
Retraction Watch. “Federal lawsuit accuses four major publishers of extorting article processing charges.” Publicado el 31 de julio de 2026 https://retractionwatch.com/2026/07/31/federal-lawsuit-major-publishers-article-processing-charges-false-claims-act/
Una demanda presentada al amparo de la False Claims Act de Estados Unidos ha situado en el centro de la controversia a cuatro de las mayores editoriales científicas del mundo —Elsevier, Springer Nature, Wiley e Informa—, acusándolas de haber desarrollado durante más de una década un sistema para imponer tasas de procesamiento de artículos (Article Processing Charges, APC) supuestamente excesivas a universidades e instituciones de investigación financiadas con fondos públicos.
Según la denuncia, estas empresas habrían aprovechado su posición dominante en la comunicación científica para cobrar cantidades desproporcionadas por la publicación en acceso abierto, provocando que organismos financiados por el gobierno estadounidense presentaran reclamaciones de reembolso que, de acuerdo con los demandantes, constituían reclamaciones falsas frente a la Administración.
Las tarifas de las editoriales varían, pero las tarifas de procesamiento de artículos (APC) para el acceso abierto pueden oscilar entre cientos de dólares para revistas pequeñas y miles, llegando algunas a superar los 10 000 dólares por artículo. El coste real de procesar dichos artículos se sitúa entre 200 y 1000 dólares, según afirma Alperin en la demanda. El gobierno estadounidense exige que los artículos basados en investigaciones financiadas con fondos federales estén disponibles gratuitamente. La demanda alega que las editoriales eluden este mandato mediante la extorsión de APC y la cesión de derechos de autor a investigadores principales que, sin saberlo, tienen un deseo comprensible de publicar en revistas prestigiosas para avanzar en sus carreras.
La demanda sostiene que las editoriales conocían que numerosas investigaciones financiadas con fondos federales estaban obligadas a publicarse en abierto para cumplir con las políticas de acceso público, lo que habría reducido significativamente la capacidad de negociación de universidades y agencias financiadoras. Los denunciantes argumentan que esta situación permitió a las compañías incrementar de forma sistemática los APC muy por encima de los costes reales de publicación, convirtiendo el acceso abierto en un modelo altamente lucrativo basado en recursos públicos. Desde esta perspectiva, el problema no radica únicamente en el precio de las publicaciones, sino en que las instituciones acababan repercutiendo esos costes al gobierno federal mediante subvenciones y contratos de investigación.
El caso reviste especial interés porque utiliza la False Claims Act, una legislación tradicionalmente empleada para perseguir fraudes contra el gobierno estadounidense en ámbitos como la sanidad, la defensa o la contratación pública, pero que rara vez se ha aplicado al sector de la edición científica. La acción judicial fue presentada por los denunciantes Eugenie Reich y John R. Thomas Jr. mediante el procedimiento qui tam, que permite a particulares demandar en nombre del gobierno cuando consideran que se han producido fraudes contra fondos públicos. Aunque el Departamento de Justicia decidió no intervenir directamente en el litigio, ello no implica que las acusaciones carezcan de fundamento, ya que el procedimiento puede continuar impulsado por los propios denunciantes.
Las editoriales afectadas rechazan las acusaciones y previsiblemente defenderán que las tarifas de publicación responden a los costes asociados a la gestión editorial, la coordinación de la revisión por pares, la producción, la preservación digital y el mantenimiento de plataformas tecnológicas. El debate, por tanto, trasciende el ámbito jurídico y vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que lleva años preocupando a bibliotecas, universidades y financiadores: si el modelo de acceso abierto basado en APC está generando un nuevo tipo de dependencia económica, trasladando el coste desde las suscripciones tradicionales hacia unas tasas de publicación cada vez más elevadas.
Más allá del desenlace judicial, el caso podría tener importantes repercusiones para el futuro de la comunicación científica. Si prosperaran las reclamaciones, las editoriales comerciales podrían enfrentarse a un mayor escrutinio sobre la fijación de precios y sobre la transparencia de los costes asociados al acceso abierto. Asimismo, la demanda podría impulsar nuevas iniciativas para promover modelos alternativos de publicación científica —como el acceso abierto financiado institucionalmente, los acuerdos transformativos o las infraestructuras académicas sin ánimo de lucro— que reduzcan la dependencia de los APC como principal mecanismo de financiación de la ciencia abierta.








