Jensen, Kelly. «Iowa Rushes, Advances Librarian Criminalization Bill.» Book Riot, February 19, 2025. https://bookriot.com/iowa-rushes-advances-librarian-criminalization-bill/

En un contexto de crecientes iniciativas legislativas en Estados Unidos que buscan restringir el acceso a libros y criminalizar el trabajo de bibliotecarios, Iowa ha avanzado con inusitada rapidez en la tramitación del proyecto de ley HF 274. Esta propuesta, introducida el 10 de febrero de 2025 por la representante Helena Hayes (Distrito 88 de Iowa), ya ha superado el Comité de Educación de la Cámara de Representantes estatal, lo que le permite avanzar a debate y votación en el pleno de la Cámara.

HF 274 propone eliminar las protecciones que actualmente tienen las bibliotecas públicas y las instituciones educativas respecto a la posesión y circulación de materiales considerados “obscenos”. Además, la ley plantea nuevas restricciones sobre el acceso de menores a las bibliotecas públicas, limitando su derecho a asistir a eventos o a consultar cualquier material disponible si se considera que en la institución hay contenido «obsceno». En la práctica, esto podría traducirse en la prohibición de la entrada de menores de 18 años a bibliotecas que alberguen libros considerados inapropiados por ciertos sectores políticos o religiosos.

El término «obsceno», sin embargo, ha sido manipulado en este tipo de legislaciones para censurar principalmente libros con temáticas LGBTQ+. Aunque legalmente la obscenidad se define a través del Test de Miller, un criterio de tres pasos establecido por la Corte Suprema de EE.UU., en la práctica, legislaciones como HF 274 buscan aplicar esta etiqueta de manera arbitraria para justificar la eliminación de obras que incomodan a ciertos sectores políticos y religiosos. Un antecedente claro es la aprobación del Senate File 496 en 2023, una ley que ya restringía el acceso a ciertos libros en las escuelas públicas de Iowa.

El avance de HF 274 se enmarca en una tendencia nacional de censura y ataques contra las bibliotecas. Un caso emblemático ocurrió en 2023 en la Biblioteca Pública de Pella, donde la novela gráfica Gender Queer, de Maia Kobabe, fue blanco de una intensa campaña de censura. Grupos locales intentaron cambiar la estructura de gobierno de la biblioteca para colocarla bajo control de funcionarios electos, lo que habría permitido censurar materiales con mayor facilidad. Aunque esta iniciativa fracasó, evidenció los recursos y estrategias empleados por grupos que buscan restringir el acceso a determinados contenidos.

La aprobación de HF 274 no solo limitaría el acceso a la información en bibliotecas públicas, sino que también podría abrir la puerta a demandas legales contra las instituciones y los bibliotecarios, como ha sucedido en Idaho. Allí, una ley reciente permite que los padres demanden a las bibliotecas si no retiran con suficiente rapidez libros que consideren inapropiados. Además, otras legislaciones similares en Utah y Carolina del Sur ya han impuesto sanciones económicas a bibliotecas y escuelas por mantener ciertos títulos en sus colecciones.

En paralelo, el Senado de Iowa está tramitando otro proyecto de ley, SF 116, que busca penalizar con cargos criminales a bibliotecarios y educadores que organicen eventos de drag en bibliotecas o que posean material considerado “obsceno” al alcance de menores. La combinación de HF 274 y SF 116 supondría una transformación radical del sistema de bibliotecas y educación pública en Iowa, convirtiéndolos en herramientas de control político y moral, y socavando su función de servicio público accesible a todos.

Los promotores de estas leyes justifican su avance en la defensa de los “derechos de los padres” y la protección de los menores. Sin embargo, lo que realmente ocurre es una reconfiguración del concepto de obscenidad para imponer restricciones basadas en intereses ideológicos y partidistas. En lugar de permitir que los padres decidan qué pueden leer sus hijos, estas leyes otorgan al gobierno el poder de definir qué es aceptable y qué no en los espacios públicos.

Además de afectar directamente a los usuarios de las bibliotecas, estas medidas también buscan deslegitimar la labor profesional de los bibliotecarios, al considerarlos actores prescindibles en la gestión de la información y el acceso a la cultura. Esto representa una amenaza grave para la integridad del sistema bibliotecario y el derecho de los ciudadanos a acceder libremente al conocimiento.

El caso de Iowa es un reflejo de una batalla más amplia que se está librando en todo Estados Unidos, donde los intentos de censura en bibliotecas públicas y escolares están en aumento. La rapidez con la que se ha tramitado HF 274 demuestra que sus impulsores buscan minimizar el debate público y evitar la movilización en su contra.