Informe sobre la Sociedad Digital en España 2022. Madrid: Fundación telefónica, 2023
El informe ‘La Sociedad Digital en España’, convertido en un referente informativo, pretende reflejar el camino que está siguiendo nuestro país para convertirse en una sociedad en red. Esta transformación, acelerada por la crisis sanitaria, presenta numerosos desafíos donde el prioritario es conseguir que nadie se quedé atrás, garantizando así una transición inclusiva.
Como en años anteriores, este trabajo parte de tres fuentes de información: la procedente de los principales indicadores sobre el ecosistema digital, tanto nacionales como internacionales, otra que emana de las encuestas a clientes de las unidades de negocio de Telefónica y, finalmente, una visión territorial desde las comunidades autónomas.
Estamos viviendo una época histórica sin precedentes que, como sociedad, nos obliga a asimilar desafíos vitales para el crecimiento de nuestro país: es necesario abordar la transición digital de todos los sectores, transformar las empresas, paliar la falta de profesionales TIC, reducir las brechas digitales… Un esfuerzo común para evitar que nadie se quede atrás en esta nueva ola tecnológica y que podemos afrontar con optimismo, porque España ocupa una situación privilegiada en digitalización y conectividad.
La transformación digital se presenta como palanca clave de crecimiento económico y herramienta de recuperación, con especial protagonismo del 5G. El despliegue de esta tecnología supondrá, en nuestro país, inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 empleos. Además, se perfila como una palanca esencial para promover la sostenibilidad medioambiental, reduciendo las emisiones anuales totales de la Unión Europea hasta en un 20%. Son datos recogidos en ‘La Sociedad Digital en España 2022’ que recoge los indicadores sociales más relevantes para medir el avance hacia la digitalización.
El ocio digital continúa siendo uno de los principales motivos de uso de internet: casi dos tercios (64,7%) de los internautas españoles han visto contenido multimedia en 2021, situándose como uno de los principales usos de internet.
Dentro de los canales o medios que los usuarios prefieren a los servicios digitales se continúa accediendo a través del ordenador, el smartphone y la tableta, sin embargo, otros dispositivos (altavoces inteligentes, smart TVs, pulseras de actividad, sistemas IoT domésticos, electrodomésticos inteligentes) comienzan a tener una presencia destacada. En 2021, por primera vez, más de la mitad de los hogares (53,1%) contaba con un televisor inteligente conectado a internet, casi 11 puntos más que en 2020.
A pesar del avance hacia la digitalización, siguen existiendo brechas. Una de las más evidentes es la relacionada con la edad, donde el 30% de los mayores de 65 años no hace uso de internet. Otra de las brechas digitales está relacionada con el nivel formativo y de cualificación: en 2021, una quinta parte de las familias españolas no disponía de ordenador, un dispositivo necesario para llevar a cabo usos avanzados de internet, como teletrabajar o formarse online. Esto pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que ayuden a disminuir la brecha de capacitación digital sin olvidar la brecha derivada de la falta de disponibilidad de dispositivos suficientes.
La inteligencia artificial, el big data, internet de las cosas, blockchain, cloud o la robótica, están dando forma a la economía del dato y del conocimiento.
A finales de 2021, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre el grado de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que estaba centrado sobre el tema de la protección de los derechos fundamentales en la era digital. El documento identifica varios problemas asociados con la transformación tecnológica en marcha considerados especialmente preocupantes, como son, la gestión de contenidos por parte de las plataformas digitales, los derechos individuales frente al uso de la inteligencia artificial, las distintas brechas digitales, los derechos de los trabajadores de la gig economy, y la vigilancia basada en recopilar macrodatos de la ciudadanía.
Desde la perspectiva de los Estados miembros, España ha sido pionera en la adopción en julio de 2021 de una Carta de Derechos Digitales, que pretende equiparar la protección de los derechos de los ciudadanos en los entornos offline y online.
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