Framework Convention on Artificial Intelligence
Países de todo el mundo, incluidos EE. UU., Reino Unido y la UE, han firmado el primer tratado internacional sobre IA, legalmente vinculante, diseñado para garantizar que los sistemas de IA se alineen con los “derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”.
El tratado de IA legalmente vinculante, denominado Framework Convention on Artificial Intelligence y en desarrollo desde 2019, fue elaborado por el Consejo de Europa (COE), una organización internacional de derechos humanos cuya función es defender los derechos humanos, la democracia y los sistemas legales de la UE.
E, tratado fue elaborado por los 46 estados miembros del Consejo de Europa, con la participación de países observadores como Canadá, Japón, México y EE. UU., así como varios estados no miembros, como Australia, Israel y Argentina. También participaron representantes de la sociedad civil, el mundo académico e industrias.
Incluye un conjunto de principios centrados en desarrollar sistemas de IA de manera transparente que protejan los datos personales, la dignidad humana y la democracia. Su objetivo principal es gestionar cualquier riesgo que la IA pueda representar para los derechos humanos y «llenar las lagunas legales que puedan surgir debido a los rápidos avances tecnológicos», al tiempo que se fomenta la innovación y el progreso.
Tres meses después de la firma del tratado, los gobiernos de los países firmantes estarán obligados a implementar salvaguardas y “adoptar o mantener medidas legislativas, administrativas u otras apropiadas” para alinearse con estos principios.
Principios Fundamentales:
El tratado establece que las actividades relacionadas con sistemas de IA deben cumplir con principios como:
- Dignidad humana y autonomía
- Igualdad y no discriminación
- Protección de la privacidad y datos personales
- Transparencia y supervisión
- Responsabilidad
- Innovación segura
Derechos procesales y salvaguardias
El tratado exige documentar y compartir información relevante sobre los sistemas de IA con las personas afectadas, para permitirles cuestionar las decisiones y el uso del sistema. También se establece que se debe proporcionar la posibilidad de presentar quejas ante autoridades competentes y ofrecer garantías procesales.
Gestión de Riesgos:
Los estados deben realizar evaluaciones de riesgo e impacto de los sistemas de IA sobre derechos humanos, democracia y estado de derecho, y tomar medidas preventivas. Las autoridades pueden imponer prohibiciones o moratorias sobre ciertas aplicaciones de IA consideradas riesgosas.
Aplicación del Tratado:
El tratado cubre el uso de IA tanto por autoridades públicas como por actores privados que actúen en su nombre. Los estados tienen flexibilidad para cumplir con las disposiciones del tratado respetando sus obligaciones internacionales.
Supervisión:
Se establece un mecanismo de seguimiento a través de la Conferencia de las Partes, compuesta por representantes oficiales que evaluarán la implementación del tratado y promoverán la cooperación con las partes interesadas, incluyendo audiencias públicas sobre la aplicación del tratado.
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