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Cuando se ataca a las instituciones culturales

Litvinov, Y. V., & Margolin, T. (2025, 2 de diciembre). When Cultural Institutions Are Targeted: Global Lessons for Resilience. American Alliance of Museums. Recuperado de https://www.aam-us.org/2025/12/02/when-cultural-institutions-are-targeted-global-lessons-for-resilience/

Cuando las instituciones culturales pueden verse amenazadas no solo por desastres naturales o daños colaterales, sino también por ataques deliberados cuando su trabajo entra en conflicto con intereses políticos dominantes o narrativas oficiales. El texto parte de la observación de que lo que ocurre en distintas partes del mundo ya ofrece señales de los retos que pueden enfrentar museos, archivos, bibliotecas y otras organizaciones culturales incluso en contextos que no se perciben tradicionalmente como de crisis.

Un ejemplo central en el artículo es el de Memorial, una organización rusa dedicada a preservar la memoria histórica de las víctimas del sistema de gulags y otras represiones políticas del siglo XX. A pesar de su trayectoria respetada y de su valiosa labor archivística, Memorial fue objeto de campañas de estigmatización y presión por parte del gobierno ruso, que buscaba reescribir versiones oficiales de la historia para justificar agendas políticas contemporáneas. Eventualmente, la organización fue catalogada como “agente extranjero”, sometida a auditorías, multas, represión judicial y finalmente disuelta por decisión del Tribunal Supremo de Rusia en 2022. Este caso muestra cómo una institución cultural puede perder su estatus de entidad respetada y convertirse en objetivo cuando su trabajo desafía narrativas de poder.

Aunque Estados Unidos no es Rusia, la transformación del estatus del Memorial, de una institución venerada a un paria en cuestión de pocos años, resulta instructiva. Los autoritarios sienten aversión a cualquier narrativa que se desvíe de la suya, y las instituciones históricas y culturales deberían estar alerta. Una vez que estas organizaciones comiencen a ser presionadas, se esperará que cumplan, preferiblemente con antelación, con la narrativa estatal dominante. A menos de un año del inicio de esta administración, ya existen claros indicios de politización de las instituciones culturales nacionales: desde la toma de control de la junta directiva y la dirección del Centro Kennedy hasta informes de presiones sobre el Smithsonian para que alinee sus exhibiciones y su liderazgo con las narrativas aprobadas por el gobierno. Se espera que el resto del sector cultural en general las vea como advertencias, no muy sutiles, de lo que les sucederá si no cumplen (y esa resistencia es inútil).

Los autores extraen de este y otros ejemplos internacionales varias lecciones estratégicas para fortalecer la resiliencia de las instituciones culturales. En primer lugar, enfatizan que no es suficiente proteger físicamente los bienes culturales; también es crucial proteger la integridad narrativa, la independencia institucional y la libertad de pensamiento. Esto implica, entre otras cosas, realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidad, asegurar la fortaleza legal y financiera de la organización, y planificar cómo resistir presiones normativas o políticas que puedan socavar su misión.

Además, el artículo subraya la importancia de la solidaridad y las redes de apoyo internacionales. Las instituciones que enfrentan amenazas pueden beneficiarse enormemente de alianzas con organizaciones pares en otros países, lo cual no solo amplía la visibilidad de su situación, sino que también crea canales de asistencia, respaldo legal y recursos compartidos. Este enfoque colaborativo es clave para contrarrestar intentos de aislamiento o silenciamiento institucional.

Finalmente, aunque el contexto principal del artículo es la amenaza política y autoritaria contra las instituciones culturales, también se puede conectar con tendencias más amplias reconocidas por organizaciones como la UNESCO, que señala que la cultura y el patrimonio están en el frente de los conflictos y son especialmente vulnerables, pero que al mismo tiempo son motores de recuperación y paz si son protegidos y valorados por la comunidad internacional.

De la IA a los chips: las grandes tecnológicas están consiguiendo lo que quieren de Trump.

