PEN America. The Normalization of Book Banning. PEN America, 1 de octubre de 2025. https://pen.org/report/the-normalization-of-book-banning/

The Normalization of Book Banning analiza cómo la prohibición de libros en Estados Unidos ha dejado de ser un fenómeno aislado o esporádico para convertirse en una práctica generalizada dentro del sistema educativo.

El documento muestra que, en los últimos años, se han multiplicado los intentos de censura en bibliotecas escolares y públicas, hasta el punto de que ya no responden únicamente a quejas individuales de padres o ciudadanos, sino que forman parte de políticas sistemáticas y coordinadas.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la gran mayoría de estas prohibiciones no pasan por procedimientos formales. En lugar de evaluaciones transparentes y revisiones abiertas, predominan las decisiones preventivas, adoptadas por miedo a sanciones o presiones políticas. De este modo, las instituciones educativas y los profesionales del sector optan por retirar libros antes de recibir quejas oficiales, generando una autocensura que afecta gravemente a la libertad de acceso a la información.

El impacto de este proceso se percibe especialmente en los libros que tratan cuestiones de raza, identidad de género, orientación sexual o violencia. Muchas de las obras censuradas son escritas por autores pertenecientes a minorías raciales, culturales o sexuales, lo que limita aún más la representación y la diversidad en las lecturas ofrecidas a los estudiantes. Esto contribuye a una homogeneización de contenidos y al empobrecimiento de la educación literaria y social que se imparte en las escuelas.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, en el cuarto año de la crisis de prohibiciones de libros en escuelas públicas de EE. UU., PEN America registró 6.870 casos de censura en 23 estados y 87 distritos escolares. Florida fue el estado con mayor número de prohibiciones por tercer año consecutivo (2.304), seguido por Texas (1.781) y Tennessee (1.622). Desde 2021, el total asciende a casi 23.000 prohibiciones en 45 estados y 451 distritos escolares.

El informe advierte que esta ola de censura está socavando los principios fundamentales de la educación pública. Las remociones suelen responder a presiones de grupos extremistas contrarios a la diversidad, la equidad y los derechos LGBTQ+. Las leyes estatales, redactadas de manera ambigua, fomentan un clima de miedo: docentes y juntas escolares actúan para evitar perder financiación, ser despedidos, hostigados o incluso enfrentar acciones policiales.

Los libros más prohibidos en el curso 2024-2025 incluyen La naranja mecánica de Anthony Burgess (23 vetos), Sold de Patricia McCormick y Breathless de Jennifer Niven (20 cada uno), Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo (19) y A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas (18). En total, casi 2.600 profesionales creativos se vieron afectados, entre ellos más de 2.300 autores, 243 ilustradores y 38 traductores. Las obras censuradas comparten temas recurrentes: racismo, identidad de género, sexualidad o violencia sexual.

Entre los autores más perseguidos destaca Stephen King, con 87 títulos prohibidos en 206 ocasiones; le siguen Ellen Hopkins con 18 libros vetados (167 veces), Sarah J. Maas con 21 títulos (162 veces), Jodi Picoult con 23 (62 veces) y, por primera vez, el mangaka japonés Yūsei Matsui, cuya serie Assassination Classroom sufrió 54 vetos repartidos entre 22 volúmenes.

Tras cuatro años de crisis, la censura de libros se ha normalizado en las comunidades educativas, aunque la opinión pública se mantiene firme en contra de estas restricciones. Cada vez más coaliciones de docentes, bibliotecarios, estudiantes y defensores del derecho a leer se organizan para resistir. Con la publicación del informe antes de la Semana Nacional de los Libros Prohibidos (5-11 de octubre de 2025), PEN America llama a reforzar la defensa de la libertad de lectura y anima a participar en el Let Freedom Read Day (11 de octubre) como una muestra de apoyo colectivo al acceso libre a la diversidad de historias y voces.

El informe señala también que estas prácticas de censura han alcanzado un nivel estructural. Las políticas de prohibición se han extendido desde lo local a lo estatal e incluso a instancias federales, camufladas bajo expresiones como la “protección de menores” o los “derechos parentales”. El resultado es un clima en el que la retirada de libros se percibe como algo habitual, normalizado y hasta esperado, lo que debilita el papel de la escuela como espacio de pensamiento crítico y libre acceso a diferentes ideas.

Por último, se advierte de las consecuencias de este fenómeno: estudiantes con menos oportunidades de encontrarse con realidades diversas, docentes y bibliotecarios condicionados por el miedo, y autores que ven restringida la circulación de sus obras. El informe llama a revertir esta dinámica mediante la acción colectiva de comunidades educativas, asociaciones profesionales y defensores de la libertad intelectual, recordando que el derecho a leer es un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades democráticas y pluralistas.