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Ley de Transparencia y grandes empresas en España

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Cruz, César N. Ley de Transparencia y grandes empresas en España.Análisis de la implementación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 43 grandes empresas españolas (2017-2018) Madrid:  Transparencia Internacional España , 2018

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Este informe repite el ejercicio de valoración realizado el año pasado 2017, y forma parte de la investigación iniciada en 2015 en el marco del Proyecto Integridad, de Transparencia Internacional España, cuyo objetivo fue identificar y precisar cuáles eran las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013, o LTAIBG) para las entidades privadas, en particular las derivadas del artículo 3 b) y 4 de dicha norma.

Como en 2017, el informe aquí presentado analiza el nivel de cumplimiento de la LTAIBG por parte de 43 grandes empresas españolas durante 2018. Así pues, este informe arroja luz sobre el comportamiento de las empresas españolas cotizadas en relación con la ley de transparencia de ámbito estatal: ¿Cumplen o no con la Ley 19/2013 y en qué medida? ¿Qué información publican de aquella relevante para la Ley de Transparencia? Hay que precisar que el estudio se centra en la publicidad activa y no analiza las obligaciones asociadas al suministro de información por parte de las empresas a las administraciones públicas, en el caso de que éstas la soliciten (la que también llamamos “publicidad pasiva indirecta”).

A diferencia del informe previo de 2017, este informe sí identifica a las empresas no cumplidoras, describiendo en cada caso qué información hacen pública en sus respectivas páginas web. Este informe ofrece herramientas para facilitar esta labor de publicidad activa, y se ofrecen recomendaciones para una adecuada implementación de la Ley de Transparencia 19/2013, así como también sobre los cambios que parecen necesarios en la normativa vigente, asociado a su segunda propuesta de desarrollo reglamentario de dicha norma básica, aún pendiente de iniciar trámite parlamentario.

Los principales hallazgos son que para 2018 del conjunto de 132 empresas españolas cotizadas seleccionadas (aquellas dentro del llamado mercado continuo), se identificaron como sujetos obligados al 32,6 % del total (porcentaje muy semejante al de años anteriores), y que dichas empresas reiteran su incumplimiento asociado a esta norma, pues aun siendo identificadas como sujetos obligados, no han tomado medidas claras para atender estas obligaciones de publicidad activa.

El gobierno electrónico favorece la transformación hacia sociedades sostenibles y resilentes

 

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United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies.  [e-Book] Paris, Naciones Unidas, 2018.

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Una nueva encuesta mundial muestra que el gobierno electrónico apoya la transformación hacia sociedades sostenibles y resistentes. Estudio de las Naciones Unidas sobre el gobierno electrónico, 2018

Los países europeos lideran el desarrollo del gobierno electrónico a nivel mundial; Américas y Asia comparten una posición casi igualitaria en los niveles altos y medios del índice de gobierno electrónico, y muchos países africanos siguen luchando por mejorar su posición en el gobierno electrónico.

