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Los proyectos de ley que provocan la prohibición de libros

PEN America. The Bills Igniting Book Bans: Evolving State Legislative Efforts to Censor Public School Libraries, 18 de diciembre de 2025. Disponible en: https://pen.org/report/the-bills-igniting-book-bans/

El informe The Bills Igniting Book Bans de PEN America documenta cómo una serie de leyes estatales en Estados Unidos están impulsando prohibiciones de libros en escuelas públicas, transformando lo que antes eran acciones locales en una tendencia legislativa más amplia. Desde 2021, esta organización —dedicada a defender la libertad de expresión— ha registrado casi 23 000 instancias de libros removidos de bibliotecas escolares, un fenómeno que ha llegado a normalizarse debido a la presión de grupos políticos organizados y a campañas que argumentan falsamente que ciertas historias o contenidos representan un peligro para los estudiantes. Estas acciones se engloban en lo que PEN denomina la “Ed Scare”, una ola de miedo y confrontación orientada a censurar temas relacionados con raza, género, sexualidad y contenidos percibidos como “controvertidos” en el currículo escolar y las colecciones de bibliotecas.

El informe detalla cómo estas prohibiciones no surgen de decisiones aisladas de juntas escolares, sino que leyes estatales específicas han servido como motor para que los distritos retiren libros. Estas leyes usan eufemismos como “gag orders educativos” (órdenes de silencio) y prohíben hablar de ciertos conceptos históricos o identitarios en las aulas, lo que a menudo termina influenciando la eliminación de libros de las bibliotecas aunque los textos en cuestión no infrinjan directamente la normativa. Ejemplos concretos incluyen leyes en estados como Florida, que primero limitó cómo se enseñan temas de raza y orientación sexual y luego se extendió a contenidos explícitos; y Missouri, donde una ley que criminalizaba la entrega de ciertos materiales a estudiantes llevó a la retirada de centenares de libros. En muchos casos, la amenaza de sanciones legales, multas o incluso la revocación de licencias ha generado una cultura de sobrecumplimiento entre bibliotecarios y educadores que prefieren retirar libros antes que enfrentar riesgos legales o presiones políticas.

Un punto central es que la mayoría de estas leyes usan lenguaje amplio, indefinido o vago, lo que da lugar a interpretaciones exageradas que amplían su alcance más allá de lo pretendido por los legisladores. Por ejemplo, algunas estipulan que cualquier contenido “sexual” o “ofensivo” debe ser removido de inmediato, aunque no cumpla con el criterio legal tradicional de obscenidad (como el Miller test del derecho estadounidense). Esto ha llevado a retiradas de libros que abordan temas de consentimiento, pubertad, abuso o representaciones de diversidad de identidad, aunque estos textos tengan valor literario, educativo o social. Otro efecto importante es la estigmatización de historias con personajes LGBTQ+ y personas de color, ya que muchas leyes están formuladas de manera que estas narrativas son automáticamente sospechosas o “no apropiadas” para entornos escolares.

El informe también describe las consecuencias educativas y sociales de estas leyes: la remoción masiva de títulos restringe el acceso de los estudiantes a una educación diversa, limita el desarrollo de habilidades lectoras y puede afectar negativamente la salud mental de jóvenes de identidades marginadas. PEN America señala que, aunque algunos estados han adoptado leyes de protección del derecho a leer (como Rhode Island, Colorado o Connecticut), muchos otros siguen promoviendo normas que debilitan la autonomía de las bibliotecas y socavan prácticas profesionales en educación. Frente a este contexto, la organización concluye que es esencial resistir estas políticas, apelando a interpretaciones legales claras, acciones comunitarias y defensa pública para preservar la libertad de leer y garantizar que los estudiantes tengan acceso a una amplia gama de historias, experiencias y perspectivas.

