El valor que una sociedad otorga al conocimiento se juzga por el trato que da a las bibliotecas públicas: la privatización de la Biblioteca de Wellington en Nueva Zelanda

Wellington Central Library

Anne Goulding. The value a society places on knowledge is judged by how it treats public libraries. Stuff Feb 26 2021

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A menudo se dice que la verdadera medida de cualquier sociedad puede juzgarse por cómo trata a sus más vulnerables. Yo diría que el valor que una sociedad otorga al conocimiento, al aprendizaje y a la creación y difusión de ideas puede juzgarse por el trato que da a sus bibliotecas públicas.

En Wellington, desde que se cerró el edificio en marzo de 2019, se han planteado preguntas sobre el futuro de la biblioteca central. En la reunión del consejo de la semana pasada, centrada en el Plan a Largo Plazo de la ciudad, el alcalde Andy Foster sorprendió a los concejales y a los habitantes de Wellington al proponer la privatización de parte del edificio de la biblioteca central y recortar el presupuesto de recursos de las bibliotecas en un 40%.

El respeto por el conocimiento, el aprendizaje, la información y las ideas parece faltar en estas propuestas. Aunque el plan de vender parte del edificio de la biblioteca no representa una privatización total del servicio bibliotecario, como hemos visto en otras partes del mundo, la aceptación de que una empresa privada tenga un papel que desempeñar en la prestación de los servicios de la biblioteca pública podría considerarse como el la punta del iceberg que introducela privatización de manera oculta.

La biblioteca central rediseñada y reformada tiene la capacidad de ser un espacio público emocionante y dinámico en el centro de la ciudad, abierto a todos. En la actualidad, los habitantes de Wellington, a través de sus representantes elegidos democráticamente, controlan este importante espacio público, pero si se retira parte de él de la propiedad pública, se reducirá la influencia pública sobre el espacio y se podría socavar su cometido de “bien público”.

Cualquier empresa privada que participe en la biblioteca central se centrará en obtener beneficios, ya que, al fin y al cabo, esa es su razón de ser: maximizar el rendimiento para sus accionistas. Al ser una empresa privada la propietaria y gestora de una parte del edificio, su función principal será comercial y no social, lo que plantea dudas sobre el tipo de actividades y, de hecho, el tipo de personas que estarán “permitidas” en este espacio.

La biblioteca desempeña un papel enormemente importante, ya que ofrece oportunidades para socializar y establecer contactos. He escuchado muchas anécdotas de bibliotecarios sobre usuarios de la biblioteca que les dicen que son la única persona con la que han hablado en todo el día o incluso en toda la semana. De hecho, aunque los usuarios de la biblioteca no hablen con nadie más en la biblioteca, el mero hecho de estar en compañía de otras personas suele ser suficiente para que la gente aprecie la biblioteca como un espacio público comunitario.

La gente puede “simplemente estar” en el espacio central de la biblioteca: nadie te cuestiona y nadie te presiona para que compres algo; es un oasis sin ánimo de lucro en el ajetreado corazón comercial de la ciudad. ¿Corremos el riesgo de perder esto con la privatización de parte del edificio? Los espacios controlados por intereses privados rara vez son tan acogedores o inclusivos para todos los interesados como los gestionados por organismos públicos y democráticamente responsables, y tienen motivos de lucro subyacentes a todas sus actividades.

Los planes del alcalde de privatizar parte del edificio, así como los drásticos recortes propuestos, plantean una vez más la cuestión de si Nueva Zelanda necesita una legislación más estricta en materia de bibliotecas públicas. La Ley de Administración Local de 2002 sólo establece que si un ayuntamiento presta servicios de biblioteca pública, los habitantes de la comunidad tienen derecho a la gratuidad.

Los ayuntamientos no tienen la obligación de financiar las bibliotecas públicas de acuerdo con ningún tipo de norma, ni tienen que proporcionar recursos o servicios de forma gratuita, salvo la afiliación. Una enmienda de 2010 a la Ley de Administración Local incluyó a las bibliotecas públicas como un “servicio básico” de las autoridades locales, pero el lenguaje sigue siendo débil, ya que ordena a los ayuntamientos que “tengan especialmente en cuenta” la contribución de las bibliotecas a la comunidad.

Aunque la experiencia del Reino Unido nos enseña que una Ley de Bibliotecas Públicas no impide el cierre de las mismas ni la reducción de los servicios, una legislación más sólida podría garantizar un apoyo financiero más fiable y estable y orientar el desarrollo futuro de los servicios en todo el país.

Las propuestas para la renovada biblioteca central de Wellington ofrecen una visión de un espacio en el que la gente puede reunirse, interactuar y participar en una serie de actividades educativas, culturales y relacionadas con la información que promueven el acceso democrático, el intercambio social y la diversidad. La privatización de parte del edificio pone en peligro esta visión, con asociaciones de comercialización y homogeneidad.

El trato que el ayuntamiento da a sus bibliotecas públicas no sugiere que valore el papel que desempeñan en el apoyo al acceso al aprendizaje, al conocimiento y al libre intercambio de ideas para todos en nuestras comunidades.