  • Ocho de los 11 nuevos países que se unieron al grupo de muy alto rendimiento en 2018 son de Europa (Bielorrusia, Grecia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Polonia, Portugal y la Federación Rusa) y dos de Asia (Chipre y Kazajstán).
  • Los avances en el desarrollo del gobierno electrónico en América y Asia son lentos, aunque notables. Dos tercios de los países de Asia (31 de 47) y casi la mitad de los países de América (15 de 35) tienen una puntuación superior al promedio mundial del EGDI de 0,55.
  • Uruguay es el único país latinoamericano con puntuaciones muy altas en EGDI, uniéndose a los otros dos precursores de la región en este grupo: Estados Unidos y Canadá.
  • Sólo 4 de los 54 países de África obtienen una puntuación superior a la media mundial del EGDI, que es de 0,55, mientras que 14 países tienen puntuaciones muy bajas por debajo de 0,25. Estos países también tienen bajos ingresos y es probable que tengan dificultades para asignar los recursos necesarios para el desarrollo del gobierno electrónico.
  • La disparidad en el nivel de desarrollo del gobierno electrónico también es bastante alta entre los países de las regiones de África y Oceanía. Australia y Nueva Zelanda son los dos únicos países de Oceanía que obtienen una puntuación tan alta como 0,9053 y 0,8806 respectivamente. Las puntuaciones de los otros 12 países oscilan entre 0,2787 y 0,5348, lo que está por debajo de la media mundial de 0,55.
  • En general, existe una correlación positiva entre el nivel de ingresos del país y su posición en el gobierno electrónico. Los países de ingresos altos tienen puntuaciones muy altas o altas en el EGDI. Sin embargo, esto no es universal. Veintidós países de ingresos medianos altos y 39 de ingresos medianos bajos tienen puntuaciones del EGDI inferiores al promedio mundial y 10 países del grupo de ingresos medianos bajos tienen puntuaciones superiores al promedio mundial del EGDI. Por otra parte, los países de menores ingresos siguen rezagados debido al nivel relativamente bajo de desarrollo de todos los componentes del Índice.
  • Por primera vez en 2018, el principal contribuyente a la mejora de las puntuaciones de la EDGI en todos los grupos de ingresos es el desarrollo de los servicios en línea, lo que sugiere que, a nivel mundial, hubo un progreso constante en la mejora de la administración electrónica y la prestación de servicios públicos en línea.
  • Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas contaban con portales y sistemas internos nacionales para automatizar las tareas administrativas básicas, y 140 prestan al menos un servicio de transacciones en línea. La tendencia de mejora en los servicios transaccionales en línea es fuerte y consistente en todas las categorías evaluadas, siendo los tres servicios más utilizados el pago de servicios públicos (140 países), la presentación de impuestos sobre la renta (139 países) y el registro de nuevas empresas (126 países).
  • Cada vez más países ofrecen servicios en línea dirigidos a los grupos más vulnerables. Desde la perspectiva regional, Europa sigue liderando la prestación de servicios en línea para todos los grupos vulnerables, alcanzando una cobertura casi universal en toda la región o en más del 80% de todos los países europeos.
  • El número de países que ofrecen servicios en línea utilizando correos electrónicos, actualizaciones de fuentes SMS/RSS, aplicaciones móviles y formularios descargables ha ido en aumento en todos los sectores. Por ejemplo, hasta 176 países proporcionan información archivada en línea, frente a 154 en 2016.

Gobierno abierto: Transparencia y Compromiso en la Era de la Información.

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Opening Government : Transparency and Engagement in the Information Age. [e-Book] Acton: Australia: ANU Press, 2018

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La transparencia y la participación ciudadana siguen siendo esenciales para un buen gobierno y una política pública sólida. De hecho, pueden ser la clave para restaurar la confianza en el propio gobierno, que actualmente se encuentra en su punto más bajo de todos los tiempos en Australia. Es irónico, entonces, que esto haya ocurrido en un momento en que el potencial tecnológico para la difusión de información y la interacción nunca ha sido mayor.

Transparencia y compromiso en la era de la información explora nuevos horizontes y escenarios para una mejor gobernanza en el contexto de la nueva era de la información, centrándose en los potenciales y las trampas para los gobiernos (y la gobernanza en general) que operan en el nuevo entorno rico en información. Sus colaboradores, una serie de académicos y profesionales internacionales y australianos en materia política, se preguntan cuáles son los desafíos para nuestras tradiciones y prácticas de gobierno en la nueva era de la información, y dónde se pueden esperar mejores resultados utilizando tecnologías futuras. Exploran las ambigüedades fundamentales que existen en la apertura del gobierno, con gobiernos que pretenden ser mucho más transparentes en el suministro de información y en el intercambio de información, pero también más motivados para comprometerse con otras fuentes de datos, sistemas de datos y tecnologías sociales

Open Government: Gobierno abierto

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Lorenzo, S. and C. César (2010). [e-Book]  Open Government: Gobierno abierto, Jaén, España : Algón Editrores MMX, 2010.