Datos clave:

  • PEN America ha registrado casi 23 000 instancias de prohibiciones de libros en escuelas públicas desde 2021. Estas cifras reflejan cómo se ha convertido en un fenómeno sistemático y no solo en acciones aisladas de juntas escolares.
  • 51 leyes y políticas estatales (entre 2021 y 2025) han sido identificadas como directamente vinculadas a prohibiciones de libros en las escuelas. Estas incluyen leyes con “órdenes de silencio educativo” o restricciones explícitas sobre temas de identidad, raza, género y sexualidad.
  • Restricciones sobre enseñanza de temas como raza, género o identidad LGBTQ+ (educational gag orders).
  • Normas amplias sobre “contenido sexual” o “obsceno” que van más allá de las definiciones legales tradicionales, generando miedo y sobrecumplimiento en distritos escolares.
  • Estados como Florida, Texas y Tennessee reportan cifras particularmente altas de prohibiciones. Por ejemplo, en el año escolar 2024-2025, Texas reportó 1 781 libros restringidos, ubicándose como uno de los estados con mayor número de prohibiciones

Los bibliotecarios estadounidenses abordan la «crisis fabricada» de la prohibición de libros para proteger los derechos LGBTQ+.

Wang, Claire. “US librarians tackle ‘manufactured crisis’ of book bans to protect LGBTQ+ rights.The Guardian, December 15, 2025. https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/15/us-librarianbook-bans-lgbtq-rights

En al menos media docena de estados, los bibliotecarios han unido fuerzas con grupos de derechos civiles para oponerse a la prohibición de libros, a menudo enfrentándose a repercusiones personales y profesionales.

En Estados Unidos, las bibliotecas se han convertido en un terreno de disputa cultural en medio de la creciente ola de intentos de prohibición de libros que tratan temas relacionados con la comunidad LGBTQ+ y la historia racial. La presión proviene principalmente de grupos conservadores y legisladores locales que consideran ciertos contenidos como inapropiados o “controvertidos” para el público, en especial para los jóvenes. En este contexto, las bibliotecas, que tradicionalmente han sido espacios de acceso libre a la información, se ven obligadas a enfrentar exigencias políticas que buscan reubicar, restringir o eliminar títulos enteros de sus colecciones. Esta situación ha generado lo que muchos profesionales describen como una “crisis fabricada”, en la que la libertad de lectura y el acceso equitativo al conocimiento se encuentran bajo amenaza directa. Las medidas de censura no solo afectan a los libros, sino también a la autonomía de quienes los gestionan, obligando a los bibliotecarios a tomar decisiones difíciles entre cumplir con las normas impuestas o defender los principios de su profesión.

Los costos personales y profesionales para los bibliotecarios que se resisten a estas restricciones han sido significativos. En numerosos casos, los responsables de bibliotecas han sido despedidos o sancionados por negarse a retirar títulos que consideran esenciales para la educación y la inclusión. La experiencia de profesionales como Rhea Young, exdirectora de una biblioteca en Texas, o Terri Lesley, en Wyoming, ilustra cómo la defensa de la libertad de acceso a la información puede convertirse en una lucha larga y costosa. Estos conflictos muestran que la censura no solo tiene un impacto sobre los materiales disponibles, sino también sobre las vidas de quienes trabajan en el ámbito bibliotecario, poniendo en juego su reputación, estabilidad laboral y bienestar personal.

Ante esta situación, las estrategias de resistencia se han diversificado. Bibliotecarios, organizaciones de derechos civiles y asociaciones profesionales como la American Library Association han recurrido a recursos legales, campañas de concienciación y movilización comunitaria para frenar las políticas restrictivas. Algunos tribunales y legisladores locales han reaccionado limitando la capacidad de imponer censura basada únicamente en el contenido de los libros, lo que representa un respaldo a la idea de que las bibliotecas deben ser espacios inclusivos y abiertos. La lucha por proteger los libros y los derechos de los bibliotecarios se ha convertido, en este sentido, en una extensión contemporánea de las históricas batallas por los derechos civiles y la libertad de expresión, reafirmando que los espacios culturales y educativos deben garantizar el acceso equitativo a todas las voces, sin importar cuán controvertidas puedan parecer.

