Astier, C., Bosoer, L., Cantero Gamito, M., & Pareto Boada, J. (2026). The public-private situationship in the democratic governance of AI. European University Institute. https://doi.org/10.2870/6848140

La relación ambigua entre lo público y lo privado en la gobernanza democrática de la inteligencia artificial analiza uno de los grandes desafíos políticos de la expansión de la inteligencia artificial: quién debe decidir cómo se desarrolla, se utiliza y se regula esta tecnología, y con qué legitimidad.

El documento examina cómo la relación entre los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas se ha vuelto cada vez más estrecha e interdependiente. Las administraciones públicas necesitan las infraestructuras, los conocimientos técnicos y los sistemas de IA desarrollados por el sector privado, mientras que las empresas dependen de las decisiones políticas, los marcos regulatorios y los contratos públicos. Esta situación dificulta establecer una separación clara entre las responsabilidades de las instituciones democráticas y la influencia que ejercen las compañías que controlan buena parte de la tecnología. Los autores utilizan el término situationship para describir esta relación ambigua, caracterizada por la dependencia mutua, unos límites poco definidos y una negociación constante sobre las funciones que corresponde desempeñar a cada parte.

El estudio toma como punto de partida la controversia entre la empresa Anthropic y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para ilustrar cómo las relaciones entre los gobiernos y las compañías de inteligencia artificial pueden trascender la contratación tecnológica y convertirse en una disputa sobre el poder, la autoridad y los límites de actuación. Según el análisis, las grandes empresas tecnológicas están asumiendo progresivamente funciones que tradicionalmente correspondían a las instituciones públicas: participan en la definición de los problemas que deben regularse, influyen en la elaboración de las agendas políticas e interpretan las normas en función de sus intereses comerciales. Esto no significa que la participación empresarial sea necesariamente negativa, ya que la experiencia técnica de estas compañías resulta importante para comprender sistemas complejos y anticipar sus riesgos. El problema surge cuando esa experiencia se transforma en capacidad para decidir cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad sin contar con una legitimidad democrática equivalente a la de los poderes públicos. El documento advierte, además, de que el creciente protagonismo de la ética empresarial en la gobernanza de la IA puede trasladar responsabilidades normativas y políticas a organizaciones privadas que no han sido elegidas por la ciudadanía.

Una de las principales aportaciones del informe es, por tanto, la necesidad de recuperar el equilibrio entre innovación tecnológica, responsabilidad empresarial y control democrático. La regulación de la inteligencia artificial no puede quedar exclusivamente en manos de las compañías que desarrollan los sistemas, aunque estas deban participar en los debates y aportar sus conocimientos. Las decisiones sobre derechos fundamentales, vigilancia, seguridad, transparencia y límites de uso de la IA son cuestiones políticas que requieren procedimientos públicos, rendición de cuentas y participación social. El documento plantea la conveniencia de establecer una relación más saludable y legítima entre los actores públicos y privados, con funciones y responsabilidades mejor definidas. Su enfoque invita a reflexionar sobre cómo garantizar que la regulación responda al interés general y no quede condicionada por las prioridades comerciales de las empresas que concentran los recursos tecnológicos.

Desde la perspectiva de las bibliotecas, la investigación resulta especialmente interesante porque sitúa la inteligencia artificial en un marco que va más allá de sus posibilidades técnicas y de sus aplicaciones prácticas. La IA también plantea interrogantes sobre quién controla la información, cómo se toman las decisiones automatizadas, qué intereses determinan el diseño de las herramientas y hasta qué punto la ciudadanía puede comprenderlas y cuestionarlas. En este contexto, las bibliotecas pueden contribuir a la alfabetización crítica en inteligencia artificial mediante actividades formativas, recursos informativos y espacios de debate que ayuden a los ciudadanos a conocer tanto los beneficios como los riesgos de estas tecnologías. También pueden promover el acceso equitativo al conocimiento, la evaluación crítica de los contenidos generados por IA y la reflexión sobre la privacidad, la transparencia y la responsabilidad en su utilización. Aunque el informe no se centra específicamente en las bibliotecas, sus planteamientos ofrecen un marco útil para defender que la alfabetización en IA debe incluir no solo el aprendizaje