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Internet y las nuevas tecnologías han supuesto un terremoto que está revolucionando las formas de gobernar y hacer política. Open Government – Gobierno Abierto es el libro que analiza estos cambios. Open Government – Gobierno Abierto tiene su origen en el “Open Government manifesto”, realizado por el presidente estadounidense Barack Obama. Una obra coral, en la que 17 expertos de ambos lados del Atlántico reflexionan sobre el impacto de Internet y las TIC´s en los gobiernos, en la actividad política y en la nueva construcción social que se está produciendo en torno a la llamada web 2.0. Un libro imprescindible para entender y actuar en la política del Siglo XXI.

Madurez de Datos Abiertos en Europa 2017 (Open Data) : datos abiertos para una economía de datos europea

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Open Data Maturity in Europe. Open Data for a European Data Economy. [e-Book] Brussels, Belgium, European Commission. European Data Portal y Capgemini Consulting, 2017.

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Este informe es el tercero de una serie de estudios anuales y explora el nivel de madurez de los datos abiertos de los 28 países de la UE. El informe revela que las administraciones de los distintos países europeos no sólo han dado prioridad a la apertura de los datos, sino que también son líderes en este ámbito. La mayoría de los países también han demostrado una buena comprensión del impacto positivo de Open Data en el desarrollo de una economía de datos.

El informe “Madurez de Datos Abiertos (Open Data) en Europa 2017: datos abiertos para una economía de datos europea” muestra que en 2017 los países han acelerado el aumento de la cantidad de datos disponibles en sus territorios.

La madurez de los datos abiertos de los distintos países se establece en cuatro niveles: principiante, seguidor, acelerador y precursor. Para tener un enfoque global de este grado de madurez se utilizan dos indicadores clave. Abarcan tanto la madurez de las políticas nacionales para promover datos públicos abiertos como las funciones disponibles en los portales nacionales. En 2017, el número de los llamados países precursores casi se duplicó, pasando de 8 en 2016 a 14 en 2017. Mientras que en 2015 la UE28 sólo había alcanzado el 44,2 % del camino hacia la apertura de los datos en 2015, esta cifra había aumentado al 58,7 % en 2016 y ahora se sitúa en el 72,5 % en 2017.

Como en ediciones anteriores, se hicieron una serie de recomendaciones. Ha llegado el momento de que los países integren plenamente los datos abiertos en la transformación digital del sector público, sigan desarrollando los portales nacionales y construyan una verdadera infraestructura pública de datos.

Principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica

 

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Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

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El Committee on Publication Ethics (COPE), el Directory of Open Access Journals (DOAJ), la  Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) y la  World Association of Medical Editors (WAME) son organizaciones académicas con un importante reconocimiento a nivel internacional. Por ello estas organizaciones se reunieron para identificar los principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica y aclarar que estos principios forman la base de los criterios por los cuales COPE, DOAJ y OASPA evalúan la idoneidad de sus miembros y publicaciones. Cada organización también tiene sus propios criterios adicionales para la evaluación, de modo, que estas organizaciones no compartirán listas de editores o revistas que no hayan demostrado que cumplen los criterios de transparencia y buenas prácticas.

Esta es la tercera versión de un trabajo continuo (publicada en enero de 2018); la primera versión fue puesta a disposición por OASPA en diciembre de 2013 y una segunda versión en junio de 2015. Se anima a su amplia difusión y a expresar comentarios sobre los principios generales y los criterios específicos.

 

Principios de transparencia

1. Sitio Web: El sitio web de una revista, incluyendo el texto que contiene, demostrará que se ha tenido cuidado para asegurar altos estándares éticos y profesionales. No debe contener información que pueda inducir a error a los lectores o autores, incluyendo cualquier intento de imitar el sitio de otra revista o editor.

Debe incluirse en el sitio web una declaración de “Objetivos y alcance” y los lectores deben estar claramente definidos. Debería incluirse una declaración sobre lo que una revista considerará para su publicación, incluyendo los criterios de autoría (p. ej., no considerar múltiples presentaciones, publicaciones redundantes). Los ISSN deben mostrarse claramente (diferenciando entre formato impreso y electrónico).

2. Nombre de la revista: El nombre de la revista será único y no será uno que se confunda fácilmente con otra revista o que pueda inducir a error a posibles autores y lectores sobre el origen de la revista o su asociación con otras revistas.