Kang, Cecilia. New York Times. “From AI to Chips, Big Tech Is Getting What It Wants From Trump.” The New York Times, 28 de diciembre de 2025. https://www.nytimes.com/2025/12/28/technology/tech-trump.html

Donald Trump ha impulsado políticas favorables a las grandes empresas tecnológicas, particularmente en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores.

En un contexto en que las políticas tecnológicas de Estados Unidos ocupan un papel central en la agenda política de 2025, el New York Times describe cómo la administración de Donald Trump ha implementado decisiones que favorecen ampliamente a las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) en temas clave como inteligencia artificial (IA) y semiconductores. Aunque Trump llegó al poder con promesas de dinamizar la economía y restablecer la competitividad nacional, muchas de sus acciones han coincidido con las demandas y prioridades estratégicas de compañías como Nvidia, Google, Meta y otras, consolidando una alianza práctica entre el gobierno y el sector tecnológico que ha desbloqueado políticas regulatorias, cambios en comercio internacional y promoción de inversiones en infraestructura tecnológica.

Según la cobertura disponible, Trump ha eliminado o debilitado diversas restricciones a la exportación de chips semiconductores avanzados, como los fabricados por Nvidia, y ha promovido la expansión de la infraestructura tecnológica —incluidos centros de datos y producción de chips— con el argumento de mantener la competitividad estadounidense en la carrera global por la IA. Estos movimientos reflejan una clara alineación con las prioridades de Silicon Valley y otros gigantes tecnológicos, que han visto beneficios en la reducción de regulaciones y la apertura de mercados internacionales

Uno de los elementos más destacados de esta relación es la revocación o debilitación de restricciones que limitaban la exportación de chips avanzados y la regulación de tecnologías emergentes. La administración ha eliminado barreras regulatorias, acelerado la construcción de centros de datos y aprobado la venta de chips de IA más potentes en mercados sensibles, como China, medidas que muchos ejecutivos tecnológicos consideran esenciales para mantener la dominancia global de la industria estadounidense en IA y hardware. Esto se ha logrado tras esfuerzos coordinados entre líderes del sector y altos funcionarios de la Casa Blanca, que integran a la industria en posiciones de influencia técnica y política.

Además, el gobierno ha emitido órdenes ejecutivas y desarrollado un “AI Action Plan” nacional, orientado a impulsar la innovación de IA eliminando lo que Trump y sus asesores consideran barreras burocráticas y políticas que podrían frenar la competitividad de Estados Unidos frente a rivales como China. Estas políticas priorizan la expansión de la infraestructura tecnológica, la expansión de exportaciones y la coordinación federal única de normativas, reduciendo el papel de regulaciones estatales y enfocando el crecimiento en un marco de mercado libre que favorece a los grandes actores establecidos. Si bien estas medidas han sido aplaudidas por sectores empresariales como impulsores del crecimiento económico, también han generado críticas desde sectores que advierten sobre riesgos de falta de regulación, concentración de poder corporativo y posibles impactos negativos en la protección de derechos y seguridad pública.

En las elecciones de Georgia a Nueva York, los deepfakes hechos con IA están dirigiendo el discurso político y la percepción de los votantes.

Hurt, Davina, y Ann Skeet. “AI fuels a new wave of political lies.” Salon, 29 noviembre 2025.

Texto completo

La inteligencia artificial está siendo usada para generar “deepfakes” y contenido político engañoso que distorsiona la realidad en campañas electorales recientes en Estados Unidos. Un ejemplo citado es un anuncio en la carrera al Senado por Georgia en el que la campaña del candidato republicano Mike Collins difundió un vídeo en el que aparecía el senador demócrata Jon Ossoff supuestamente diciendo que no le importaban los granjeros porque “solo había visto una granja en Instagram” — una frase que Ossoff nunca pronunció.

El texto señala que, aunque la sátira política siempre ha existido (por ejemplo en caricaturas), la IA borra la frontera entre ficción y realidad de una forma sin precedentes: las falsedades generadas por IA pueden parecer auténticas, con imagen y voz convincente, lo que las hace aún más peligrosas cuando son usadas por los propios actores políticos.

