El coste de recortar personal de las bibliotecas: por qué eliminar bibliotecas sale caro

Hannah Rosborough. The Legal Cost of Cutting Librarians. Publicado en la revista jurídica canadiense Slaw, 2 de junio de 2026.

El artículo analiza las consecuencias legales, educativas y sociales derivadas de la reducción de personal bibliotecario en instituciones públicas, tomando como punto de partida los recortes anunciados por el sistema de colegios comunitarios de Nueva Escocia (NSCC), que eliminó decenas de puestos de trabajo debido a un importante déficit presupuestario provocado por la reducción de la financiación pública provincial. Entre los puestos afectados se encuentran numerosos bibliotecarios y profesionales de la información.

La autora sostiene que, cuando los responsables políticos y administrativos buscan equilibrar presupuestos, las bibliotecas suelen ser consideradas servicios secundarios o prescindibles. Sin embargo, esta percepción ignora el papel fundamental que desempeñan los bibliotecarios en la garantía del acceso a la información, la alfabetización informacional y el apoyo al aprendizaje. El recorte de estos profesionales no solo tiene efectos educativos inmediatos, sino que puede generar importantes riesgos jurídicos e institucionales a medio y largo plazo.

Uno de los argumentos centrales del texto es que las bibliotecas constituyen una infraestructura esencial para el acceso equitativo al conocimiento. Los bibliotecarios ayudan a estudiantes, investigadores y ciudadanos a localizar información fiable, evaluar fuentes, comprender derechos de autor, acceder a recursos especializados y desarrollar competencias críticas para desenvolverse en una sociedad saturada de información. Cuando desaparecen estos servicios, aumentan las desigualdades entre quienes poseen recursos y habilidades para acceder a la información por sí mismos y quienes dependen de la mediación profesional para hacerlo.

Desde una perspectiva jurídica, el artículo advierte que la pérdida de personal bibliotecario puede afectar al cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con la accesibilidad, la igualdad de oportunidades educativas y la preservación documental. Las instituciones públicas tienen responsabilidades específicas en materia de acceso a la información, apoyo a personas con discapacidad, conservación de registros y garantía de servicios educativos adecuados. La reducción de bibliotecarios puede dificultar el cumplimiento de estas obligaciones y aumentar el riesgo de litigios, reclamaciones administrativas o cuestionamientos regulatorios.

La autora también destaca que los bibliotecarios son profesionales especializados en la gestión de riesgos informativos. Su trabajo contribuye a evitar errores derivados del uso de información inexacta, obsoleta o poco fiable. En ámbitos como la educación superior, la investigación científica o el asesoramiento jurídico, la ausencia de este apoyo profesional puede traducirse en decisiones deficientes, problemas de cumplimiento normativo y costes institucionales mucho mayores que el ahorro obtenido mediante los despidos.

Otro aspecto relevante es la función de las bibliotecas como espacios de inclusión social y participación democrática. Más allá de la gestión de colecciones, los bibliotecarios facilitan el acceso a servicios digitales, apoyan a usuarios vulnerables, promueven la alfabetización mediática y ayudan a combatir la desinformación. Reducir estos servicios puede debilitar la capacidad de las instituciones para atender a comunidades diversas y responder a las necesidades informativas de la ciudadanía.

El artículo concluye que los recortes en bibliotecas suelen presentarse como medidas de ahorro económico, pero en realidad pueden generar costes ocultos muy elevados. La pérdida de acceso a la información, el incremento de las desigualdades educativas, los riesgos de incumplimiento legal y la erosión de la capacidad institucional para servir al público representan consecuencias que a menudo superan ampliamente los beneficios presupuestarios inmediatos. En este sentido, la autora defiende que los bibliotecarios deben ser considerados una inversión estratégica y no un gasto prescindible