3. Proceso de revisión por pares: El contenido de la revista debe estar claramente expuesto como revisado por pares o no. La revisión por pares se define como la obtención de consejos sobre manuscritos individuales de revisores expertos en el campo que no forman parte del equipo editorial de la revista. Este proceso, así como cualquier política relacionada con los procedimientos de revisión por pares de la revista, se describirán claramente en el sitio web de la revista, incluyendo el método de revisión por pares utilizado. Los sitios web de revistas no deben garantizar la aceptación de manuscritos ni tiempos muy cortos de revisión por pares.

4. Propiedad y gestión: La información sobre la propiedad y/o gestión de una revista se indicará claramente en el sitio web de la revista. Los editores no utilizarán nombres de organizaciones o revistas que puedan inducir a error a posibles autores y editores sobre la naturaleza del propietario de la revista.

5. Órganos rectores: Las revistas tendrán consejos de redacción u otros órganos rectores cuyos miembros sean expertos reconocidos en las áreas temáticas incluidas en el ámbito de la revista. Los nombres completos y las afiliaciones del consejo editorial de la revista u otro órgano rector se proporcionarán en el sitio web de la revista.

6. Equipo editorial/información de contacto: Las revistas proporcionarán los nombres completos y las afiliaciones de los editores de la revista en el sitio web de la revista, así como la información de contacto para la oficina editorial, incluyendo una dirección completa.

7. Derechos de Autor y Licencia: La política de derechos de autor debe estar claramente indicada en las directrices del autor y el titular de los derechos de autor mencionados en todos los artículos publicados. Asimismo, la información sobre licencias se describirá claramente en las directrices de la página web, y los términos de las licencias se indicarán en todos los artículos publicados, tanto en HTML como en PDF. Si se permite a los autores publicar bajo una licencia de Creative Commons, se anotarán todos los requisitos específicos de la licencia. Cualquier política sobre la publicación de versiones finales aceptadas o artículos publicados en repositorios de terceros deberá estar claramente establecida.

8. Honorarios de autor: Los honorarios o cargos que se requieran para el procesamiento de manuscritos y/o materiales de publicación en la revista se indicarán claramente en un lugar que sea fácil de encontrar para los autores potenciales antes de enviar sus manuscritos para su revisión o explicarle a los autores antes de que empiecen a preparar su manuscrito para su presentación. En caso de que no se cobren dichas tasas, también debería indicarse claramente.

9. Proceso para identificar y tratar las acusaciones de mala conducta en la investigación: Los editores y editores tomarán las medidas razonables para identificar y prevenir la publicación de trabajos en los que se hayan cometido faltas de conducta en la investigación, incluyendo plagio, manipulación de citaciones y falsificación o fabricación de datos, entre otros. En ningún caso una revista o sus editores fomentarán tal mala conducta, ni permitirán que se produzca a sabiendas. En el caso de que el editor o editores de una revista sean informados de cualquier acusación de mala conducta investigadora relacionada con un artículo publicado en su revista, el editor o editor deberá seguir las directrices de COPE (o equivalente) para solventar y aclarar estas acusaciones.

10. Publicación Ética: Una revista también tendrá políticas sobre la ética editorial. Estas deben estar claramente visibles en su sitio web, y deben referirse a ellos: i) Políticas de la revista sobre autoría y contribución; ii) Cómo manejará la revista las quejas y apelaciones; iii) Políticas de la revista sobre conflictos de intereses/intereses en conflicto; iv) Políticas de la revista sobre intercambio de datos y reproducibilidad; v) Política de la revista sobre supervisión ética; vi) Política de la revista sobre propiedad intelectual; y vii) Opciones de la revista para discusiones y correcciones posteriores a la publicación.

11. Calendario de publicación: Se indicará claramente la periodicidad con que se publica una revista.

12. Acceso: Se indicará la forma en que la revista y los artículos individuales están a disposición de los lectores y si hay cuotas de suscripción asociadas o de pago por visión.

13. Archivo: Se indicará claramente el plan de una revista para la copia de seguridad electrónica y la preservación del acceso al contenido de la revista (por ejemplo, el acceso a los artículos principales a través de CLOCKSS o PubMedCentral) en caso de que una revista ya no se publique.

