Mach, Jessica. “Lawyer Who Used AI-Fabricated Citations Hit With $31,150 in Costs to LSO.” Law Times, junio de 2026.

Un tribunal disciplinario de la Law Society of Ontario impuso una sanción económica de 31.150 dólares canadienses al abogado Shahryar Mazaheri, después de comprobar que presentó documentos legales elaborados con inteligencia artificial que incluían citas jurisprudenciales inexistentes o incorrectas.

Un caso disciplinario en la provincia canadiense de Ontario ha vuelto a poner el foco en los riesgos del uso no supervisado de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. La Law Society of Ontario sancionó a un abogado, Shahryar Mazaheri, con el pago de 31.150 dólares canadienses en costas, tras comprobar que había presentado escritos legales que contenían citas jurisprudenciales generadas por IA que no existían en la realidad.

El incidente se produjo cuando el abogado utilizó herramientas de inteligencia artificial para preparar documentación en un procedimiento legal, sin realizar una verificación adecuada de las fuentes citadas. Como resultado, se incluyeron referencias a casos judiciales ficticios o incorrectamente atribuidos, lo que comprometió la integridad del proceso y obligó al tribunal a revisar en profundidad el material presentado.

La decisión del organismo regulador subraya que el problema no es el uso de herramientas de IA en sí mismo, sino la falta de supervisión profesional y verificación crítica. El tribunal dejó claro que los abogados pueden apoyarse en tecnologías emergentes, pero siguen teniendo una obligación estricta de garantizar la exactitud de toda la información presentada ante la justicia.

Además de la sanción económica, el caso se ha convertido en un precedente relevante en Canadá, ya que evidencia cómo la incorporación acelerada de la IA generativa en profesiones reguladas está generando nuevos desafíos éticos y legales. Entre las preocupaciones destacadas están la facilidad con la que estos sistemas pueden “alucinar” datos, la tentación de confiar excesivamente en ellos y la necesidad de establecer protocolos claros de validación.

El caso ha sido citado en debates más amplios sobre la regulación de la inteligencia artificial en profesiones como el derecho, la medicina o la contabilidad, donde la responsabilidad profesional no puede delegarse en sistemas automatizados. En este contexto, la resolución refuerza una idea clave: la IA puede asistir, pero la responsabilidad final sigue siendo humana y profesional.

En conjunto, el episodio marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y práctica jurídica, anticipando un escenario en el que los colegios profesionales deberán definir con mayor precisión los límites, usos permitidos y deberes de diligencia cuando se empleen herramientas de IA en entornos críticos.