Además, el artículo advierte que este tipo de contenido —cuando se difunde desde cuentas oficiales o con aspecto institucional— degrada el debate democrático, al transformar opiniones o propaganda en “evidencia visual” aparentemente real. Bajo esa lógica, la IA no solo ayuda a mentir, sino a construir una “realidad alternativa” destinada a manipular percepciones colectivas, socavando la confianza pública en los procesos políticos.

Finalmente, los autores exhortan a la necesidad de marcos regulatorios y éticos claros que exijan transparencia en el uso de IA en campañas políticas, de modo que la manipulación mediática deje de ser una estrategia con potencial de dañar la democracia

Estrategia de Estados Unidos frente al avance global de la inteligencia artificial (IA)

The Median. “Action or Overthinking? The U.S. Plans Ahead for AI.” dc: The Median (Substack), julio 2025. Consultado el 30 de julio de 2025. https://dcthemedian.substack.com/p/action-or-overthinking-the-us-plans.

El artículo examina la estrategia de Estados Unidos frente al avance global de la inteligencia artificial (IA), especialmente ante la presión de mantenerse competitivo frente a potencias como China. Desde la perspectiva del autor, el gobierno estadounidense se enfrenta a una disyuntiva entre actuar con rapidez o caer en la trampa del exceso de análisis y planificación. La pregunta de fondo es si EE. UU. está liderando el futuro de la IA o simplemente intentando alcanzarlo con marcos de política pública que podrían volverse obsoletos antes de ser implementados.

Uno de los principales enfoques del texto es la necesidad de que las políticas públicas no solo reaccionen, sino que se anticipen a las transformaciones radicales que está generando la IA. El artículo destaca los intentos de la administración estadounidense por establecer regulaciones, guías éticas y marcos normativos. No obstante, el autor plantea que estas medidas, aunque bien intencionadas, pueden llegar tarde o ser demasiado genéricas si no se basan en un conocimiento técnico profundo y en una colaboración efectiva entre gobierno, academia e industria.

El texto también subraya el contraste entre diferentes modelos de gobernanza de la IA: mientras Estados Unidos apuesta por una regulación flexible, Europa prioriza el control normativo y la protección de derechos, y China sigue una vía centrada en el uso estratégico estatal. Esta comparación revela que la velocidad y la dirección de la política tecnológica pueden marcar diferencias significativas en la posición global de cada país.

Finalmente, el autor concluye que Estados Unidos debe asumir un enfoque más dinámico, con marcos normativos adaptables que no obstaculicen la innovación, pero que tampoco ignoren los riesgos sociales, éticos y económicos asociados al avance de la inteligencia artificial. Es necesario actuar con visión de futuro, pero sin caer en la parálisis por análisis.

GAIIN: una plataforma global para navegar las políticas de Inteligencia Artificial

GAIIN (Global AI Initiatives Navigator)

https://oecd.ai/en/dashboards/overview

Se presenta GAIIN una nueva herramienta desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dentro de la plataforma OECD.AI. GAIIN tiene como objetivo facilitar el seguimiento y la presentación de información sobre políticas de inteligencia artificial a nivel mundial, brindando mayor claridad, cobertura y utilidad para diferentes actores, desde gobiernos hasta investigadores y público general.

La plataforma ofrece una vista global de iniciativas, abarcando desde marcos regulatorios hasta proyectos enfocados en áreas específicas como riesgos y ética, privacidad, salud, impacto laboral y sostenibilidad. Así, GAIIN contribuye a identificar tendencias emergentes y lagunas en las políticas de inteligencia artificial. La herramienta no solo centraliza políticas existentes, sino que también permite la colaboración directa para enriquecer la base de datos, promoviendo una comunidad activa.