14. Fuentes de ingresos: Los modelos de negocio o fuentes de ingresos (por ejemplo, tarifas de autor, suscripciones, publicidad, reimpresiones, apoyo institucional y apoyo organizacional) deben estar claramente indicados o evidentes en el sitio web de la revista. Las tarifas de publicación o el estado de exención no deben influir en la toma de decisiones editoriales.

15. Publicidad: Las revistas indicarán su política publicitaria si es relevante, incluyendo qué tipos de anuncios serán considerados, quién toma las decisiones con respecto a la aceptación de los anuncios y si están vinculados al contenido o al comportamiento del lector (sólo en línea) o si se muestran al azar. La publicidad no debe estar relacionada en modo alguno con la toma de decisiones editoriales y debe mantenerse separada del contenido publicado.

16. Marketing directo: Cualquier actividad de marketing directo, incluyendo la solicitud de manuscritos que se realice en nombre de la revista, debe ser apropiada, bien dirigida y discreta. Se espera que la información proporcionada sobre el editor o la revista sea veraz y no induzca a error a los lectores o autores.

En el caso de que se descubra que una organización miembro ha violado estas mejores prácticas, u otros requisitos específicos de la organización, OASPA/DOAJ/COPE/WAME tratará en primera instancia que trabajar con ellos para abordar cualquier preocupación que se haya planteado. En caso de que la organización miembro no pueda o no quiera abordar estas preocupaciones, su membresía en la organización puede ser suspendida o terminada. Todas las organizaciones miembros tienen procedimientos para tratar las inquietudes planteadas sobre las revistas de los miembros.

 

 

 

 

Prácticas de Privacidad y Transparencia de los Proveedores de Servicios en Línea en relación al Acceso a los Datos del Usuario por parte del Gobierno

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EFF, “Who Has Your Back”, 2017

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Los datos almacenados en nuestros teléfonos móviles, ordenadores portátiles y, especialmente, nuestros servicios en línea permiten tener un cuadro detallado de nuestras vidas -dónde vamos, con quiénes nos relacionamos, qué decimos, nuestras afiliaciones, nuestras opiniones políticas y nuestras creencias-. En 2016, el gobierno de los Estados Unidos envió al menos 49.868 solicitudes a Facebook para obtener datos de los usuarios; 27.850 solicitudes a Google y 9.076 a Apple. Estas empresas no están solas: donde los usuarios ven nuevas formas de comunicarse y almacenar datos, los agentes de la ley ven nuevas vías para la vigilancia. El séptimo informe anual de la EFF, “Who Has Your Back” analiza las formas en que muchas compañías tecnológicas están preservando la privacidad del usuario en esta era de vigilancia digital sin precedentes.

 

Nueve compañías obtuvieron tres estrellas en cada categoría este año: Adobe, Credo, Dropbox, Lyft, Pinterest, Sonic, Uber, Wickr y WordPress. Cada uno tiene un historial de defensa de la privacidad del usuario frente al exceso de gobierno por haber mejorado sus prácticas para cumplir con los estándares más estrictos.

Dos empresas de tecnología obtuvieron ganaron sólo dos estrellas: Amazon y WhatsApp, La encuesta de EFF mostró que aunque ambas empresas han hecho un trabajo significativo para defender la privacidad de los usuarios -el EFF, en especial, alaba el trabajo de WhatsApp para adoptar un cifrado de usuario a usuario para mantener la privacidad de sus mil millones de usuarios en todo el mundo- si bien, sus políticas siguen estando rezagadas. El gigante minorista en línea Amazon ha sido calificado como el número uno en el servicio al cliente, sin embargo, no ha adoptado los compromisos públicos de respaldar la privacidad digital de sus usuarios que el si tienen el resto de la industria.

AT & T, Comcast, T-Mobile y Verizon obtuvieron el puntaje más bajo, obteniendo cada una de ellas una sola estrella. Aunque han adoptado una serie de mejores prácticas de la industria, como publicar informes de transparencia y exigir una autorización para el contenido, todavía deben comprometerse a informar a los usuarios antes de divulgar sus datos al gobierno y crear una política pública de solicitar revisión judicial de todas las NSL.