantación progresiva, pero pueden quedarse en declaraciones de intenciones cuando no existen mecanismos de aplicación. Los mandatos de los financiadores permiten establecer obligaciones más concretas y adaptarse con mayor rapidez a los cambios del mercado editorial, aunque solamente afectan a la investigación financiada por esos organismos. La legislación proporciona mayor estabilidad jurídica y cobertura sistémica, pero puede resultar difícil de modificar cuando cambian las prácticas de publicación científica. El informe señala que los marcos que combinan varios instrumentos —legislación, financiación, estrategias nacionales e infraestructuras institucionales— ofrecen un entorno más completo, aunque también pueden generar complejidad si sus requisitos no son coherentes entre sí.
El informe concede especial importancia a la obligatoriedad de las políticas. La evidencia comparativa muestra que los planteamientos exclusivamente voluntarios tienden a producir resultados más desiguales, mientras que la combinación de obligaciones con infraestructuras, apoyo institucional y sistemas de seguimiento facilita una adopción más consistente. Sin embargo, el documento advierte de que una obligación legal, por sí sola, tampoco garantiza el cumplimiento: cuando no existen procedimientos de depósito sencillos, apoyo de las bibliotecas, recursos, sistemas de monitorización y mecanismos de cumplimiento, las disposiciones formales pueden tener en la práctica efectos similares a una política voluntaria. Por ello, el problema no es únicamente qué dice la legislación, sino también si las instituciones disponen de los medios necesarios para convertir esas obligaciones en prácticas habituales de los investigadores.
Otro aspecto fundamental es la transición desde los modelos basados en embargos hacia el acceso abierto inmediato. El estudio identifica los períodos de embargo como uno de los puntos de mayor divergencia entre los Estados miembros. Algunas políticas y organismos financiadores ya exigen acceso inmediato, mientras que otros permiten períodos determinados o incluso dejan la duración del embargo condicionada por las políticas de las editoriales. El informe propone avanzar hacia el acceso abierto inmediato y sin embargo para los artículos derivados de investigación financiada públicamente. Cuando esto no sea todavía posible, recomienda establecer como máximo seis meses para las ciencias, tecnologías y matemáticas y doce meses para las ciencias sociales y humanidades, con una progresiva eliminación de estos períodos. El estudio considera especialmente problemáticos los embargos indefinidos o aquellos cuya duración queda esencialmente en manos de las editoriales.
La cuestión de los derechos de autor y la retención de derechos ocupa igualmente una posición central. El informe distingue entre el derecho legal de publicación secundaria, que permite a los investigadores hacer disponible su trabajo independientemente de determinadas condiciones contractuales de las editoriales, y las políticas de rights retention, mediante las cuales los autores conservan los derechos necesarios para depositar sus manuscritos. La recomendación general es proporcionar a los investigadores una base jurídica sólida que permita el autoarchivo, preferentemente con embargo cero, y promover licencias abiertas como CC BY para las publicaciones y CC BY/CC0 para los metadatos, admitiendo excepciones justificadas. El objetivo es reducir la dependencia de las condiciones contractuales de los editores y garantizar que la financiación pública produzca resultados que puedan ser consultados y reutilizados públicamente.
El documento también aborda la transformación del acceso abierto hacia una concepción más amplia de la ciencia abierta. Ya no se trata solamente de que los artículos sean gratuitos para su lectura, sino de integrar publicaciones, datos de investigación, software, protocolos, infraestructuras, recursos educativos, ciencia ciudadana y nuevas formas de evaluación científica. Los datos deben gestionarse conforme a los principios FAIR —Findable, Accessible, Interoperable y Reusable—, aunque el informe recuerda que FAIR no significa necesariamente que todos los datos tengan que ser completamente abiertos: deben aplicarse los principios de «tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario». Los planes de gestión de datos deberían evolucionar desde documentos estáticos hacia herramientas legibles tanto por humanos como por máquinas.
Un elemento especialmente relevante es la infraestructura de repositorios. El informe considera que las políticas de acceso abierto necesitan apoyarse en repositorios institucionales, disciplinares o nacionales que permitan depositar, preservar y difundir las publicaciones y los datos. Se propone establecer requisitos técnicos comunes para los repositorios de confianza, incluyendo identificadores persistentes, metadatos abiertos y normalizados, licencias legibles por máquinas y APIs que permitan la agregación de información y el text and data mining. Además, se recomienda mejorar la conexión entre las infraestructuras nacionales y la European Open Science Cloud (EOSC). De esta manera, los repositorios dejan de ser simples depósitos de documentos para convertirse en elementos esenciales de la infraestructura europea de comunicación científica.
La financiación constituye otro de los grandes problemas identificados. El informe observa un crecimiento significativo de los costes asociados a las tasas de publicación —APC— y advierte de que la expansión de modelos basados exclusivamente en el pago por publicar puede generar nuevas desigualdades. Las instituciones y los investigadores con menor capacidad económica pueden quedar en desventaja frente a aquellos que disponen de mayores recursos. Por ello, se propone considerar los costes de acceso abierto, repositorios, gestión de datos, infraestructuras y formación como parte estructural de la financiación del sistema de investigación. Paralelamente, el estudio recomienda diversificar los modelos de publicación y fortalecer especialmente el Diamond Open Access, en el que ni los lectores ni los autores pagan por acceder o publicar, apoyando revistas y plataformas comunitarias, institucionales y sin ánimo de lucro.
Una cuestión particularmente importante es la relación entre acceso abierto y evaluación de la investigación. El informe considera que mientras los sistemas de evaluación sigan recompensando principalmente el prestigio de las revistas y determinados indicadores bibliométricos, los investigadores pueden tener pocos incentivos para priorizar la apertura. Por ello, recomienda integrar formalmente las prácticas de ciencia abierta en la evaluación de investigadores, proyectos e instituciones, en línea con iniciativas como CoARA y los principios de reforma de la evaluación científica. El acceso abierto debería formar parte de los criterios de reconocimiento junto con otras contribuciones científicas, y deberían evitarse incentivos que premien exclusivamente la publicación en revistas consideradas de máxima categoría.
En el caso de España, el informe describe un marco relativamente desarrollado que combina legislación, estrategia nacional y mandatos de organismos financiadores. La Ley 17/2022 exige el depósito simultáneo de las publicaciones con su fecha de publicación, mientras que la ENCA 2023-2027 amplía la perspectiva hacia la ciencia abierta, incorporando publicaciones, datos, software, protocolos y otros objetos digitales. También participan en este sistema organismos como AEI e ISCIII, junto con infraestructuras como RECOLECTA, que agrega metadatos procedentes de repositorios institucionales españoles y favorece su interoperabilidad con infraestructuras europeas.
España presenta además una característica especialmente significativa: la incorporación del acceso abierto a los sistemas de evaluación científica. La LOSU establece que las agencias de calidad deben incluir la accesibilidad en abierto de los resultados científicos entre sus criterios de evaluación y utilizar los repositorios institucionales para acceder a la documentación correspondiente. Asimismo, desde 2023 ANECA ha incorporado el depósito de los resultados de investigación como criterio en las convocatorias de sexenios, manteniéndose posteriormente este requisito. El informe interpreta esta conexión entre políticas de apertura y evaluación como un mecanismo capaz de modificar el comportamiento de los investigadores, al convertir el depósito y la disponibilidad de los resultados en elementos relevantes para la carrera científica.