Uno de los principales aportes de GAIIN es que cada país cuenta con su propia página, en la que se presentan sus estrategias nacionales de inteligencia artificial, políticas específicas, programas regulatorios, marcos éticos y demás iniciativas relevantes. Esto permite comparar enfoques, detectar tendencias globales y reconocer buenas prácticas que pueden ser replicadas o adaptadas en otros contextos. Por países

Además, GAIIN incluye las iniciativas impulsadas por organizaciones internacionales, tales como la Unión Europea, la ONU, la OCDE misma o el GPAI (Global Partnership on AI). Estas páginas dedicadas permiten comprender cómo se articulan las políticas nacionales con los esfuerzos multilaterales y cuáles son los foros clave donde se están negociando marcos comunes.

Para facilitar la navegación, la plataforma también ofrece la posibilidad de explorar todas las iniciativas y políticas en conjunto, sin importar su origen geográfico o institucional. Esta visión panorámica es útil para investigadores, responsables de políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas interesadas en mantenerse al día con la evolución normativa y estratégica de la IA a nivel global.

Además, GAIIN se enmarca en el ecosistema de OECD.AI, que abarca una gran variedad de recursos: políticas, datos, investigaciones, herramientas de riesgo, indicadores de IA responsable, casos de uso y capacidades técnicas. Esto posiciona a GAIIN no como un recurso aislado, sino como una pieza clave de un conjunto más amplio de herramientas e iniciativas orientadas a fomentar una IA centrada en el ser humano y segura.

También se destaca el compromiso de la OCDE con la gobernanza de la inteligencia artificial. MEDIANTE GAIIN, la organización fortalece sus estándares, alineados con los Principios de la OCDE sobre IA y los esfuerzos coordinados dentro del marco del GPAI (Asociación Global de IA).

La administración Trump cancela contratos de suscripción con Springer Nature por valor de millones de dólares

Inside Higher Ed. «Trump Admin Cuts NIH’s Springer Nature Subscriptions.» Inside Higher Ed, 27 de junio de 2025. https://www.insidehighered.com/news/quick-takes/2025/06/27/trump-admin-cuts-nihs-springer-nature-subscriptions.

La administración Trump ha cancelado contratos por millones de dólares con Springer Nature, una gigante editorial científica de propiedad alemana que durante mucho tiempo recibió pagos por suscripciones de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias.

La administración Trump ha decidido cancelar millones de dólares en contratos de suscripción con Springer Nature, una importante editorial científica alemana que provee contenido para agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos. Esta medida se produjo tras cuestionamientos del Departamento de Justicia sobre las prácticas editoriales de Springer, acusándola de adoptar posiciones partidistas en debates científicos y de promover ciertos puntos de vista de manera indebida.

A principios de este año, el Departamento de Justicia envió una carta a una publicación de Springer cuestionando sus prácticas editoriales. La carta también planteaba preguntas sobre los supuestos vínculos de Springer con China, financiación del Partido Comunista Chino (PCCh) y reclamaciones relacionadas con la censura.

Al menos otra revista científica, Chest, también recibió una carta sobre la toma de partido en debates científicos, como informó The Washington Post en abril.

Springer Nature tiene más de 3.000 revistas y publicaciones, y su portafolio incluye Nature y Scientific American. El contenido editorial abarca desde noticias científicas y médicas hasta artículos de investigación revisados por pares escritos por científicos.

La empresa salió a bolsa en octubre de 2024, y esta controversia refleja las tensiones actuales entre la administración estadounidense y ciertas entidades científicas internacionales.

Los ataques de gobierno de EE.UU. a la ciencia y la investigación son «un gran regalo para China» en materia de inteligencia artificial

Hern, Alex. «US Attacks on Science and Research ‘a Great Gift to China’ on Artificial Intelligence, Former OpenAI Board Member Says.» The Guardian, June 9, 2025. https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/09/us-attacks-on-science-and-research-a-great-gift-to-china-on-artificial-intelligence-former-openai-board-member-says.

Helen Toner, exmiembro del consejo de administración de OpenAI y actual directora de estrategia del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente (CSET) de la Universidad de Georgetown, ha advertido que las actuales políticas de Estados Unidos en relación con la ciencia, la investigación y el talento extranjero están debilitando seriamente su liderazgo global en inteligencia artificial.