Las bibliotecas están estableciendo santuarios de libros prohibidos que protegen la libertad de leer

«People Are Supporting “book Sanctuaries” despite Politics: “No One Wants to Be Censored”», USA TODAY, accedido 30 de septiembre de 2024, https://www.usatoday.com/story/entertainment/books/2024/09/27/book-bans-book-sanctuary/75400509007/.

Más de 10.000 libros fueron prohibidos en escuelas públicas durante el año académico 2023-2024, según un informe de PEN America. Aunque los datos de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) muestran una disminución en los primeros ocho meses de 2024, el número de prohibiciones sigue superando al de 2020. La prohibición de libros, que la ALA define como la restricción del acceso al material al retirarlo temporal o indefinidamente, ha generado intensos debates en tribunales, aulas y hogares.

Esto ha provocado una ola de defensa, como la iniciativa “Semana de los Libros Prohibidos” y la creación de “santuarios de libros” en solidaridad con las bibliotecas escolares. Las bibliotecas están estableciendo estos santuarios como espacios físicos o digitales que protegen la libertad de leer, reuniendo libros prohibidos y poniéndolos a disposición de los lectores.

La Biblioteca Pública de Chicago se declaró un santuario de libros en 2022, un movimiento que inspiró a más de 4.000 santuarios en todo EE.UU. En Kentucky, la Biblioteca del Condado de Paris-Bourbon se proclamó como una «biblioteca de la Primera Enmienda» tras el desafío a más de 100 libros. La mayoría de los títulos prohibidos tratan sobre personas marginadas, y la comunidad local ha mostrado un fuerte apoyo contra estas prohibiciones.

Aunque algunas legislaciones permiten la remoción de libros con contenido sexual, muchos de los títulos desafiados incluyen menciones a personas o relaciones LGBTQ+ o violencia sexual. Según la ALA, el 47% de los 4,240 libros censurados en 2023 trataban sobre personas LGBTQ+ o personas de color.

A pesar de la controversia política, las bibliotecas que se han declarado santuarios han recibido apoyo de sus comunidades, quienes defienden el derecho a la libertad intelectual y rechazan la censura.

10.000 libros fueron prohibidos en las escuelas públicas de Estados Unidos durante el año escolar 2023-2024: más del doble que en el curso anterior

egalluscio, «Memo on School Book Bans from PEN America», PEN America, 23 de septiembre de 2024, https://pen.org/memo-on-school-book-bans-2023-2024-school-year/.

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PEN America ha revelado hallazgos preliminares que indican que más de 10.000 libros fueron prohibidos en las escuelas públicas durante el año escolar 2023-2024. Este aumento dramático es casi el triple en comparación con el año escolar anterior, cuando PEN America registró 3.362 prohibiciones en todo el país. El conteo final y un Índice Público de Prohibiciones de Libros Escolares serán publicados más adelante en el otoño, junto con un análisis detallado del contenido de los títulos prohibidos.

Alrededor de 8.000 de estas prohibiciones ocurrieron en Florida e Iowa, impulsadas en gran medida por leyes estatales restrictivas. Otros distritos escolares, como el Distrito Escolar de Elkhorn Area en Wisconsin, también registraron un aumento en la prohibición de libros, con más de 300 títulos vetados durante varios meses. Los libros prohibidos incluyen aquellos con contenido sexual, temas sobre abuso sexual, y obras con personajes o temas LGBTQ+, además de libros que tratan sobre raza, racismo y personajes de color.

PEN America advierte que estos números son probablemente una subestimación, ya que muchos casos de censura no se informan. Además, las cifras no incluyen casos de censura encubierta, como la reticencia en la selección de libros, restricciones ideológicas en las compras escolares, la eliminación de colecciones en las aulas y la cancelación de visitas de autores y ferias de libros.

Las diferencias en la forma en que PEN America y la American Library Association (ALA) definen y contabilizan las prohibiciones de libros explican por qué sus cifras varían. Para la ALA, una prohibición es la eliminación permanente de un libro de una colección, mientras que para PEN, cualquier retiro temporal de un libro cuenta como una prohibición.