Price, Gary. “District of Columbia e-Book Fairness Act Signed by Mayor, Defying Corporate Pressure and Private Equity Lobbying (Statement From eBook Study Group)”. InfoDocket, 1 de junio de 2026. InfoDocket

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, ha firmado la Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, una ley considerada histórica por sus promotores porque busca corregir los desequilibrios existentes entre las bibliotecas públicas y las grandes editoriales en el mercado de los libros electrónicos.

La norma fue impulsada y redactada en gran medida por el eBook Study Group, que la presenta como una victoria para las bibliotecas, los sistemas educativos y los contribuyentes frente a los modelos de licenciamiento restrictivos utilizados por algunos grandes grupos editoriales y plataformas digitales.

El principal objetivo de la ley es impedir que las bibliotecas públicas se vean obligadas a aceptar contratos que limiten injustificadamente el acceso de los ciudadanos a los contenidos digitales. La legislación no obliga a los editores a licenciar sus obras ni modifica la legislación federal sobre derechos de autor. En cambio, se apoya en las competencias del Distrito de Columbia en materia de contratación pública y protección del consumidor para exigir que, cuando un editor decida vender o licenciar libros electrónicos a una biblioteca, las condiciones contractuales no puedan perjudicar la misión pública de esta institución.

Entre las prácticas que la ley pretende frenar se encuentran las restricciones sobre el número de préstamos que puede realizar una biblioteca, los precios superiores a los que paga el público general por una misma obra digital, las limitaciones a la preservación de contenidos electrónicos y las cláusulas que impiden compartir información sobre los contratos firmados. También protege la posibilidad de mantener copias de preservación y fomenta condiciones más transparentes y sostenibles para la gestión de colecciones digitales.

Un aspecto especialmente innovador es que la aplicación efectiva de algunas de sus disposiciones dependerá de una acción coordinada entre varios estados. La norma establece que sus restricciones entrarán plenamente en vigor cuando al menos diez estados, con una población conjunta de cincuenta millones de habitantes o más, aprueben legislaciones sustancialmente similares. Con ello se busca aumentar el poder negociador de las bibliotecas y reducir el riesgo de litigios aislados frente a grandes corporaciones del sector editorial.

El artículo también destaca el enfrentamiento político y jurídico que ha rodeado la aprobación de la ley. Los defensores de la iniciativa sostienen que algunas empresas, entre ellas la plataforma de préstamo digital OverDrive, realizaron una intensa labor de presión para intentar frenar el proyecto. Sin embargo, los legisladores del Distrito consideraron que la medida no constituye una forma de censura ni una amenaza para el mercado editorial, sino una herramienta para evitar prácticas contractuales abusivas que dificultan el acceso de la ciudadanía a la lectura digital.

La aprobación de esta ley se enmarca en un movimiento más amplio impulsado por bibliotecarios, juristas y defensores de los derechos digitales que consideran insostenible el actual mercado de los libros electrónicos para bibliotecas. El aumento de la demanda, los elevados costes de licencia, las restricciones de uso y la ausencia de acceso perpetuo a muchos títulos han generado una creciente preocupación en el sector bibliotecario. Por ello, la norma de Washington D. C. es vista como un posible modelo para futuras reformas en otros estados y jurisdicciones de Norteamérica.