En una entrevista con The Guardian, Toner afirmó que los ataques políticos a la comunidad científica, junto con las restricciones a la entrada de estudiantes e investigadores internacionales, representan un “gran regalo para China”, que sigue avanzando en su propia carrera tecnológica.

Toner sostiene que gran parte del talento en investigación en Estados Unidos proviene del extranjero, especialmente de países como China. Las medidas restrictivas del gobierno estadounidense —como el endurecimiento de visados, los controles de exportación de chips avanzados y los recortes a la financiación pública— podrían provocar una fuga de cerebros y una desventaja competitiva en áreas estratégicas. Mientras tanto, China continúa desarrollando tecnologías punteras, como los modelos de lenguaje de gran escala, a pesar de los esfuerzos estadounidenses por frenarla mediante sanciones.

La exconsejera de OpenAI también se refirió a los efectos sociales de la inteligencia artificial, advirtiendo sobre un riesgo gradual de «desempoderamiento» colectivo. Según Toner, podríamos estar delegando funciones cada vez más críticas —en el gobierno, en las empresas y en la vida diaria— a sistemas algorítmicos, sin mecanismos adecuados de supervisión o responsabilidad. Aunque todavía hay incertidumbre sobre los plazos, los expertos coinciden en que muchas tareas profesionales, especialmente las realizadas por empleados jóvenes o en formación, ya están siendo desplazadas por herramientas de IA.

Sin embargo, Toner no niega el enorme potencial positivo de estas tecnologías. Mencionó, por ejemplo, los avances en medicina, donde la IA podría acelerar el descubrimiento de medicamentos, o en el transporte, con vehículos autónomos como los desarrollados por Waymo, que podrían reducir significativamente las muertes por accidentes de tráfico. El desafío, según ella, es garantizar un desarrollo ético y responsable, que combine innovación con regulaciones efectivas.

La figura de Helen Toner ha cobrado notoriedad en el ámbito tecnológico y mediático tras su papel clave en la crisis institucional de OpenAI en 2023, cuando el entonces CEO Sam Altman fue destituido y luego reincorporado. Su participación en este episodio ha despertado tanto el interés periodístico como cinematográfico: el director Luca Guadagnino está preparando una película sobre estos acontecimientos, en la que una actriz reconocida interpretará a Toner. En 2024, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en el campo de la inteligencia artificial.

La clasificación como colonización: cómo las bibliotecas perpetúan el poder a través de la clasificación

Olson, Mike. 2025. “Classification as Colonization: The Hidden Politics of Library Catalogs.” The Scholarly Kitchen, March 25, 2025. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2025/03/25/guest-post-classification-as-colonization-the-hidden-politics-of-library-catalogs/

Se expone de manera crítica cómo los sistemas de clasificación bibliotecaria, lejos de ser neutros o puramente técnicos, han sido y continúan siendo herramientas de poder con implicaciones políticas y sociales profundas.

Olson comienza refiriéndose a la orden ejecutiva del presidente Trump del 20 de enero de 2025, que impone cambios de nombre geográfico significativos (como “Mount McKinley” en lugar de “Mount Denali” y “Gulf of America” en vez de “Gulf of Mexico”), para ilustrar cómo el lenguaje en los catálogos puede ser utilizado como instrumento de control ideológico y simbólico. Esta intervención política explicita lo que siempre ha sido una realidad encubierta: que nombrar y clasificar es también decidir qué visiones del mundo se legitiman.

El autor analiza cómo el lenguaje en la catalogación ha sido históricamente una forma de imponer perspectivas dominantes, enmascarando decisiones sesgadas bajo una apariencia de objetividad técnica. Cita ejemplos como el uso prolongado del término “Illegal aliens” en la Library of Congress, que solo se reemplazó tras décadas de presión y denuncia por parte de bibliotecarios críticos como Sanford Berman, quien ya en 1971 denunciaba la carga racista, sexista y xenófoba de muchos encabezamientos. Para Olson, estas decisiones no son meras omisiones técnicas, sino actos deliberados de poder que estructuran el acceso al conocimiento y refuerzan desigualdades.

