Intimidación educativa: cómo la legislación sobre «derechos de los padres» socava la libertad de aprender

Educational Intimidation: How ‘Parental Rights’ Legislation Undermines the Freedom to Learn”. PEN America, 2023

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«Intimidación educativa: How ‘Parental Rights’ Legislation Undermines the Freedom to Learn» examina el aumento de lo que PEN America ha denominado «proyectos de ley de intimidación educativa», una categoría de legislación que tiene el efecto de incitar a la autocensura en las escuelas a través de mecanismos indirectos, en lugar de edictos directos. Bajo el pretexto de promover los «derechos de los padres», se han presentado casi 400 de estos proyectos de ley que corren el riesgo de facultar a los ideólogos para intervenir en las decisiones curriculares y extracurriculares de los profesores, bibliotecarios y administradores escolares, anulando el juicio de los educadores y las opiniones de la mayoría.

Estos proyectos de ley intimidatorios son distintos de las «órdenes de mordaza educativas», una clase de proyectos de ley documentados anteriormente por PEN America que prohíben directamente lo que se puede enseñar en las aulas, centrándose en debates sobre raza, racismo, género, aspectos de la historia estadounidense y otros conceptos «prohibidos» o «divisivos». Los proyectos de ley intimidatorios agravan la crisis de la educación pública, provocando un efecto amedrentador a través de nuevas herramientas que amplían radicalmente las vías para que los padres solitarios, los funcionarios del gobierno y los ciudadanos supervisen y ejerzan control sobre las decisiones pedagógicas.

  • En los últimos tres años, PEN América ha sido testigo de la propagación de legislación a nivel estatal cuyas disposiciones se entienden mejor como formas de intimidación educativa.
  • Estos proyectos de ley de intimidación educativa no constituyen formas directas de censura o prohibiciones curriculares. Pero facilitan las condiciones para un clima de frialdad en la educación pública al ampliar radicalmente las vías para que los padres, los funcionarios del gobierno y los ciudadanos intervengan en las decisiones curriculares y extracurriculares en las escuelas públicas K-12.
  • La posibilidad de que los padres inspeccionen los planes de estudios y se opongan a ellos ya se concede habitualmente en los sistemas de enseñanza pública, pero la actual avalancha de disposiciones mejora o amplía estas oportunidades de formas que están diseñadas para incitar a las escuelas y a los educadores a la autocensura.
  • Estos proyectos de ley permiten restricciones generales sobre libros o planes de estudio para todos los estudiantes y, en última instancia, potencian un asalto ideológico a la educación pública al tiempo que desempoderan a otros padres y anulan sus preferencias.
  • Un subconjunto cada vez mayor de proyectos de ley de intimidación educativa tiene como objetivo restringir la representación y expresión LGBTQ+ en las escuelas públicas en particular, desalentando las discusiones sobre género y sexualidad, prohibiendo el uso de pronombres preferidos, e inculcando mecanismos de notificación obligatoria para que los padres sean alertados de los cambios percibidos en la identidad de género u orientación sexual de los estudiantes. De este modo, se presiona a los educadores para que controlen y vigilen la expresión de los alumnos.