Thornton, Joel y Curtis Brundy. (26 de febrero de 2025). Academic Databases and the Art of the Overcharge. Katina Magazine, sección Open Knowledge. Artículo original en Katina Magazine

El artículo analiza la falta de transparencia en los precios que las grandes empresas proveedoras de bases de datos académicas cobran a las bibliotecas universitarias. Los autores, Joel Thornton y Curtis Brundy, sostienen que editoriales y proveedores como Clarivate, Elsevier y la American Chemical Society pueden aplicar estrategias de discriminación de precios, cobrando cantidades diferentes a instituciones aparentemente comparables. El problema se ve agravado porque los contratos suelen incluir cláusulas de confidencialidad que impiden a las bibliotecas conocer cuánto pagan otras instituciones, generando una importante asimetría de información que favorece al proveedor durante las negociaciones.

Para demostrarlo, los autores recopilaron datos de precios de tres importantes recursos: Web of Science, Scopus y SciFinder, utilizando principalmente solicitudes de información pública realizadas a bibliotecas pertenecientes a la Association of Research Libraries, además de datos proporcionados directamente por algunas instituciones. El conjunto de datos permite comparar lo que distintas universidades pagan por estos productos y analizar si las diferencias pueden explicarse por factores objetivos como el número de estudiantes, el presupuesto de la biblioteca, la producción científica o el gasto en investigación. La conclusión general es que ninguno de estos factores explica suficientemente las enormes diferencias de precios.

En el caso de Web of Science, la comparación resulta especialmente complicada porque Clarivate comercializa diferentes productos y servicios que pueden aparecer agrupados en paquetes. Esta práctica de bundling dificulta saber cuánto cuesta realmente cada componente y hace mucho más difícil comparar instituciones. Los datos muestran diferencias muy importantes: por ejemplo, algunas universidades pagan varias veces más que otras por productos similares. Además, el precio por estudiante no guarda una relación estable con el tamaño de la universidad ni con el gasto total de la biblioteca, lo que cuestiona la idea de que exista una fórmula objetiva y transparente para determinar el coste de las licencias.

El análisis de Scopus, de Elsevier, ofrece resultados similares. Las diferencias de precio por estudiante son considerables y tampoco parecen explicarse por el presupuesto de las bibliotecas. Los autores encuentran además una relación inversa entre producción científica y precio por publicación: las instituciones con mayor producción investigadora tienden, en determinados casos, a pagar menos por publicación que instituciones con menor producción. Esto contradice la posible justificación de que los precios más elevados respondan simplemente a una mayor intensidad investigadora y refuerza la hipótesis de que el precio depende en buena medida de la disposición a pagar de cada institución.

Los resultados obtenidos para SciFinder, de la American Chemical Society, siguen el mismo patrón. Tampoco aquí el número de estudiantes ni el presupuesto bibliotecario explican adecuadamente las diferencias de precio. De nuevo, las instituciones con mayor producción científica pueden terminar pagando menos por artículo que otras con menor producción. Para los autores, estos resultados constituyen nuevas evidencias de que las diferencias de precio no responden necesariamente a criterios objetivos, sino a una estrategia comercial que permite al proveedor determinar cuánto está dispuesto a pagar cada cliente.

La parte más práctica del artículo explica qué pueden hacer las bibliotecas para cambiar esta situación. Thornton y Brundy recomiendan recopilar datos comparativos, conocer cuánto pagan instituciones similares y utilizar esa información como herramienta de negociación. Su propia experiencia demuestra que puede funcionar: Iowa State University utilizó los datos disponibles para demostrar que estaba pagando demasiado por SciFinder y consiguió negociar una reducción del 12,5 % del precio. También aconsejan exigir que los paquetes de Web of Science desglosen sus diferentes productos, revisar cuidadosamente las denominadas tasas tecnológicas y detectar cargos que otras instituciones no están pagando.

Además, el artículo plantea un problema estructural: las bibliotecas negocian en condiciones de desigualdad porque los proveedores controlan buena parte de la información sobre los precios. Los autores recuerdan que hace quince años la Association of Research Libraries ya recomendaba evitar acuerdos que impidieran compartir precios y condiciones, pero la situación continúa siendo difícil. Por ello, defienden que las bibliotecas reclamen la eliminación de las cláusulas de confidencialidad y compartan información sobre costes, contratos y condiciones. El conjunto de datos presentado es, según los propios autores, apenas una «linterna» que ilumina una pequeña parte de una habitación mucho más oscura: si las bibliotecas dispusieran de información sistemática sobre los precios, podrían negociar desde una posición mucho más fuerte.

La falta de transparencia en los precios de las bases de datos académicas puede debilitar enormemente la capacidad negociadora de las bibliotecas. Compartir precios y condiciones entre instituciones, eliminar las cláusulas de confidencialidad y utilizar datos comparativos puede convertirse en una herramienta fundamental para contener los costes de recursos esenciales como Web of Science, Scopus y SciFinder.