La crítica también se extiende a sistemas históricos como la Clasificación Decimal Dewey, que continúa vigente en bibliotecas de todo el mundo y cuya estructura original reflejaba abiertamente las ideas misóginas y racistas de su creador, Melvil Dewey. Temas como la salud femenina aparecen subordinados dentro de categorías menores, mientras que las voces de culturas no occidentales son relegadas a secciones marginales como “folclore”. Según Olson, estas jerarquías no son fallos del sistema, sino su esencia misma: reflejan un orden epistemológico centrado en el hombre blanco cristiano como norma universal.

Otro blanco de crítica es el sistema de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso (LCSH), ampliamente utilizado a nivel internacional. Olson denuncia cómo este sistema sigue utilizando terminología desfasada o directamente ofensiva, como “Sexual minorities” para referirse a personas LGBTQ+ o el aún vigente “Indians of North America”. Investigaciones como las de Rachel K. Fischer demuestran que el vocabulario oficial apenas refleja el 25 % de los términos identitarios empleados por comunidades LGBTQ+, según el vocabulario especializado Homosaurus. Esta desconexión entre los sistemas de catalogación y las formas reales en que las comunidades se nombran a sí mismas constituye, para Olson, una forma de injusticia epistémica, tal como la define la filósofa Miranda Fricker: una violencia que margina a los sujetos como productores y transmisores legítimos de conocimiento.

El catálogo, plantea Olson, se ha convertido en un sistema fracturado que oscila entre su función de organizar el saber bajo normas estandarizadas —que perpetúan sesgos históricos— y su aspiración de ser un espacio democrático de acceso equitativo al conocimiento. La reciente ola de mandatos políticos que imponen terminología nacionalista o censuran referencias a derechos reproductivos, diversidad o cambio climático, no introduce la política en la catalogación, sino que hace visible la política que siempre estuvo allí. Sin embargo, también abre la puerta a formas de resistencia creativa, como la “bibliographic drag”, en la que los catalogadores pueden subvertir el lenguaje impuesto introduciendo encabezamientos complementarios que expongan el carácter ideológico de ciertos términos.

Olson propone repensar profundamente la autoridad en catalogación. Frente a sistemas jerárquicos y centralizados que buscan imponer significados únicos, el autor aboga por modelos abiertos y colaborativos que permitan múltiples interpretaciones. Herramientas como la clasificación facetada, los modelos de datos enlazados o los sistemas de etiquetado comunitario ofrecen vías para representar la diversidad de lenguajes y experiencias, sin sacrificar el orden ni la accesibilidad. Ejemplos como la biblioteca Xwi7xwa en la Universidad de Columbia Británica —que utiliza un sistema adaptado a perspectivas indígenas— o el vocabulario Homosaurus —creado por y para comunidades LGBTQ+— muestran que otra catalogación es posible, una que no impone sino que dialoga con los saberes comunitarios.

En definitiva, si los catálogos dejan de nombrar ciertos conceptos o los sustituyen por eufemismos ideológicos, estamos frente a una forma sutil pero poderosa de control del pensamiento. En lugar de resignarse a ello, el autor invita a los profesionales de la información a repensar la infraestructura intelectual de las bibliotecas como espacios críticos, participativos y abiertos a la pluralidad de voces. Solo así se podrá superar la lógica de la colonización del saber y construir sistemas de clasificación realmente democráticos y representativos.

Trump cancela la suscripción a más de 400 revistas de la Biblioteca Nacional de Agricultura (NAL) para reducir el gasto público

Brainard, Jeffrey. «DOGE Order Leads to Journal Cancellations by U.S. Agricultural Library.» Science, 17 de marzo de 2025. https://www.science.org/content/article/doge-order-leads-journal-cancellations-u-s-agricultural-library

