Global Information Society Watch: 2016 – Economic, Social and Cultural rights (ESCRs) and the internet. [e-Book] San Francisco, Association for Progressive Communications, 2017.
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Los informes ponen de relieve las posibilidades y desafíos institucionales y nacionales que enfrenta la sociedad civil en el uso de Internet para posibilitar el ejercicio de los derechos ESC. También sugieren que en varios casos individuos, grupos y comunidades están utilizando internet para ejercer sus derechos socioeconómicos y culturales ante el desinterés, la inacción o la censura por parte del Estado.
Los 46 informes de países aquí reunidos ilustran el vínculo entre Internet y los derechos económicos, sociales y culturales (ESC). Algunos de los temas de los reportes resultan familiares para los activistas de la tecnología de la información y las comunicaciones para el desarrollo (ICT4D): el derecho a la salud, la educación y la cultura; el empoderamiento socioeconómico de las mujeres que utilizan internet; la inclusión de las comunidades rurales e indígenas en la sociedad de la información; y el uso de las TIC para combatir la marginación de las lenguas locales. Otros tratan áreas novedosas, como el uso de tecnología de impresión 3D para preservar el patrimonio cultural, la creación de redes comunitarias participativas para capturar un «inventario de cosas» que permita ejercer los derechos socioeconómicos, el crowdfunding y los derechos, y el impacto negativo de los algoritmos en el cálculo beneficios sociales. Los derechos de los trabajadores reciben cierta atención, al igual que el uso de Internet durante los desastres naturales.
El reconocimiento de internet como “medio de comunicación vital para que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión o el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, como se garantiza en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” fue establecido expresamente por primera vez en el informe de julio de 2011 de Frank la Rue, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión.
La cultura política también contribuye a que los países respondan de manera diferente a internet. Algunos gobiernos, particularmente en África, desconfían de internet y de su impacto en los valores tradicionales, la cultura y la identidad. Algunos simplemente sofocan la libertad de expresión y asociación como un medio de control y retención de poder. Esto es particularmente evidente en países con instituciones estatales débiles y altos niveles de corrupción. Los funcionarios del Estado y los políticos temen las consecuencias de que los ciudadanos tengan la capacidad de expresarse
y participar de la esfera pública.
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