El USDA ha cancelado casi 400 suscripciones a revistas científicas de su Biblioteca Nacional de Agricultura como parte de recortes presupuestarios impulsados por la administración de Trump. La medida afecta principalmente a editoriales universitarias y sin fines de lucro, mientras que grandes editoriales comerciales como Elsevier no han sido incluidas entre las revistas canceladas. Los investigadores advierten que esta decisión perjudica la investigación agrícola y compromete la seguridad alimentaria.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha cancelado la suscripción a casi 400 revistas científicas de la Biblioteca Nacional de Agricultura (NAL) como parte de un esfuerzo por reducir el gasto público bajo la administración de Donald Trump. Esta decisión ha generado una fuerte reacción entre la comunidad científica, ya que afecta a numerosas publicaciones fundamentales en diversas subdisciplinas de la agricultura, aunque curiosamente no incluye ninguna de las tres principales editoriales científicas con fines de lucro: Elsevier, Springer Nature y Wiley.

La medida ha sido criticada por investigadores del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del USDA, quienes argumentan que sin acceso a estas publicaciones, su capacidad para hacer ciencia se verá gravemente comprometida. Uno de ellos, que prefirió el anonimato, comparó la situación con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. La NAL, una de las cinco bibliotecas nacionales de EE.UU., provee acceso a artículos de pago tanto a los científicos del USDA como a investigadores de otras instituciones que no pueden costear las suscripciones.

Los recortes fueron supervisados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, y afectaron a todas las revistas de 17 editoriales, en su mayoría universidades y sociedades científicas sin fines de lucro, como Cambridge University Press, Oxford University Press, la Sociedad Americana de Fitopatología, la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. (que publica PNAS) y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), que publica Science. Muchas de las revistas afectadas tienen un alto impacto en sus campos, como Food & Function de la Royal Society of Chemistry y el Journal of Integrated Pest Management de Oxford.

En contraste, las grandes editoriales comerciales como Elsevier, Springer Nature y Wiley, que representaban más de la mitad de las suscripciones de la NAL antes de los recortes, no se vieron afectadas. Esto ha generado preocupación, ya que los estudios indican que las editoriales científicas sin fines de lucro suelen cobrar menos por suscripciones que estas grandes empresas comerciales.

Según un comunicado oficial del USDA, la decisión se tomó en base al uso de las revistas, eliminando aquellas con «mínimo uso» para mejorar la eficiencia del gobierno. Sin embargo, la agencia solo concedió unas pocas horas para que los investigadores justificaran la reinstauración de alguna de las revistas, lo que muchos consideraron un proceso apresurado e impracticable.

Chris Stelzig, director ejecutivo de la Sociedad Entomológica de América, criticó la medida al señalar que las publicaciones revisadas por pares son «los pilares de la ciencia» y que quitarles el acceso a los científicos del USDA debilita el trabajo fundamental que hacen para proteger el suministro de alimentos en EE.UU.

Aunque algunas universidades han tomado decisiones similares debido a restricciones presupuestarias, estas suelen basarse en consultas detalladas con el personal académico y en datos sobre el uso de los recursos, algo que aparentemente no ocurrió en el caso del USDA.

Los despidos masivos de investigadores diezman las agencias científicas estadounidenses

Travis, John, Katie Langin, Jocelyn Kaiser, y Meredith Wadman. «Mass Firings Decimate U.S. Science Agencies.» Science, 18 de febrero de 2025. https://www.science.org/content/article/mass-firings-decimate-u-s-science-agencies

La ola de despidos masivos de científicos federales en Estados Unidos, desencadenada el 13 de febrero de 2025 bajo la administración de Donald Trump, ha generado un gran revuelo, tanto a nivel personal como profesional, entre los afectados. Los despidos no solo han impactado a científicos de carrera temprana, sino también a veteranos con experiencia que habían sido recientemente promovidos.

En total, las agencias científicas federales, como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF), han sufrido una reducción drástica de personal.

La justificación de la administración se centra en la necesidad de aumentar la eficiencia del gobierno federal. Según los defensores de la medida, los despidos se basan en una evaluación de desempeño y apuntan a empleados que no han demostrado ser esenciales. Sin embargo, muchos de los despidos afectan a científicos altamente capacitados que habían sido reclutados con el propósito de mejorar la investigación en áreas críticas como la salud pública, la agricultura y la tecnología nuclear.

Por ejemplo, la situación en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) refleja el caos generado por la ejecución de estos despidos. Inicialmente, se planeaba despedir a más de 1.500 empleados, pero después de una serie de controversias y protestas internas, el número de despidos se redujo a menos de 1.200, al calificar a algunos de esos trabajadores como «esenciales». En el CDC, se había previsto el despido de alrededor de 1.300 empleados, pero también se redujo el número a aproximadamente 750. Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, los recortes siguen siendo significativos y están afectando a equipos clave dentro de la salud pública y la vigilancia epidemiológica.

Los despidos no solo han generado tensión dentro de las agencias gubernamentales, sino que también han suscitado un debate más amplio sobre el valor y el futuro de la ciencia y la investigación pública en EE. UU. Shirley Tilghman, bióloga molecular y expresidenta de la Universidad de Princeton, calificó estos recortes como una «tragedia nacional», subrayando que se están tomando decisiones que no comprenden el verdadero valor de la investigación científica y su impacto en la sociedad.

El impacto personal también ha sido devastador. Los científicos despedidos han expresado su ansiedad y preocupación por el futuro. Muchos se encuentran luchando con la incertidumbre financiera, con hipotecas, pagos de automóviles y otros gastos que deben cubrir mientras buscan nuevas oportunidades en un mercado saturado de científicos recién despedidos. Algunos han señalado que la forma abrupta y desorganizada en que se implementaron los despidos impidió que pudieran hacer la transición de manera ordenada, con la pérdida de acceso a sus datos y proyectos de investigación en curso.

Un aspecto particularmente problemático de los despidos es la manera en que se gestionaron, con cartas de despido que alegaban «bajo desempeño», aunque muchos de los científicos despedidos nunca tuvieron una evaluación formal de su rendimiento. Además, se ha señalado que los empleados en periodo de prueba, que tienen menos protección laboral, fueron los más afectados. Sin embargo, varios expertos en derecho laboral, como Risa Lieberwitz, de la Universidad de Cornell, han argumentado que estos despidos contravienen las regulaciones federales, ya que la intención del periodo de prueba es evaluar el rendimiento de los empleados antes de otorgarles una posición permanente, no despedirlos arbitrariamente.

El caos no se limitó a los despidos. En muchos casos, empleados esenciales en campos clave, como la investigación de enfermedades infecciosas o la investigación agrícola, fueron incluidos en las listas de despidos y luego eliminados en el último minuto, evitando consecuencias aún más graves. En algunos casos, esto resultó en la paralización temporal de programas vitales, como la investigación sobre la gripe aviar o programas de formación en respuesta a epidemias, que fueron casi interrumpidos debido a la pérdida de personal experimentado.

Mientras tanto, los sindicatos y grupos de defensa de los derechos laborales han comenzado a presentar demandas colectivas en un intento por frenar los despidos. A pesar de los esfuerzos por organizar la resistencia legal, muchos científicos despedidos sienten que la administración no entiende las implicaciones a largo plazo de reducir el personal de agencias de investigación científica. La incertidumbre sobre la validez legal de los despidos persiste, y el Congreso podría intervenir para restaurar parte de los fondos para estas agencias científicas.

La situación también ha puesto en tela de juicio las prioridades del gobierno de Trump con respecto a la ciencia y la tecnología, en un momento crítico en que la investigación científica es fundamental para abordar desafíos globales, como pandemias, crisis de salud pública y cambio climático. Sudip Parikh, director ejecutivo de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), indicó que estos despidos no son parte de un plan estratégico, sino más bien un esfuerzo desordenado e improvisado que carece de visión a largo plazo sobre las necesidades de la ciencia.

En conclusión, mientras que la administración Trump defiende estos recortes como un intento de hacer más eficiente al gobierno, muchos científicos y expertos aseguran que estos despidos masivos no solo perjudicarán el progreso científico de EE. UU., sino que también contribuirán a la pérdida de talento en un campo que requiere experiencia, dedicación y estabilidad para enfrentar los grandes retos del futuro.